(Dedicado a las profesoras-historiadoras Nelia Ramírez y Petronila Dotel, seguidoras de la presente serie sobre la dictadura de Trujillo)
La “Guardia Universitaria Presidente Trujillo”, fue una agrupación “semi-militar” formada el 4 de marzo de 1937 en la Universidad de Santo Domingo (USD), integrada por decenas de estudiantes y un reducido grupo de profesores vinculados al Partido Dominicano. Organizada como estructura estudiantil con pretensiones que la vinculaban al Ejército, sus objetivos estaban relacionados con la destrucción de un movimiento estudiantil organizado por la Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios (ANEU), que no daba muestras de avenencia con la política educativa del régimen. La GUPT se convirtió en la genuina representante de la dictadura de Rafael L. Trujillo en la Universidad.
La Guardia “Presidente Trujillo” (GUPT), se proyectó como un organismo de control político responsable de imponer las líneas trazadas por el mandatario, garante de “la disciplina y el orden” en el conglomerado estudiantil, además de vigilante de las actividades profesorales en cuanto a las opiniones y actitudes políticas expresadas por ellos en las aulas universitarias.
Como lo expresa Lauro Capdevila en su obra sobre la Dictadura de Trujillo, su creación estuvo inspirada en la desconfianza que el presidente sentía acerca de los estudiantes, pues los consideraba “un semillero de futuros desafectos”. Por esa razón, a partir de 1932—dice el historiador—el dictador manifestó “su intención de encuadrar militarmente a la Universidad”.(1) La preocupación estaba motivada en las luchas desarrolladas por los estudiantes reclamando la autonomía universitaria y otras reivindicaciones académicas, que los enfrentaban directamente con las medidas educativas implementadas por las autoridades. Esto incidía en el ánimo del presidente, haciendo que ubicara a los estudiantes como un sector que no simpatizaba con la proyectada dictadura que se estaba instaurando desde principios de 1931. 
La ANEU enfrentó la política educativa de Trujillo
Desde los últimos años del gobierno del general Horacio Vásquez, estudiantes y profesores desarrollaron un amplio plan de lucha reclamando la autonomía escolar y universitaria que parecía se iba a lograr a partir de 1930;(2) pero la crisis política de febrero, con el golpe de Estado de Trujillo, impidió ese logro educativo. Los nuevos gobernantes prometieron que apoyarían la propuesta de los profesores y estudiantes autonomistas: “durante el gobierno provisional del Lic. Estrella Ureña, este triunfo comenzó a materializarse pues el 28 de junio de 1930 se promulgó la Ley No. 1310, que estableció la obligación del concurso para los aspirantes al profesorado. Ya en el poder Trujillo, la—Asociación Nacional de Estudiantes Universitarios—A.N.E.U, persistió en sus empeños (…) y como el movimiento seguía cobrando auge, Trujillo decidió tomar la ofensiva y liquidarlo poco a poco: se dio cuenta de que la Universidad estaba al borde de convertirse en un foco de oposición”.(3)
Iniciados los debates en el Senado, para discutir la modificación de la Ley de Enseñanza Universitaria, se pensó en una reforma radical del plan de educación vigente, “dotando a la Enseñanza de una autonomía amplia y provechosa para su mejor desenvolvimiento, con el propósito de independizar la instrucción y asegurar su funcionamiento como institución autónoma dentro de la organización general del Estado dominicano”, (4) y se creyó que no tendría oposición en el nuevo gobierno. Sin embargo, lo que se aprobó en el Senado fue una contrarreforma, que retrotraía aún más el sistema educativo.
