SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Hasta el 13 de agosto pasado, cuando el Tribunal Superior Administrativo (TSA) falló a favor de su empresa, el Consorcio IMPE, y de la china Gezhouba Group, ordenando suspender la licitación de las dos plantas de carbón en Punta Catalina, provincia Peravia,  los nombres de Raúl Cabrera y Manuel Sebastián eran casi desconocidos por la opinión pública.

Mas no así para el presidente Danilo Medina y algunos de sus funcionarios más allegados, que durante la campaña del 2012 compartieron con ambos intensas jornadas de trabajo, reuniones y debates teóricos, ya fuera en la sede de la Comisión Nacional de Energía (CNE) o incluso en casa de Raúl Cabrera, quien fuera invitado por el entonces candidato a engrosar las filas del su “equipo energético”.

Al menos así lo recuerda este ingeniero con más de 30 años de experiencia en las áreas de gestión y financiamiento de plantas, y en la actualidad gerente general del Consorcio IMPE CxA, acrónimo de las firmas Imesg (de Manuel Sebastián) y PE (Promotores Eléctricos, de su propiedad).

Narra Cabrera que fue el propio Danilo Medina “quien me visitó en mi casa porque quería conocerme y hablar sobre lo que yo pensaba del sector, porque tenía referencias de mi experiencia y conocimientos”, a través de Luis Asunción, actual intendente general de Bancos y cuñado de la primera dama Candy de Montilla (Está casado con Rosanna Montilla, alta ejecutiva de la CDEEE).

Ingeniero Raúl Cabrera, impugna la licitación de las plantas de carbón
Ingeniero Raúl Cabrera, impugna la licitación de las plantas de carbón

“En esa ocasión, le dije (a Danilo Medina) mi inquietud, según mi experiencia, sobre el problema de la generación; le dije que el Banco Mundial y el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) prestan mucho dinero para el área de la distribución, pero que ahí no es que está el problema, sino en la generación”, rememoró el socio dominicano de la Gezhouba Group Company Limited (CGGC), en declaraciones a Acento.com.do

Afirma que el hoy presidente le dijo “estoy de acuerdo con eso”, al término de ese primer encuentro hogareño, que duró cerca de dos horas y al que fueron invitados otros tres versados del sector: Manuel Sebastián, Eduardo Martínez y Cástulo Darío Arias. “Después, a los dos o tres días (Danilo Medina) me mandó a decir que quería volverse a reunir conmigo, y ahí hablamos ampliamente; me dijo ‘yo voy a ser Presidente y el 21 de mayo quiero reunirme con ustedes’”.

“Intereses tumbaron” proyecto inicial de 300 megas

Fue por esos días que Cabrera –siempre de acuerdo con su relato-, los demás técnicos de la campaña y el candidato Medina trazaron la ruta para, una vez en Palacio, diversificar la matriz energética incorporando al sistema por lo menos 300 megavatios a base de combustibles menos costosos que el fuel oil u otros derivados del petróleo.

La estrategia procuraba que el nuevo Gobierno pudiera renegociar, desde una posición “de fuerza”, los controvertidos contratos de suministro que le atan a buena parte de las empresas generadoras y perimen en el 2016.

“Danilo decía que desde que él subiera a la Presidencia tenía que tener alguna generación del Estado, por lo menos 300 megas, para poder negociar con los generadores, porque ya en el 16 se vencían los contratos del Acuerdo de Madrid”, recuerda Cabrera.

Refiere que “a los cinco días” de ganar las elecciones, en mayo del 2012, le formuló en persona al flamante mandatario electo un proyecto para instalar una planta nueva de 300 megavatios a base de carbón mineral, que empezaría a operar dentro de 24 meses, o sea, para el 2014.

Los costos y características de la Planta de Kentucky (Estado del sudeste de los EE. UU.) se los expuso al gobernante “en una reunión en la cual participó el Deutsche Bank (de Alemania), que la iba a financiar y puso a su disposición empezando el Gobierno US$1,000 millones, para ese proyecto o cualquier otro”.

Durante la transición (mayo-agosto, 2012), Medina habría remitido a Cabrera, primero ante el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo; y luego ante el vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, para evaluar la propuesta y darle curso.

“Seguimos (en gestiones) con Bichara hasta diciembre del 2012, se les entregó la oferta, pero todo se dejó caer (…) después por intereses tumbaron el proyecto”, dijo el accionista de IMEC, empresa que ha participado en “numerosos” proyectos de subestaciones y plantas generadoras, en los sectores público y privado. El mismo Rául fue subaministrador de la Corporación Dominicana de Electricidad, luego convertido en CDEEE.

