Río de Janeiro, 18 dic (EFE).- El órgano brasileño de combate a los monopolios anunció hoy que abrió una investigación para desmontar un poderoso cartel de constructoras acusado de distribuirse ilegalmente varias de las licitaciones de los últimos 16 años para la construcción del metro en ocho estados de Brasil.
La investigación fue abierta con base en la confesión hecha por la constructora Camargo Correa que, en un acuerdo de cooperación con la Justicia, admitió su participación en el cartel de empresas que corrompió al menos 21 contratos para la construcción de líneas de metro y de monorraíl en diferentes ciudades.
Según el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade), la investigación intentará establecer la veracidad de las denuncias de Carmargo Correa según el cual el cartel manipuló licitaciones públicas para "proyectos de infraestructura de transporte de pasajeros sobre rieles (especialmente metro y monorraíl) en siete estados brasileños y en el Distrito Federal".
Las sospechas se extienden a contratos para la construcción del metro en ciudades de los estados de Bahía, Ceará, Minas Gerais, Paraná, Río de Janeiro, Río Grande do Sul y Sao Paulo, así como en Brasilia.
El Cade, órgano vinculado al Ministerio de Hacienda, explicó que la investigación fue abierta con base en informaciones suministradas por ejecutivos y exejecutivos de Camargo Correa en un acuerdo de cooperación firmado con la Fiscalía el pasado martes.
Entre las obras de las que posiblemente fueron desviados recursos figuran las líneas de metro de las ciudades de Fortaleza, Salvador, Río de Janeiro, Brasilia, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba y cuatro líneas del metro de Sao Paulo.
El proceso, además, es una nueva derivación de la llamada Operación Lava Jato, que destapó la gigantesca red de corrupción que se distribuyó por al menos una década los contratos de la petrolera estatal Petrobras.
Según el Cade, los acuerdos de cooperación judicial con empresas permiten a sus suscriptores confesar la participación en crímenes, ofrecer informaciones y aportar pruebas a cambio, en este caso, de librarse de un proceso administrativo por la formación de cartel que puede impedir a la constructora de participar en nuevas licitaciones públicas.
Los ejecutivos de Camargo Correa dijeron que el cartel actuó en al menos 21 licitaciones públicas entre 1998 y 2014 y que involucró a 9 de las mayores constructoras de Brasil, entre ellas Odebrecht, Andrade Gutierrez, OAS y Queiroz Galvao.
"Es posible que otras diez constructoras también hayan participado del pacto", aseguró el Cade en un comunicado en el que citó algunas multinacionales como Alston y Siemens.
Según las confesiones, inicialmente, entre 1998 y 2004, Camargo Correa, Andrade Gutierrez y Odebrecht, las tres mayores empresas del sector, "intentaron dividirse entre sí grandes proyectos, principalmente aquellos que, considerando la elevada exigencia técnica, los convertían en los únicos competidores viables".
En una segunda fase, entre 2004 y 2008, otras empresas se sumaron al cartel, cuyos integrantes bautizaron al grupo como "Tatu Tenis Clube" (tatu es una referencia a máquinas perforadoras usadas en la construcción de túneles) para "disimular el carácter potencialmente ilícito de los contratos", según el Cade.
El período de mayor actuación fue entre 2008 y 2014 debido a que en esta época el Gobierno brasileño puso en marcha un ambicioso proyecto para la construcción de infraestructuras y fueron contratadas diferentes obras para el Mundial de fútbol que Brasil organizó en 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.
El Cade recordó que los investigadores de la Lava Jato ya habían aprehendido documentos con referencias al "Tatu Tenis Clube" en la que sus entonces cinco integrantes reciben el nombre de conocidos tenistas mundiales.
En sus confesiones, los ejecutivos de Camargo Correa dijeron que las propias constructoras financiaban estudios de viabilidad de los proyectos más complejos o elaboraban los proyectos básicos para las obras, y que los representantes de las empresas en el cartel se distribuían los contratos en reuniones periódicas.
Entre las obras de las que posiblemente fueron desviados recursos figuran las líneas de metro de las ciudades de Fortaleza, Salvador, Río de Janeiro, Brasilia, Porto Alegre, Belo Horizonte, Curitiba y cuatro líneas del metro de Sao Paulo. EFE