SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) consideró que todos los sectores convocados al Pacto Eléctrico deben acudir con el propósito común de lograr soluciones sistémicas para un suministro de electricidad confiable, competitivo y ambientalmente sostenible.
El presidente de la organización empresarial, Antonio Taveras Guzmán, dijo que el proceso exige deponer los intereses y las reglas del juego individuales de los entes económicos y políticos que influyen en la industria eléctrica nacional.
Taveras Guzmán instó a los actores del Consejo Económico y Social (CES), en cuyo seno será discutido el Pacto Eléctrico desde el próximo 19 del mes en curso, a abrazar la consigna de que “las empresas eléctricas no pueden seguir siendo un botín político ni la energía eléctrica una mercancía política”.
“Debemos entender que esta oportunidad podría ser la vencida si después del pacto el país no logra empujar soluciones difinitivas a la crisis eléctrica; sería una gran decepción y una enorme pérdida de confianza"
Dijo que los enfoques y las soluciones expuestas en el Pacto Eléctrico deben ser integrales para consensuar respuestas oportunas y consistentes a los problemas de generación, transmisión, distribución y gestión comercial de las empresas eléctricas.
El dirigente empresarial advirtió que el citado pacto será una oportunidad fundamental para convertir en un asunto del pasado el servicio eléctrico deficiente, costoso y con apagones recurrentes, pérdidas técnicas y no técnicas, insostenibilidad financiera y creciente déficit financiero.
“Debemos entender que esta oportunidad podría ser la vencida si después del pacto el país no logra empujar soluciones difinitivas a la crisis eléctrica; sería una gran decepción y una enorme pérdida de confianza de los ciudadanos en las autoridades, el liderazgo político, social y empresarial”, sostuvo Taveras Guzmán.
El presidente de la AEIH resaltó que los objetivos del desarrollo nacional no podrán asegurarse con un sector eléctrico demandando un subsidio anual superior a los US$1,000 millones, recursos que bien pudieran destinarse para la mejoría de servicios públicos básicos como salud, educación, seguridad pública, transporte y otros.