Buenos Aires/Montevideo (EFE).- Ecologistas y vecinos de la ciudad argentina de Gualeguaychú regresaron a la frontera con Uruguay para protestar, por vía fluvial y terrestre, contra el aumento de la producción en la planta de celulosa que la finlandesa UPM (antigua Botnia) tiene en la localidad uruguaya de Fray Bentos.
La protesta llegó tres días después de que el Gobierno de José Mujica renovara la autorización ambiental para la papelera, cuya construcción y funcionamiento generó el peor conflicto en décadas entre Argentina y Uruguay, según informó la prensa uruguaya.
Ambas caravanas partieron a las 15.00 hora local (17.00 GMT) rumbo a la frontera, que estuvo fuertemente custodiada por unos 150 efectivos de la Armada y de la Prefectura Nacional naval de Uruguay, además de un buque guardacosta y un helicóptero de la Aviación Naval.
Unos 20 barcos hicieron una protesta náutica en el limítrofe río Uruguay frente a la terminal portuaria de UPM, ubicada en la periferia de Fray Bentos, a unos 300 kilómetros al noroeste de Montevideo.
Mientras, otros 20 vehículos atravesaron el puente General San Martín y llegaron hasta el puesto fronterizo con Uruguay pero no se les permitió el ingreso, "para garantizar el orden y prevenir posibles incidentes", explicó a Efe el portavoz de la Armada uruguaya, capitán Gastón Juansolo.
Los manifestantes, tanto los que llegaron hasta frente a la planta de celulosa en barcos como los que se trasladaron por carretera y fueron detenidos en la aduana a unos 5 kilómetros de UPM, "mostraron carteles, banderas e hicieron sonar sus bocinas en rechazo a la planta", agregó Juansolo.
"Afortunadamente no se registraron incidentes, ni en el río ni en la ruta", y los manifestantes "se retiraron pacíficamente" hacia Argentina una vez concluida la protesta, destacó el marino.
Los ambientalistas de Gualeguaychú ya intentaron marchar hacia Uruguay el pasado 6 de octubre, pero una vez más, el dispositivo de seguridad desplegado por las autoridades de ese país, que solo permitía el paso de sus representantes políticos, frenó su manifestación.
Esta decisión frustró la prevista reunión entre los alcaldes de Gualeguaychú, Juan José Bahillo, y Fray Bentos, Omar Lafluf, para dialogar sobre el conflicto.
El pasado 2 de octubre, Mujica anunció la autorización para el incremento de producción de la planta de celulosa en 100.000 toneladas y hasta 1,2 millones de toneladas al año, bajo la condición de implementar nuevas medidas de protección medioambiental.
La decisión motivó gran malestar en el Gobierno de Cristina Fernández, que ha amenazado con recurrir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
La instalación de la planta de Botnia (hoy UPM) en 2005 fue motivo del peor conflicto bilateral en décadas entre ambos países por el bloqueo que los vecinos de Gualeguaychú mantuvieron durante varios años en el puente fronterizo.
Por este conflicto, Argentina recurrió en 2006 al tribunal de La Haya, que en 2010 determinó que la planta no contaminaba pero que Uruguay no había informado debidamente a su vecino sobre los detalles de la construcción.
El fallo ordenó, además, crear una comisión conjunta para vigilar y controlar la contaminación en el entorno de UPM.
A pesar de la oposición de las autoridades argentinas, el Gobierno uruguayo otorgó hace un mes la autorización de ampliar la producción pero exigió que UPM rebaje el contenido de fósforo en las aguas que se vierten al limítrofe río Uruguay y que se enfríe a menos de 30 grados la temperatura de las mismas.
La fábrica está ubicada en la periferia de la ciudad uruguaya de Fray Bentos, a unos 300 kilómetros al noroeste de Montevideo, y frente a las costas de la ciudad argentina de Gualeguaychú.
Además de la marcha de hoy, los ambientalistas argentinos evaluarán el próximo miércoles la posibilidad de tomar medidas para frenar el paso de los camiones que transportan los materiales para la papelera. EFE