El Parlamento Europeo (PE) pidió este miércoles al Ejecutivo comunitario que no renueve los acuerdos entre la Unión Europea y cuatro tabacaleras para combatir el contrabando y la falsificación de cigarrillos, y que aplique en su lugar la legislación comunitaria contra el comercio ilegal de tabaco.
Sobre la base de esos pactos, las firmas Philip Morris, Japan Tobacco, British American Tobacco e Imperial Tobacco se comprometieron a abonar a los Veintiocho más de 2.000 millones de euros, a cambio de no ser perseguidas judicialmente por la pérdida de ingresos derivada del comercio ilegal de cigarrillos.
Las compañías aceptaron además combatir de manera activa el contrabando y la falsificación de sus productos.
La renovación de los acuerdos se trató hoy en el PE porque el próximo julio expira el pacto con Philip Morris, y la Comisión Europea debe decidir antes de esa fecha qué ocurre con el mismo.
El pleno consideró hoy que el acuerdo con Philip Morris no ha resultado efectivo, porque aunque inicialmente se redujo el contrabando, se ha detectado un incremento en el tráfico de cigarrillos baratos sin marca que han cubierto ese hueco.
Evasión de aranceles e impuestos
La resolución aprobada hace hincapié en que el comercio ilegal de productos del tabaco sigue provocando a la UE y a los Estados miembros pérdidas de ingresos (por aranceles, IVA e impuestos especiales) de más de 10.000 millones de euros al año.
También apunta que la utilización de parte de los fondos abonados por la industria tabacalera para financiar la Oficina europea antifraude (OLAF) puede suponer un conflicto de intereses.
Por ello, los eurodiputados piden que en lugar de renovar el acuerdo con Philip Morris, la CE se concentre en aplicar la directiva comunitaria sobre tabaco de 2014, que incluye instrumentos más efectivos para luchar contra la falsificación y el contrabando.
También urge a los países de la Unión a ratificar el protocolo marco sobre control del tabaco de la OMS.
Para cubrir el periodo en que las disposiciones de la directiva europea del tabaco no son todavía de aplicación, los eurodiputados piden a Bruselas que prepare nuevas normas para afrontar la cuestión de los cigarrillos baratos sin marca, para hacer seguimiento y localización de los productos de PMI y para iniciar acciones legales en caso de confiscaciones de los cigarrillos de esa compañía.
El 90 % de los fondos recaudados con los acuerdos va a los Estados miembros y el 10% a las arcas comunitarias.
En virtud de los pactos, las tabaqueras deben evitar que sus productos caigan en manos de criminales, mediante la producción de las cantidades demandadas por el mercado legal, asegurándose de vender solo a clientes legítimos e imponiendo un sistema de seguimiento de sus productos para facilitar el trabajo a las fuerzas del orden en caso de aprehensión.