En la nueva ley de octubre de 1930, se estableció que el Poder Ejecutivo, o mejor dicho Trujillo, nombraría los rectores y los profesores de manera directa y por decreto y estableció la modalidad de “profesores titulares y agregados”. Esta reforma atentaba contra el interés que se venía manifestando en el magisterio de la autonomía universitaria, como lo explicó el diputado Rafael F. Bonnelly, cuando dijo: “Yo no estoy de acuerdo con el proyecto que ha sometido el Poder Ejecutivo a la Cámara, porque yo, que he salido graduado de la Universidad de Santo Domingo tengo la aspiración de que se consagre la autonomía universitaria que destruye este proyecto”. (5) El articulo original decía que el “el Rector de la Universidad será nombrado por el Consejo Nacional de Educación” y ocuparía la rectoría por un período de 6 años, sin embargo a partir de la ley sería el presidente quien nombraría los rectores y profesores y el período aprobado para la gestión de solo 4 años.(6)
Igual sucedió con la reforma que se haría a la Ley de Educación. En diciembre del mismo año y cuando en el Congreso se discutía la modificación ya se sentía que sectores del gobierno no veían con interés la referida autonomía escolar, como queda evidenciado en el planteamiento crítico hecho por Teófilo Hernández en el Senado de la República, al recordarle a los congresistas que la Confederación de Partidos que llevó a Trujillo a la presidencia había prometido la autonomía escolar y que no quería se le acusara de perjuros por no cumplir con lo prometido.(7)
Por otro lado, los efectos de la Ley de emergencia promulgada por el gobierno inmediatamente después del Ciclón de San Zenón, provocarán un extendido malestar entre los estudiantes de las Escuelas Normales, las que fueron clausuradas casi en su totalidad. Solo fueron exceptuadas las Escuelas Normales de Santo Domingo y Santiago, justificando la medida con el argumento de que los demás planteles eran más perjudiciales que provechosos. La escuela de San Pedro de Macorís, por ejemplo, se dejó sin capacidad para otorgar certificados oficiales ni de suficiencias en los estudios, (8) y se establecieron impuestos de inscripción y de exámenes a los estudiantes de las Escuelas Normales que permanecieron abiertas.(9)
Los estudiantes reclamaron insistentemente la suspensión de las medidas debido a las dificultades económica. Los que tenían capacidad para cumplir con el pago de los impuestos, se trasladaban a Santiago o a Santo Domingo para continuar los estudios; pero en su mayoría los estudiantes se mantenían a la expectativa a la espera de que los locales escolares fueran reabiertos. En otros casos, algunos congresistas introdujeron proyectos de leyes para favorecer la apertura de algunas de las escuelas.(10) Pero la situación de cierre provocó el descontento de la mayoría de los estudiantes del país. 
En algunos casos los estudiantes hicieron llamados por la prensa pidiendo que se “levantaran la voz desde temprano y defendiéramos nuestro derecho” y en otros fueron celebradas asambleas de normalistas en las que se propusieron visitar en comisiones al presidente de la República para pedirle evitar el clausura de las escuelas.(11)
Esta situación se hizo más compleja, pues los que dirigían el sistema educativo dominicano y el propio gobierno eran contrarios a la “escuela hostosiana” y privilegiaban una educación técnica por encima de la teórica, por lo que desde 1930 y en los años subsiguientes, el Estado solo destinó recursos para esta última: se establecieron las Escuelas Rudimentarias en 1931, se fortaleció la Escuela de Artes y Oficios en 1932 y se legisló para que por medio de una ley se transfirieran recursos de gastos públicos a favor de las Escuelas Domesticas en 1933; mientras tanto, se comenzó a partir de ese año, a cobrar derechos de inscripción en las “Escuelas Secundarias oficiales”.(12)
Las luchas estudiantiles
El cierre de los planteles escolares, los impuestos para el pago de derecho de inscripción y exámenes, así como la negación a la autonomía escolar y universitaria incidieron para que el sector estudiantil fuera uno de los más comprometidos en las luchas contra la dictadura de Trujillo. Rechazaban la inclusión de la materia de Sociología dominicana en la Facultad de Derechos de la Universidad de Santo Domingo, exigían reivindicaciones coyunturales como que se permitiera al maestro y poeta Andrés Avelino ser profesor de la Universidad, y se oponían a la cancelación de Viriato A. Fiallo como profesor de la Escuela Normal. Pero lo que provocó la indignación de los estudiantes normalistas, fue el cierre de sus escuelas, debido a que esta decisión impedía a muchos terminar sus estudios, mientras otros tuvieron que esperar años para poder ingresar a los mismos.