Raúl Cabrera y Félix Aracena, visitaron Acento.com.do
Raúl Cabrera y Félix Aracena, visitaron Acento.com.do

IMEC había tomado parte en la construcción de la planta Monte Río Power (de 100 MW), que compró al grupo liderado por Elena Viyella la Barrick Gold Corporation, en el 2009, e incluso obtenido el financiamiento para esta obra, a través de la división de Generación de la empresa Caterpillar.

Durante años también han dado servicios de mantenimiento a las instalaciones de Haina, Itabo, Smith & Enron, Falconbride, entre otras del parque energético nacional, apuntó Cabrera.

Bichara “nunca estuvo en el equipo” energético

Detalló que, aunque no es miembro de ningún partido, en el 2011 y a petición de Danilo Medina se incorporó al núcleo de técnicos y asesores que trabajó la parte energética del “Plan de Gobierno 2012-2016” ofertado al electorado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

“Nosotros preparamos todo lo del sector eléctrico”. El grupo se reunía todos los martes, en la sede de la Comisión Nacional de Energía (CNE). “Fue un año y pico de trabajo” –revela-, del que surgieron propuestas como la de diversificar la matriz de generación (Con plantas a carbón o gas natural), fusionar las tres empresas distribuidoras y crear el Ministerio de Energía y Minas.

Cabrera recuerda entre los miembros del “equipo eléctrico” de Danilo Medina a los industriales Ernesto Vilalta y Antonio Isa Conde (Hoy asesor de Políticas de Desarrollo del Poder Ejecutivo), a Enrique Ramírez y Alexander Medina, directores de la CNE y de la Dirección General de Minería; así como a los técnicos Hipólito Núñez (Ex administrador de Edenorte y Edesur), Manuel Sebastián, Julio César Correa (Administrador de Edenorte), Pedro Almonte, Eduardo Martínez, Gabriel Aldebot y Frank Núñez Ramírez.

Señala que, irónicamente, el actual titular de la CDEEE “nunca estuvo ahí”, ni participó activamente en el diseño de la estrategia energética, al tiempo que se desempeñaba como coordinador del “Sector Externo” de la candidatura danilista.

El Plan de Gobierno 2012-2016 del PLD propuso “incrementar sustancialmente la generación de electricidad y diversificar sus fuentes, mediante la instalación de por lo menos 1,500 MW nuevos y de bajo costo”, “eliminar o reconvertir las unidades de altos costos de generación, e impulsar el funcionamiento adecuado del sistema de redes”, entre otras medidas.

Luego del proceso de licitación que cuestionan el Consorcio IMPE y el Grupo Gezhouba, el 22 de noviembre del 2013 la CDEEE adjudicó la construcción de la Central Termoeléctrica de Punta Catalina -que producirá alrededor de 700 megavatios- al consorcio constituido por la compañía brasileña Odebrecht y la italiana Tecnimont.

Los abogados de IMPE, a nombre también de la firma de capital chino, alegan que Odebrecht-Tecnimont ofertó la obra en US$2,040 millones, es decir, por US$1,140 millones más que los US$900 millones que propuso la Gezhouba Group Company Limited, y US$540 millones más que lo autorizado por el Congreso Nacional.

En su sentencia, el TSA presidido por la jueza Delfina de León Salazar consideró que, en efecto,  se había “generado una inconsistencia en cuanto al valor aprobado por la Ley de Presupuesto General del Estado en su artículo 52, la cual previó un monto máximo de US$1,500 millones para dicha obra y la misma ha sido adjudicada por un monto de US$2,040 millones, sin que conste en el expediente”.

Cabrera y sus abogados demandan que se acate el dictamen del tribunal, mientras que Jiménez Bichara y el Gobierno rugen al unísono que “nada” detendrá el final feliz de las plantas de carbón, y denuncian que hay en marcha un “boicot” contra el financiamiento del proyecto, que constituye aun la mayor apuesta oficial en materia energética.

La del binomio IMPE-Gezhouba Group figuró entre las cuatro ofertas finalistas de la licitación –de más de 50 que concursaron-, junto con las de las firmas Posco Engineering & Construction Co. ; SEPCO III Electric Power Construction Corporation y el consorcio Norberto Odebrecht, S. A.-Tecnimont, que obtuvo la mayor calificación con un puntaje de 48.95.