SANTO DOMINGO, República Dominicana.-El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), Isidoro Santana, consideró este martes, en la apertura en el país de la Reunión Preparatoria del Foro Mundial del Agua, que los países centroamericanos deben acordar y presentar allí soluciones prácticas sobre la gestión de los recursos hídricos.
El funcionario citó entre dichas soluciones la gobernanza sectorial, la gestión de las sequías, el acceso universal al agua potable y el saneamiento, en calidad y cantidad, el eficiencia uso del agua, y la gestión tanto de la demanda como la ambiental.
En el acto, que reúne a expertos centroamericanos y nacionales en el hotel Sheraton, hablaron también los ministros de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Francisco Domínguez Brito y de Energía y Minas, Antonio Isa Conde. Además el embajador de Brasil, Clemente Baena, cuya Agencia Brasileña de Desarrollo coordinó la actividad junto al MEPyD.
Ante representantes de organismos multilaterales y bilaterales el ministro recordó que en la Constitución dominicana (Artículo 15) se establece que el agua es un patrimonio estratégico “de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida”, en la que el uso para consumo humano está por encima de cualquier otro, ya que “sin agua no hay vida”.
Rememoró que cuando los españoles llegaron a la isla, el Padre Las Casas estimó en diez mil los ríos existentes del Valle de la Vega Real (desde Dajabón a Samaná), aunque es dable suponer sin exageración que pudieron haber sido mil.
“Hoy en día enfrentamos una situación en la que los expertos nos dicen que, si no adoptamos medidas drásticas, para el 2025 vamos a sufrir fuertes carencias en el suministro de agua. Por qué ese cambio de situación?”, citó.
“Como economista al fin, creo (que) la razón de ese cambio es de índole económica. Resulta que el más valioso recurso natural, ese sin el cual todos acordamos que no hay vida posible, tradicionalmente ha sido gratis, y lo que es gratis, ni se economiza ni se cuida”, y aclaró que “desde luego, no ha sido solo la ausencia de un precio lo que ha incidido”.
Como causas fundamentales de ese cambio citó que el campesino dominicano se ha sentido en la plena libertad de desmontar una montaña para un conuco, otros sectores a considerar las piedras de los ríos de libre extracción, y de libre explotación las sabanas de Valle Nuevo, comportamientos que atribuyó a falta de regulaciones eficientes debido a que las instituciones reguladoras solapan sus roles y dificultan la construcción de un marco regulador.
En otro orden citó que si bien la disponibilidad total de agua en el país ronda los 25 mil millones de metros cúbicos por año, esa cantidad no define una situación de carencia en lo inmediato, pero no está uniformemente distribuida, por lo que se enfrentan problemas regionales en usos productivos y para consumo humano.
Recordó que se estima que el 80% del agua suministrada para riego y el 55% de la potable se desperdician, por lo que las autoridades se esfuerzan por cumplir el mandato de la Ley Orgánica de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, de “transformar el modelo de gestión de los servicios de agua potable y saneamiento orientándolo al control de una demanda que desincentive el uso irracional y considere el carácter social de los servicios, mediante la introducción de mecanismos de educación y sanción”.
Más aun, dijo, la República Dominicana comparte la Isla Hispaniola con Haití, por lo que la gestión de los recursos hídricos involucra a las dos naciones.
“En la isla tenemos cuatro cuencas hidrográficas binacionales. Una de ellas, la del Artibonito, la más grande del Caribe, abarca aproximadamente 9,600 km2 y provee servicios ecosistémicos vitales para el desarrollo económico de la región más pobre de nuestro país, al tiempo que es la base de la economía agrícola del país más pobre de América, Haití, puesto que nutre la presa de Peligre. Es esa presa la que proporciona el agua a nuestros vecinos, para más del 70% de su producción de arroz, tubérculos y caña de azúcar, junto al importante uso doméstico y servicios energéticos para una población residente en el área de más de 1,3 millones de personas.