A pesar de sus doce años de gobierno del total de veinte de su partido ejerciendo la jefatura de la administración pública, el expresidente Leonel Fernández Reyna y actual figura de recambio, reveló sentirse desconcertado ante “…la idea de que una nueva generación en la República Dominicana carezca de las habilidades mínimas necesarias para descodificar un texto y discernir sobre su significado” (Listín Diario, 13-9-2021). De hecho, apoderado de todas las instituciones del estado, durante su extenso mandato, tal afirmación debió enfocarse, a menos que recurriera a la desmemoria y el cinismo, sobre su nivel de implicación en la decepción pedagógica de la que él mismo se lamenta.

Apoyándose en un estudio regional, de carácter comparativo,  realizado por la UNESCO (2019), y recién divulgado por el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), el  sesenta y dos por ciento (62%) de la población dominicana de diez años no podía comprender la lectura de un simple texto. En ese tenor, el Dr. Fernández Reyna formalmente se auto-incrimina, por cuanto él mismo fue jefe de estado amparado en un régimen presidencialista. Auto-imputándose aún más, cuando añade los “fatídicos resultados” de otra evaluación internacional (Pisa, 2018), donde la República Digital, engendrada por su fuero y su partido, quedó en el último lugar del promedio general de lectura, por debajo de la media, de un montón de países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y del continente de Abya Yala.

Argumenta el Dr. Fernández, además, que “…la escuela dominicana no ha sido capaz de poner en ejecución un verdadero plan de lectura. Para superar, empero, esta infortunada situación, el expresidente meramente propone “…la selección de textos apropiados para cada edad, los cuales deben estar disponibles, sobre todo para aquellos estudiantes cuyos padres no tengan la capacidad económica para adquirirlos”. Igualmente, apela a lo determinante que resultan las bibliotecas universitarias, municipales y móviles, los bibliotecarios, e instituciones internacionales para el fomento del libro.

Ahora bien, ¿Podríamos aceptar la validez de su discurso invocando sus propias declaraciones? De acuerdo a un informe de la Cámara de Cuentas (períodos 2004-2007/2005-2007), con relación a la distribución de los recursos mineros municipales durante su mandato, centralizador y verticalista, autoridades y funcionarios de su gobierno se apropiaron, violando la Ley 507-05, del grueso de los fondos, en millones de pesos, pertenecientes al municipio de Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel. Esto impidió, obviamente, que se construyera en dicho municipio, entre otras cosas, una casa de la cultura, una biblioteca pública, y la compra y selección, como bien lo señala el Dr. Fernández Reyna, de los textos pertinentes para cada edad, sobre todo para aquellos educandos cuyos padres carecían del poder adquisitivo para  comprarlos.

Funcionarios o autoridades peledeístas se apropiaron, violando la Ley 507-05, de millones pesos de los fondos mineros propiedad del municipio de Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel.
Funcionarios o autoridades peledeístas se apropiaron, violando la Ley 507-05, de millones pesos de los fondos mineros propiedad del municipio de Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel.

En cuanto a la falta de comprensión de lectura, Fernández Reyna considera que la misma “…consiste en un proceso de descodificación de los signos o letras, que a su vez forman palabras, frases e ideas. Si los niños no tienen el conocimiento sobre el significado de las palabras, por contar con un vocabulario insuficiente, es evidente que no podrán comprender a plenitud el significado o el contexto de lo que están leyendo.” Pero resulta problemático, para el más común de los mortales,  poder interpretar la presente narrativa del exmandatario, puesto que, ante el panorama sombrío de la educación dominicana, el Dr. Fernández Reyna la relega, forzosamente, al margen del contexto que el mismo había forjado. De ahí que debamos recurrir, obligatorimente, a una pirueta de lectura comprensiva, comparando sus quimeras con las fábulas del legendario Esopo. Por tal razón, un forista le recomienda al expresidente confesarse con Monseñor Agripino, y que, incluso, deje de hablar de educación porque “el hombre no se conoce ni por lo k escribe ni por lo k hable, sino por lo k hace”.

De todas maneras, para remontar la posible “crisis del conocimiento” a la que apunta el Dr. Fernández Reyna, no basta con la ejecución de “un verdadero plan de lectura” y con la “selección de textos apropiados para la edad”,  sino que también, en la práctica pedagógica dentro del salón de clase, escenario crítico de la lucha social e ideológica, debemos enfocarnos en el rol interpretativo de los poderes fácticos. En efecto, con el desmantelamiento del proyecto  hostosiana de la enseñanza pública,  se le ha dado continuidad a un sistema jerárquico de análisis textual que, fundamentado en un pensamiento único, cuasi teocrático, ha impedido el desarrollo del pensamiento crítico. En otras palabras: el totalitarismo hermenéutico, especialmente con relación a las humanidades,  determina la interpretación textual de acuerdo a una interpretación unívoca, contrapuesta a la pluralidad interpretativa, necesaria para la lectura comprensiva y su valor cognitivo, trascendente, en el contexto de la verdad y la justicia. El problema no es solo la falta de lectura comprensiva en sí, sino también el hecho de cómo interpretamos y categorizamos respecto al medio social donde materialmente vivimos.

De igual manera, la politización partidaria del sistema educativo quisqueyano, y la centralización del estado en todos los aspectos de la vida nacional, entre otros, contribuyen a mantener en descalabro permanente el proceso de la educación pública del país. La primera se nutre con la designación, en los diferentes estamentos del quehacer educativo, de partidarios y profesores con una preparación académica deficitaria, fruto del negocio de  las universidades que  preparan a los docentes inadecuadamente, y la segunda es típica de la democracia del subdesarrollo, la cual centraliza la vida institucional de la nación en los límites geográficos y autocráticos de la metrópolis capital de la República, y, en consecuencia, impidiendo la legítima competencia, la solidaridad y el desarrollo económico y cultural de las demás municipalidades.

Las instituciones educativas no constituyen sistemas cerrados, sino sistemas abiertos en cuanto responden, subordinados, a los intereses de las estructuras políticas y financieras de las élites del poder, las cuales, en última instancia,  imponen su agenda a los procesos pedagógicos que deben implementarse durante el aprendizaje. En otras palabras: el problema de la educación dominicana no solo reside en el escenario estricto de las aulas. De ser así, estaríamos escamoteando el fracaso del modelo total de sociedad que experimentan, fundamentalmente, los de abajo.