Santo Domingo, República Dominicana (EFE y otros servicios de Acento.com.do).- "Como presidente de la República no me considero adherido ni al fundamentalismo ambientalista ni al capitalismo minero salvaje”.
Con esta explicación, entre otros argumentos, el presidente dominicano Danilo Medina, vetó este martes un proyecto de ley que declara como Parque Nacional a Loma Miranda, sobre la cual la minera canadiense Falconbridge tiene un derecho de explotación concedido por el Estado dominicano durante los gobiernos de Rafael Trujillo y Joaquín Balaguer, en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado.
(Carta del presidente Danilo Medina a la presidenta del Senado, Cristina Lizardo: Carta al Senado con el documento de observación a la Ley de Loma Miranda.jpg)
El gobernante puso así fin a la expectativa que desde la semana pasada mantenían sectores de la sociedad dominicana sobre la decisión que tomaría el Ejecutivo ante la ley aprobada por el Congreso Nacional para declarar parque nacional a Loma Miranda.
Los defensores del medioambiente esperaban y reclamaban que fuera promulgada la legislación, mientras la empresa Falcondo y sectores empresariales advertían de lo negativo de ese paso para el buen clima de negocios y el derecho a la propiedad en la República Dominicana.
El gobernante expresó "serias dudas" sobre la compatibilidad del texto aprobado en el Congreso Nacional y la Constitución de la República
El gobernante dijo, en carta remitida al Senado, que la iniciativa contraviene la Constitución dominicana en aspectos de seguridad jurídica, ley de minería y tratados internacionales firmados por el país.
Las violaciones a la Carta Magna, aseguró Medina, también incluyen la del propio proyecto cuando, enfatizó, no identifica la fuente de los recursos que se utilizarían para resarcir a los propietarios de terrenos dentro del área declarada como Parque Nacional.
El portavoz del Gobierno, Roberto Rodríguez Marchena, dio la información a través de un comunicado leído en directo desde el Palacio Nacional, que fija la posición de Medina sobre el proyecto aprobado por el Congreso Nacional (bicameral) que afecta a loma Miranda, ubicada en la provincia de La Vega.
Rodríguez Marchena precisó, no obstante, que la objeción del presidente al proyecto de ley no significa que el Gobierno esté de acuerdo con la explotación de la zona, o de que haya cambiado su posición expresada el año pasado, cuando el Ministerio de Medio Ambiente detuvo los intentos de Falconbridge de explotarla.
Asociaciones de empresarios locales y algunos legisladores han advertido de que el país estaría "condenado" a una sentencia adversa segura en cortes internacionales, si Falcongridge decide llevar el caso hasta ese punto
En esa oportunidad, y ante los insistentes reclamos de sectores de la sociedad civil en contra de su explotación, el Gobierno pidió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) que analizara los estudios medioambientales preparados por Falconbridge para ejecutar un proyecto de explotación.
Las conclusiones del PNUD fueron que el estudio de la minera no garantizaba el cuidado del medioambiente, por lo que recomendaba su no ejecución, lo que fue aceptado por el Gobierno dominicano.
Sin embargo, en esta oportunidad, el gobernante expresó "serias dudas" sobre la compatibilidad del texto aprobado en el Congreso Nacional y la Constitución de la República.
El proyecto que declara a loma Miranda como Parque Nacional fue aprobado de urgencia en dos lecturas consecutivas por el Senado el jueves pasado, un día después de que la Cámara de Diputados hiciera lo propio.
Medina recordó, además, que los estudios para determinar si el medioambiente resultaría permanente dañado por la explotación de loma Miranda no están del todo concluidos.
Además, de que declarando loma Miranda como Parque Nacional, se estaría impidiendo el aprovechamiento futuro de ese recurso natural, y violando con ello lo que expresa la Constitución, de que el Estado puede explotar los recursos naturales dentro de su territorio o perímetro marítimo, siempre y cuando no afecte el entorno.
El reclamo de declarar a la zona como Parque Nacional es impulsado por decenas de grupos religiosos, populares, izquierdistas, medioambientales, políticos de oposición y oficialistas y universitarios quienes consideran que la explotación del área conllevará daños irreparables a la zona y contribuirá a la ruina de miles de campesinos.
Esto es rechazado por el senador de Monseñor Nouel (centro), el único en el Senado que se opuso a la aprobación del proyecto, así como por los ejecutivos de la Falconbridge y de sindicatos de trabajadores mineros y casi todos los sectores de esa provincia.
Asimismo, las asociaciones de empresarios locales y algunos legisladores han advertido de que el país estaría "condenado" a una sentencia adversa segura en cortes internacionales, si Falcongridge decide llevar el caso hasta ese punto.
La Falconbridge, que afirma tener los derechos de explotación desde 1956, ha expresado en varias oportunidades que prefiere cerrar sus operaciones definitivamente en el país, si le resulta imposible explotar esa área rica en ferroníquel, aunque ha dado a conocer que no piensa demandar al Estado dominicano. EFE
(Carta del presidente Danilo Medina a la presidenta del Senado, Cristina Lizardo: Carta al Senado con el documento de observación a la Ley de Loma Miranda.jpg)
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