SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El presidente Luis Abinader presentó hoy la propuesta del Gobierno para el Pacto del Agua 2021-2036, ejecución que abarcará inversiones de 8 mil 500 millones de dólares, es decir, unos 567 millones de dólares anuales durante los próximos 15 años.

El documento con la propuesta compromiso nacional para el pacto entregado al Consejo Económico y Social (CES), contempla la gestión integrada e institucional del sector, una adecuada atención a la cuencas hidrográficas, así como el suministro eficiente del agua potable y saneamiento.

El mandatario aseguró que tienen los recursos ubicados para los próximos tres años de su gestión y llamó a la población a asumir el compromiso a fin de dar continuidad al pacto en el futuro.

“El proceso que hoy iniciamos con la entrega al Consejo Económico y Social para su análisis y consenso con los sectores involucrados. Esto permitirá disponer de un futuro cercano de un pacto nacional por el agua, aspiramos lograr la colaboración de todos los sectores económicos y sociales para el objetivo común, el uso racional y eficiente del agua”, dijo.

En el acto de entrega estuvieron presentes la vicepresidenta, Raquel Peña;  el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton; el presidente del CES, Rafael Toribio; el ministro administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza; ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera y el director ejecutivo del Gabinete del Agua, Gilberto Reynoso.

Institucionalidad

El ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Ceara Hatton, consideró que el problema más grave para poder abordar la problemática del agua es la institucionalidad.

El coordinador operativo del Gabinete del Agua, dijo que la institucionalidad del sector agua es confusa, dispersa e incompleta y que las 18 instituciones que intervienen en el sector lo hacen con diferentes niveles de involucramientos.

Indicó que no es claro el rol que juega cada institución, por lo que hay confusión entre el órgano rector quien dirige las políticas públicas y el regulador quien aplica las políticas que define el ente rector.