Se dio el caso de que en algunas provincias los estudiantes se comprometieron a que si se mantenía la categoría de sus escuelas ellos garantizaban que esto no conllevaría erogación alguna para el Estado, ya que los profesores habían prometido que impartirían las clases sin recibir salarios algunos.(13)
El estado de ánimo de los escolares era de decepción, apareciendo en la prensa cartas emotivas firmadas por grupos de escolares que se despedían de sus maestros, como sucedió con la dirigida al profesor Miguel Campillo Pérez el 9 de marzo de 1931.(14) En otros casos, las protestas en los planteles llegaban a niveles de agitación, consideradas por algunos periódicos como “desagradables manifestaciones de protestas”(15) y en algunos casos, como sucedió en Santiago de los Caballeros, estudiantes realizaron manifestaciones públicas y detonaron explosivos en el edificio de la Escuela Normal.
Posiblemente fueron los estudiantes de Santiago y Santo Domingo los que organizaron más manifestaciones contra las medidas retrogradas del régimen de Trujillo, provocando que muchos de ellos fueran encarcelados por su posición. Varios maestros, como Ercilia Pepín, Sergio Hernández y Viriato A. Fiallo fueron cancelados y numerosos estudiantes normalistas y universitarios perdieron la vida, mientras que las asociaciones estudiantiles desaparecieron afectadas por la inactividad a que fueron sometidas por la represión oficial, como sucedió con la ANEU, la que se esfumó a partir de 1937 para dar paso, en ese mismo año, a la oficialista “Guardia Universitaria Presidente Trujillo”.
Desde entonces y por varios años, los estudiantes mantuvieron una actitud pasiva, mientras que los sectores más radicales participaron en actividades clandestinas contra la vida de Trujillo. Sin embargo, a partir de 1944 comenzó a gestarse la formación de la Juventud Revolucionaria, una agrupación antitrujillista que tuvo como centro de organización a la Universidad de Santo Domingo, y que luego cambio su nombre por el de Juventud Democrática, vinculada estrechamente a la agrupación izquierdista y antitrujilista conocida como “Partido Democrático Revolucionario Dominicano”.
En la próxima entrega, seguiremos con la “Guardia Universitaria Presidente Trujillo”, profundizando en sus objetivos, estructura organizativa y en su función como organismo de espionaje y control que se mantuvo generalmente activo hasta la muerte del dictador, en mayo de 1961.
(Notas bibliográficas: (1) Lauro Capdevila, La dictadura de Trujillo: República Dominicana 1930-1961. (1998). Santo Domingo, Sociedad Dominicana de Bibliófilos, 2010. pp. 71-72; (2) Una parte del presente artículo apareció publicado en el texto de mi autoría: Alejandro Paulino Ramos, “Lucha política durante la primera mitad de la dictadura”. En: Historia general del pueblo dominicano, vol. v. Santo Domingo, Academia Dominicana de la Historia, 2015, pp.203-267; (3) Juan Isidro Jimenes Grullón, Sociología política dominicana, 1844-1966. Vol. III, Santo Domingo, Alfa y Omega, 1980, p. 220; (4) Boletín del Senado, Año. 10, no. 78, 28 agosto 1930, p.49, 58; (5) Boletín de la Cámara de Diputados, Año 6, No. 66, agosto-septiembre 1930, p.32; (6) Ob. cit., p. 40-41; (7) “Exposición del doctor Teófilo Hernández en el Senado”, Boletín del Senado, Vol. 10, No. 80, 21 diciembre 1930, p. 154; (8) Boletín del Senado, Año 10 No. 81, 30 enero de 1932; (9) Boletín del Senado, Año 14, No. 107, 15 de agosto 1934, p.99; (10) Boletín del Senado, Año 12, No. 85 bis, 30 junio de 1932, pp. 426; (11) José N. Chabebe H., “Día de la Escuela, 1931”, La Opinión, 6 de marzo de 1931; (12) Boletín de la Cámara de diputados, Año 7, No. 68, enero-agosto 1931, p.173; también ob. cit., Año 7, No. 68, enero-agosto 1931, p. 64; (13) Véase carta firmada por J. Hernández R., Cesar Augusto Abreu, Francisco Abreu hijo, Antonio Batista C., y M. G. Matos Salinas, en La Opinión, 6 de marzo de 1931; (14) La Opinión, 9 de marzo de 1931; (15) “Las disidencias estudiantiles”. La Cuna de América, 24 de abril, 1932).