Manila, 2 dic (EFE).- Los defensores del derecho a la tierra han sido víctimas de numerosos asesinatos, detenciones arbitrarias y acoso judicial en los últimos años, una represión creciente que se produce sobre todo en América Latina y Asia, denuncia un informe publicado hoy por la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH).
El documento "No tenemos miedo. Defensores del derecho a la tierra atacados por enfrentarse al desarrollo desenfrenado" es obra del Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos (OBS) y será presentado el miércoles en el Foro anual de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos.
El texto explica que "el mundo ha sufrido una fuerte aceleración de la competencia por el acceso a la tierra para proyectos de inversión a gran escala", lo que ha llevado a que los defensores del derecho a la tierra sufran cada vez más injusticias.
Entre 2011 y 2014, la organización ha documentado 43 asesinatos de defensores del derecho a la tierra y el acoso judicial de 123 activistas, algunos de los cuales han sido detenidos de forma arbitraria.
"Los defensores del derecho a la tierra a menudo se enfrentan a verdaderos 'depredadores económicos' que buscan el desarrollo desmesurado", afirma el presidente de la FIDH, Karim Lahidji.
Estas cifras, apunta la organización, son sólo una pequeña parte de lo que sucede en realidad en todas las regiones del mundo.
El reportaje señala asimismo que en la mayoría de las ocasiones, los autores de estos acosos son policías, soldados, guardias de seguridad de empresas privadas, y en algunos casos mercenarios, que tienen como objetivo silenciar las voces discrepantes que tratan de frenar un proyecto de inversión.
Sin embargo, otras veces, denuncia FIDH, es el propio Estado que utiliza el acoso judicial y los arrestos para intimidar a quienes intentan defender su derecho a la tierra, que son acusados de terrorismo, propaganda falsa, poner en peligro la seguridad del Estado o de alteración del orden público.
"Los defensores del derecho a la tierra son los portavoces de millones de personas. Cuando uno de ellos es asesinado, miles de víctimas más quedan silenciadas", ejemplifica en el informe Gerald Staberock, secretario general de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT).
Muchos de los agredidos, apunta FIDH, se encuentran además completamente indefensos, pues el 95 por ciento de las violaciones cometidas contra ellos no son procesadas por las autoridades competentes.
Esto, según FIDH, se produce porque el sistema judicial de los países en los que tienen lugar estas violaciones no es independiente o está falto de recursos o conocimientos.
Por ello, el informe afirma que tanto los individuos como las comunidades afectadas por políticas de desarrollo y proyectos de inversión deben participar y ser consultados sobre los mismos.
"Pedimos que se efectúen consultas auténticas que garanticen la participación directa de las personas afectadas por los proyectos", dice FIDH.
También es necesario, añade, fortalecer la capacidad e independencia de los sistemas judiciales nacionales, en particular en los Estados que acogen la sede de las empresas, para permitir a los afectados recurrir a la justicia. EFE