SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La empresa Metales Antillanos, C. Por A, especializada en el reciclaje de metales y reparación de embarcaciones de pequeño, mediano y gran calado, depositó ante el Tribunal Superior Administrativo (TSA) una acción constitucional de amparo fundamentada en la violación del artículo 50 de nuestra carta magna que prevé la libertad de empresa para seguir operando en la margen occidental del río Isabela, a raíz de la resolución 13/2016 del ministerio de medio ambiente que ordena el cese de operaciones de las empresas situadas en las riberas de los ríos Ozama e Isabela.
La empresa, a través de una carta enviada a los medios, explicó que luego de ser notificada de la resolución, presentó un cronograma al ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, para explicar el alcance del dictamen y pedir un plazo para concluir con el proceso de reciclaje de embarcaciones ya contratadas, así como de los acuerdos internacionales de venta de metales, el cual fue depositado en el organismo medioambiental.
Sin embargo, la compañía expresa en su misiva que, posterior a la reunión y depósito del plan, el pasado 19 de diciembre, el coronel del Ejército, Julio Rodríguez Burgos, miembro de la comisión de ejecución de la resolución 13-2016, “en una actitud poco cordial, se dirigió de forma intimidante a nuestros clientes internacionales presentes, naves con banderas extranjeras, amenazándoles con que los trabajos en sus embarcaciones no serían concluidos, lo cual nos ha provocado una crisis de credibilidad con dichos clientes, no tomando en cuenta que cada embarcación a reparar, cuenta con el debido permiso medioambiental expedido precisamente por el Ministerio de Medio Ambiente”.
Según la empresa, el coronel Rodríguez Burgos se presentó en las instalaciones sin mostrar ninguna autorización escrita del Ministerio para entrar a la propiedad.
La resolución 13/2016 prohíbe las actividades de reciclaje y reparación de embarcaciones.
La compañía negó a su vez que esta no produce desechos que contaminen el río.
“Más bien recogemos los bienes que han agotado su vida útil tales como maquinarias, buques y recortes de plantas industriales. Todos nuestros residuos oleosos son tratados con gestores ambientales debidamente certificados por el Ministerio de Medio Ambiente”.
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