SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El empresario Víctor Castro consideró insólito que el Poder Ejecutivo someta una plancha al Senado para cambiar a dos miembros de Pro-Competencia, mientras dilata la terna que permitiría a esa institución contar con un director ejecutivo que la ponga a funcionar.
Castro, presidente de la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) sostuvo que si bien la sustitución es legal, la misma no cambia en nada el estatus de Pro-Competencia, que hasta ahora no ha podido jugar el rol que le asigna su legislación.
“Ya pasó un gobierno y el otro va por la mitad y Pro-Competencia no ha podido arrancar ni recibir expedientes de agentes económicos afectados por desórdenes en el mercado, solamente porque no hay decisión, inexplicablemente, de designar al director ejecutivo”, subrayó.
El dirigente empresarial se pronunció en esos términos ante la información de que el Poder Ejecutivo sometió al Senado una propuesta de plancha integrada por cinco personas, para el nombramiento de tres miembros del Consejo Directivo de Pro-Competencia), debido a que su periodo electivo finalizó el 27 de abril del 2013.
“Ya pasó un gobierno y el otro va por la mitad y Pro-Competencia no ha podido arrancar ni recibir expedientes de agentes económicos afectados por desórdenes en el mercado, solamente porque no hay decisión, inexplicablemente, de designar al director ejecutivo”
Sostuvo que la le legislación que creó el organismo –llamado a establecer orden en el mercado a favor de las mejores prácticas económicas para beneficio de los consumidores- se aplica de manera parcial, antojadiza y politiquera, “lo cual se contradice con la transparencia que pretende vender el Gobierno.”
Señaló que Pro-Competencia tiene un papel importante en la solución de prácticas que afectan la salud de la economía, como la cartelización, los abusos de posiciones dominantes y los monopolios, pero no puede asumirlo porque no cuenta con su fiscal, que es el director ejecutivo.
“¿Cuál es el misterio? ¿Qué fuerzas impiden que esta institución comience a funcionar? ¿A quién beneficia que Pro-Competencia sea solo una carga salarial para los contribuyentes o una entidad limitada, de manera forzada, a cursitos de formación, contactos sociales, viajes y seminarios?”, se preguntó el presidente de la AEIH.
Aclaró que su preocupación por la “anomia” que afecta a Pro-Competencia no es un asunto personal ni responde a intereses de la AEIH, sino que la asume a favor de la aplicación integral de la Ley No. 42-08, que crea la institución.
“El Gobierno envía mensajes contradictorios cuando es transparente en un proceso y en otro no; cuando se ciñe a la ley o la ignora a conveniencia”, explicó el presidente de la AEIH.