SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE), Marcos Cochón, ratificó este martes que esa entidad suscribe en todas sus partes la propuesta formulada por el sector empresarial, de cara al Pacto Eléctrico, incluyendo el planteamiento de transferir a los usuarios finales el costo del alumbrado público.
Informó que la ADIE participó de manera activa en el proceso de discusiones que tuvo lugar por más de dos meses entre 26 organizaciones del sector, representativas de los grandes consumidores comerciales e industriales del servicio eléctrico, que dio como resultado la propuesta oficial del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep).
“No necesariamente compartimos el 100% de los puntos, pero lo que se ha conversado y pactado en el seno del Conep es una decisión que salió de 26 agrupaciones (…) y desde ese punto de vista, la ADIE sí endosa, en principio, todos los puntos que tiene contemplado el documento del Conep”, dijo Cochón.
El presidente de la ADIE obvió revelar, no obstante, por cuáles puntos de la propuesta del Conep votaron a favor o en contra las empresas generadoras. “Por razones de confidencialidad no puedo entrar en detalles de cuáles puntos la ADIE votó o no votó, porque es un tema de que cuando tú construyes un consenso, las discusiones se quedan donde se votó y de ahí para afuera tú debes apoyar ese consenso”, adujo.
Con relación al punto de cargar al consumidor final el pago del alumbrado público, Cochón sostuvo que la medida permitiría garantizar una mayor cobertura de la red de postes de iluminación y semáforos, como también las inversiones necesarias para su eficiencia y sostenibilidad financiera.
Explicó que el sistema de alumbrado, cuyo pago toca en la actualidad a las alcaldías de cada municipio, incluye “todo lo que es uso de energía” en las áreas públicas.
Este servicio, agregó, abarca básicamente tres tipos de consumo: “el alumbrado público -incluidos los semáforos-, los espacios para mercadeo o publicidad que tienen rentados y que tienen un consumo de electricidad, y el tercero serían los edificios donde están las oficinas administrativas” de las alcaldías y sus dependencias.
“El alumbrado público presenta muchas deficiencias, entonces la solución que se le busque al tema dentro del Pacto, necesariamente será el resultado de la ponderación del costo del servicio y de la calidad o eficacia con que ese está prestando un servicio, que muchas veces no se está prestando”, argumentó Cochón. Puso de ejemplo el robo del tendido eléctrico en un tramo de la autopista Las Américas, que era algo recurrente hasta que la distribuidora EdeEste tuvo que asumir una vigilancia permanente en la zona.
Impacto 'marginal' en el bolsillo
Adelantó que sería “muy pequeño, muy marginal el impacto” que tendría la inclusión del costo del alumbrado público en las facturas de los usuarios y alcaldías, como se estila en otros países de la región. “En la mayoría de países de Sudamérica donde tenemos un alumbrado público eficiente, donde tienes por ejemplo que cada municipio es responsable de la administración (del servicio), pero el pago lo hace el usuario final, no lo hacen las compañías, ni es un arbitrio”, manifestó.
Señaló que las empresas generadoras también suscriben que se deje sin efecto “la obligatoriedad de las distribuidoras de pagar un tres por ciento (3%) de sus ventas brutas a las alcaldías por los derechos de paso y uso de suelo”, como plantea el documento del Conep.
“Ese arbitrio que existe a favor de los ayuntamientos es de una ley que data de hace casi cien años, que nunca se ha cambiado y paradójicamente se estableció en el país antes del 1918”, expresó el ejecutivo de la ADIE y ex superintendente de Electricidad
Según lo que propone el Conep, mediante el establecimiento de un nuevo "cargo tarifario" los usuarios del servicio eléctrico empezarían a costear tanto el consumo, como también las inversiones para la instalación y el mantenimiento del alumbrado de carácter público.