SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El movimiento de los trabajadores organizados representados por las organizaciones Confederación Nacional de Trabajadores Dominicanos (CNTD), Confederación Autónoma Sindical Clasista (CASC), Confederación Nacional de Unidad Sindical(CNUS), con motivo del Día Internacional del Trabajo y los Trabajadores propusieron 16 medidas para enfrentar la crisis económica derivada de la crisis sanitaria del coronavirus.
Entre las propuestas incluyen una reforma del régimen de seguridad social tanto en la parte de los servicios de salud como en el régimen de pensiones.
Expresaon que el movimiento sindical dominicano conmemora el 134 aniversario del Día Internacional del Trabajo, en medio de una pandemia de coronavirus, una parálisis económica y la convocatoria a elecciones presidenciales y congresuales.
Señalaron que por la pandemia han muerto centenares de personas, miles se han contagiado mientras que la parálisis económica ha provocado la suspensión de sus labores de más de 852 mil trabajadores y el cierre de alrededor de 48 mil empresas,
Agregaron que esto implica que el desempleo ampliado que marcaba en las estadísticas un 11%, como efecto de la pandemia se estima que llegue a un 20 o un 23%, mientras que se acrecentará el empleo informal que de acuerdo a las estadísticas superara el 54%.
"Más que una crisis sanitaria o de salud pública, es una muestra del fracaso de la aplicación de políticas neoliberales. La inversión en salud en el país es una de las más bajas de la región, apenas un 1.8 del PIB, cuando debió ser este año 2020 de un 4% como lo establece la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo y que el movimiento sindical reclama sea de un 5% del presupuesto nacional", precisaron.
Consideraron que la necesidad de creación del Fondo de Asistencia Social al Empleo (FASE) para subsidiar los salarios de los trabajadores formales e ingresos de los informales con los dineros del Instituto Dominicano de Protección y Prevención de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) no habría sido necesario si las autoridades hubieran atendido el llamado del movimiento sindical sobre la necesidad de que se creara en el país, tal y como establece el artículo 23 de la ley 87-01 que manda la creación del Seguro de Desempleo, ignorado por gobierno y empleadores bajo el alegato de que no tendría sostenibilidad financiera.
"La inobservancia a las leyes y obligaciones de Estado y empleadores generan daños a los trabajadores, pues hoy el fondo de riego laborales a través del Instituto Dominicano de Protección y Prevención de Riesgos Laborales (IDOPPRIL) está ejerciendo una función para la que no fue creada, al gobierno utilizar parte de sus recursos para financiar el programa FASE", precisaron.
A continuación las propuestas y reclamos:
Con el objeto de estimular el crecimiento y el desarrollo económicos, de elevar el nivel de vida, de satisfacer las necesidades de mano de obra y de resolver el problema del desempleo y del subempleo, demandamos:
1.- Convocar a los interlocutores nacionales tripartitos para discutir sobre la crisis del empleo, de acuerdo a los convenios 144 de la OIT sobre tripartismos, el 122 sobre política de empleo y la recomendación 205 sobre el empleo y trabajo decente en la paz y la resiliencia.
2.- Convocar al Congreso Nacional y a los interlocutores sociales para reformar la ley 87-01 sobre seguridad social, para hacerla universal, integral, solidaria e inclusiva en general, que recoja la informalidad, la creación del seguro de desempleo, los aportes de las AFP a los trabajadores, que provengan de las grandes ganancias que durante estos años han sido acumuladas, como paliativo a la crisis y las pensiones solidarias, la salud pública, y otros temas de interés general en la seguridad social.
3.- Ajustar el presupuesto extraordinario y elevar el presupuesto en salud.
4.- Incluir en el Fondo de Asistencia Solidaria a Empleador (FASE) aquellos trabajadores excluidos que fueron suspendidos de sus labores por el empleador.
5.- Igualar la pensión mensual a 10 mil pesos del disuelto IDSS, que hoy está a cargo del Ministerio de Hacienda a través de la Dirección General de Jubilaciones y Pensiones, DGJP.
6.- Que las ARS brinden mayor cobertura a los afiliados positivos con COVID-19 y que sean incluidos subsidiados en el SENASA los trabajadores de difícil cobertura, como la construcción, domesticas, agrícolas migrantes.
7.- Que las personas inactivas con aportes a las AFP, que no alcanzarán una pensión por vejez en CCI-AFP, se le devuelva su dinero acumulado.
8.- Congelar los precios de primera necesidad
9.- Disminuir los pagos de las tarifas eléctricas y combustibles
10.- Congelar el pago de préstamos hipotecario por 3 meses sin intereses y que el pago de los colegios sea nada más hasta marzo 2020.
11.- Garantizar que las necesidades del personal sanitario sean tenidas en cuenta en las medidas de solución del problema, y ofrecer todo el apoyo y los equipos de protección necesarios para que puedan realizar su trabajo de la forma más segura.
12.- Prestar atención a lo que ocurre en los hogares y potenciar el reparto equitativo de la carga de cuidados y de tareas domésticas entre las mujeres y los hombres. Esta es una gran oportunidad para erradicar los estereotipos y los roles de género tan arraigados en la mayoría de las casas de prácticamente todo el mundo.
13.- Garantizar la negociación colectiva por 180 días o hasta que la crisis sea superada, con especial atención a la equidad de género
14.- Prohibición de la suspensión o terminación de contratos de prestación de servicios temporales durante el tiempo que dure la emergencia, para todas las entidades públicas nacionales o territoriales, centralizadas o descentralizadas de servicios, así como del ámbito privado en todas sus modalidades, bajo el argumento de quiebra, baja productividad, pérdida de ganancias, entre otros.
15.- En aras de garantizar la estabilidad del empleo y salario, se ha implementado el teletrabajo como respuesta a la parálisis económica; sin embargo, en la región la mayoría de nuestros países no tienen o está insuficientemente regulada; es importante destacar que es fundamental que esta modalidad no precarice y flexibilice las relaciones laborales existentes, por el contrario, debe tener como premisa la garantía del empleo en concordancia con los estándares de la OIT.
16.- Garantizar que las líneas de atención telefónica y los recursos para las mujeres que sufren violencia de género, sean servicios esenciales y que se mantengan siempre a su disposición. Además, es necesario que la administración pública de respuestas a las necesidades de las mujeres y de sus hijos e hijas.