SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Fundación Transparencia y Desarrollo demandó este sábado la anulación por inconstitucionalidad del Decreto número 850-00, de fecha 26 de septiembre del año 2000, que excluye la parcela 24-A del Distrito Catastral número 10 segunda, del municipio de Higüey, de las declaratorias de utilidad pública del Parque Nacional Cotubanama, por entender que el mismo viola la Ley No. 64/00 sobre Medio Ambiente y la Ley No. 220/04 Ley Sectorial de Áreas Protegidas.
El presidente de la entidad, César Manuel Matos Díaz, dijo que el decreto emitido por el presidente Hipólito Mejía es inconstitucional porque contradice las disposiciones de la Ley de Medio Ambiente, la Ley Sectorial de Áreas Protegidas y los Derechos Medioambientales que fueron constitucionalizados en el año 2010, por los artículos 66 y 67 de la Constitución, que establecen los Derechos colectivos y difusos y la protección del medio ambiente.
Estableció que esa misma suerte correrá la Licencia Ambiental concedida por el Ministerio de Medio Ambiente ante el Tribunal Superior Administrativo.
El dirigente de la Sociedad Civil señaló que la perisología para la construcción del proyecto hotelero Leaf Bayahibe del ciudadano español Juan José Hidalgo (Pepe Hidalgo), en más de 230 mil metros cuadrados, violenta el Convenio de Río de Janeiro sobre Diversidad Biológica, por haber sido ratificado por la Resolución No. 25-96 de los organismos camerales, que tiene Supremacía sobre la Constitución.
Matos Díaz apuntó que en el desmonte que está haciendo en el español en más de 230 mil metros cuadrados del Parque Nacional Cotubanamá, se están depredando especies como las gaviotas playeras, zancudas, la paloma coronita, y la cotorra verde, la cual, por demás está en peligro de extinción. Otros fascinantes animales del área que se desmonta son la iguana rinoceronte, el manatí, el delfín y el murciélago pescador.
El presidente de la Fundación Transparencia y Democracia, expresó que el Ministerio de Medio Ambiente autorizó al español a cometer un crimen de lesa humanidad, acabando con más de 500 especies de flora y 300 de nuestra fauna, por lo que, en la próxima semana depositaran la Acción Directa en Inconstitucionalidad contra el Decreto número 850-00, de fecha 26 de septiembre del año 2000, así como el Recurso Jerárquico en materia Administrativa contra la Licencia Ambiental, expedida por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
César Manuel Matos Díaz afirmó que las medidas cautelares son herramientas judiciales que históricamente han sido utilizadas para suspender los efectos nocivos de las decisiones administrativas desfavorables a los intereses de los particulares, por lo que, conjuntamente con la introducción del Recurso Administrativo, para obtener la revocación de la Licencia Ambiental.
Al concluir, el presidente de Transparencia y Democracia, llamó a las autoridades nacionales a pensar más en los intereses nacionales, defendiendo al pueblo de los depredadores foráneos.
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