SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Barrick Pueblo Viejo aclaró que no le corresponde ofrecer soluciones a grupos de personas presuntamente desplazadas de lugares cercanos a la mina que opera en Cotuí y reiteró que los procesos de desalojo que se produjeron han sido manejados por el gobierno dominicano bajo criterios de organismos internacionales.

Asimismo, la empresa deploró que, conjuntamente con las recurrentes demandas de derecho de propiedad, reubicación y de pago de compensaciones, portavoces de grupos comunitarios insistan en señalar, sin la más mínima prueba que avale su juicio,  que la minera genera contaminación en el entorno en el que opera.

“Estas denuncias ya se han vuelto cíclicas y, según observamos, surgen en coyunturas muy específicas con la mala intención de afectar la imagen de la empresa que se maneja en base a las mejores prácticas ambientales comúnmente aceptadas internacional y localmente”, informó Barrick Pueblo Viejo en un comunicado de prensa.

Recordaron que las autoridades competentes del país examinan frecuentemente las operaciones de la mina desde el punto de vista ambiental y que a final del año pasado el ministro de Medio Ambiente, Bautista Rojas Gómez, reveló que la institución había realizado 52 inspecciones a la misma.

Con respecto a las demandas de reubicación, la empresa minera citó datos auditados del gobierno dominicano según los cuales  416 familias desalojadas fueron debidamente compensadas en términos económicos, siguiendo los criterios del Banco Mundial para estos casos.

Bajo esos estándares, solo calificaban para recibir nuevas viviendas aquellas personas que estuviesen residiendo en los terrenos al momento de hacer la reubicación y que se comprobara que no contaban con otra vivienda. “Solo unas 65 familias calificaron, a las que se les otorgaron su viviendas según lo acordado”, explicaron.

Barrick afirmó que solamente ofreció soporte técnico al Programa de Remediación  del Ministerio de Industria y Comercio, que, junto a la Dirección de Minería, dirigió el proceso de reubicaciones y restauración de medios de vida de personas desplazadas de lugares cercanos a la mina.