SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Una participación de inversionistas extranjeros o locales en las plantas a carbón de Punta Catalina, en la magnitud que proponen las autoridades, implicará colocar la gestión administrativa del proyecto en manos de los accionistas privados.
Así lo indicaron economistas conocedores del sector eléctrico, al ser consultados sobre la operación de venta de acciones -por un monto de mil millones de dólares, equivalente al 49% del valor estimado de la obra-, que contempla efectuar el Gobierno y ha confirmado la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE).
Jaime Aristy Escurder considera “lógico” que una operación como ésa refleje no únicamente los intereses del principal accionista, que sería el Estado. “Tendría que reflejar también los intereses de todos los accionistas, por eso es que la gestión tiene que pasar al sector privado”.
Indica que el proyecto deberá gestionarse bajo un esquema de “Gobierno corporativo, que asegure que las decisiones de la gerencia que va a administrar las plantas sean decisiones que maximicen el retorno a favor” de los accionistas.
Además de su garantizada rentabilidad una vez se incorpore al sistema eléctrico, la gestión y operación de la central es precisamente lo que haría más atractiva la oferta gubernamental para el capital privado, sostuvo Fabricio Gómez Mazara.
“En el entendido de que el Estado vaya a vender la mitad de las acciones, lo que haría atractiva la operación sería la gestión y operación de la planta”.
El economista y catedrático universitario estima “muy difícil” que un inversionista incursione en una empresa que sea manejada por el Estado, sin que se le garanticen esas facultades. Sobre todo en el sector eléctrico de la República Dominicana -apunta- “donde hay una tradición de operar con pérdidas”, especialmente en el área de la distribución.
Indicó que en el país hay experiencias previas de participación pública y privada en empresas de generación, a raíz del proceso de capitalización y reforma del sector eléctrico, a finales de los 90.
Gómez Mazara cree que el Estado puede obtener dividendos adicionales, por concepto del derecho a la gerencia o administración de las instalaciones.
“No es solo invertir el 49%, a un inversionista le va a interesar administrar o gestionar el activo; entonces eso debe tener un sobreprecio, un plus por derecho a la gestión”, explicó.
A través del vicepresidente ejecutivo de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, el Gobierno ha dicho que el complejo energético -de 769.8 megavatios, que se construye en la provincia Peravia- será administrado por el Estado dominicano.
En un encuentro con los medios de comunicación, en mayo de 2015, el funcionario anunció que se llevaría a cabo una licitación pública internacional pero exclusivamente para la operación y el mantenimiento de las plantas (OyM).
Con relación a la venta de acciones, el titular de la CDEEE ha indicado que los US$1,000 millones en acciones equivalen al 49% del costo del proyecto de generación, tomando como referencia su cotización inicial de US$2,040 millones.
Decisión “inteligente”
Aristy Escuder valoró esta decisión como “inteligente”, aunque consideró que sería más conveniente poner a la venta la totalidad de acciones de la obra.
“Es una decisión inteligente que permite a una cantidad de agentes económicos nacionales o extranjeros participar de esa inversión (…) y además le va a dar al proyecto la oportunidad de poder capitalizarse, en vez de estar emitiendo, (pues) tendría el capital requerido emitiendo títulos variables, que serian acciones”.
Explicó que el proceso “tiene que partir de la valoración de las acciones”, lo que depende del flujo libre de efectivo proyectado. “Ese flujo se determina en base a la utilidad que va a generar el proyecto en próximos años, de la depreciación, de valoración del capital de trabajo y del gasto de inversión a futuro”, amplió el consultor financiero.