SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana (ABA) ofreció su apoyo público al Proyecto de Ley de Reorganización y Liquidación Judicial de Empresas y Personas Físicas Comerciantes y consideró que se trata de una pieza bien estructurada que merece la aprobación del Congreso tal y como está concebida.

El gremio bancario expuso su punto de vista durante una reunión con la Comisión Permanente de Economía, Planificación y Desarrollo de la Cámara de Diputados, que tiene a su cargo el estudio del proyecto que –de acuerdo con la ABA- contiene los aspectos que garantizan seguridad y eficiencia en el manejo de los procesos de reestructuración o liquidación de empresas y personas en situación de quiebra.

La ABA estuvo representada por su director técnico, Manuel González Martínez, quien dijo que la legislación ayudará a reducir los impactos negativos en determinados sectores productivos cuando el ciclo económico no resulta favorable para la continuidad de los negocios.

“Esta legislación permitirá dar orden y seguridad, ya sea cuando una empresa necesita reorganizarse para superar problemas coyunturales, entrar en un proceso de conciliación con las partes involucradas o asumir la liquidación ordenada con los menores impactos negativos para los deudores, los acreedores y los empleados”, expresó González.

Entre los aspectos que conferirán seguridad al proceso de reestructuración o

liquidación de empresas citó la creación de los tribunales administrativos de Reorganización y Liquidación Judicial de Empresas y Personas Físicas Comerciantes, las Cortes de Apelación, las figuras del verificador, el conciliador, el liquidador. Asimismo, definió como positivo el establecimiento en la legislación de los tiempos en que se deben desarrollar los procesos, las responsabilidades y sanciones.

La comisión de diputados también recibió a otras entidades privadas como la Cámara Americana de Comercio, el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, entre otras.