Los líderes de las formaciones políticas puertorriqueñas mostraron este viernes su rechazo a que el Congreso de Estados Unidos imponga una junta de supervisión fiscal que excluya al Ejecutivo local para acompañar la normativa para la reestructuración de la deuda de la isla.
La reacción de la clase política local contra una posible junta que deje de lado al Ejecutivo puertorriqueño sigue a la publicación el viernes, por parte del rotativo estadounidense "The New York Times", de una información -basada en un documento de trabajo del Congreso en Washington- que asegura que el secretario del Departamento de Hacienda y el gobernador de la isla no podrían participar en la toma de ciertas decisiones de ese organismo.
El periódico neoyorquino asegura, tomando como base el documento de trabajo legislativo, que en caso de que el Congreso en Washington apruebe legislación que otorgue a Puerto Rico herramientas para reestructurar la deuda, el proceso incluirá una junta de control fiscal federal compuesta por cinco miembros seleccionados por el presidente estadounidense.
"The New York Times" asegura que la medida es redactada actualmente por la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes de EE.UU. que preside Robert Bishop.
Sobre la información adelantada por el rotativo, el gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, señaló en un comunicado que es necesaria una junta de supervisión, pero que esta "no puede usurpar la democracia" local.
"Una junta no electa por el pueblo, con la capacidad, por ejemplo, de imponer impuestos o despedir empleados no es aceptable para mí y no puede serlo para ningún puertorriqueño. Cualquier medida legislativa tiene que ser evaluada en sus méritos para garantizar que Puerto Rico pueda reestructurar su deuda sin matar la democracia puertorriqueña", aseguró García Padilla.
El representante -sin voto- de Puerto Rico ante el Congreso estadounidense y presidente del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, dijo en un comunicado que el proyecto contiene los dos elementos que son esenciales para que pueda obtener apoyo y convertirse en ley: un mecanismo judicial ordenado para la reestructuración de la deuda y una junta de supervisión temporal.
Pierluisi indicó que la junta "ayudará a instituir disciplina fiscal, aumentar la eficiencia y la transparencia gubernamental", además de permitir que la isla "recupere el acceso a los mercados de crédito bajo términos razonables".
Sin embargo, matiza que esa junta "debe respetar el proceso democrático de Puerto Rico", tras alertar de que en el borrador "hay varias disposiciones que se sacaron directamente de la ley del 1995 que creó una junta para Washington", disposiciones que como aseguró "no son necesarias o apropiadas para el caso de Puerto Rico".
"Le he expresado mis objeciones específicas al congresista Bishop, presidente de la comisión, quien siempre ha demostrado gran disponibilidad para trabajar conmigo, por lo que espero que esas disposiciones puedan ser modificadas", concluyó.
El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau, dijo por su parte que el proyecto de rescate que se dispone a presentar el Congreso estadounidense, que incluye la junta de supervisión, merece el rechazo de los puertorriqueños porque solo favorecerá los intereses de los acreedores.
"Se trata de una junta que tomará las medidas necesarias para garantizar los deseos de los acreedores en contra de las necesidades de los puertorriqueños", aseguró Dalmau.
Las corporaciones públicas de Puerto Rico arrastran una deuda de cerca de 72.000 millones de dólares que el Gobierno de García Padilla ha repetido en varias ocasiones no se podrá pagar.