Las protestas iniciadas después de la muerte de Trujillo se fueron incrementando y con el tiempo se convirtieron en violentas y sindicadas de manera despectiva, por los periódicos El Caribe y La Nación, como “turbas”. Antes, cuando los que protestaban incendiaron a Radio Caribe, el 7 de julio, ya el Fiscal del Distrito había bautizado a los manifestantes con ese calificativo. “Las turbas”, como se conocieron popularmente, se convirtieron en pobladas, movimientos de protestas populares que tomaron auge en julio de 1961 para enfrentar a los calieses y a personas conocidas por sus actuaciones contra los opositores o por sus vínculos con la dictadura. Adolecían de una clara y compacta dirección, aunque en ellas estaban implicados los partidos de izquierda y la Unión Cívica. 
Después del 18 de noviembre cuando Ramfis y otros de la familia del sátrapa abandonaron el país, las “turbas,” atacaron y destruyeron propiedades de los Trujillo y sus colaboradores. Estos movimientos, que se sucedieron hasta finales de enero de 1962, integraban a personas de todas las clases sociales: obreros, estudiantes, profesionales, chiriperos y residentes en los barrios populares, decididos a impedir la prolongación de la dictadura trujillista. También se llegó a decir que estuvieron motivadas por funcionarios y militares de la misma dictadura, interesados en saquear las propiedades y quedarse con bienes de los que abandonaron el país.
El saqueo, la destrucción de los símbolos de la tiranía tomó fuerza en una segunda etapa a partir del domingo 19 de noviembre, cuando el pueblo se enteró de la salida de la familia del sátrapa. Aquel día, los más destacados calieses y miembros del SIM abandonaron sus casas y barrios y salieron del país o se ocultaron para evitar la represalia de la población enaltecida.
En muchos casos, antes de que las pobladas llegaran hasta las puertas de las residencias de lujos de los trujillistas, ya militares y funcionarios habían cargado con las cosas más valiosas dejadas por sus propietarios en ellas. El periodista Juan José Ayuso, en una crónica preparada para la revista Ahora de agosto de 1962, refiriéndose a esas acciones, dijo: “en la capital, se realizó un exhaustivo saqueo en esos lugares. Joyas, objetos de valor, dinero en moneda dominicana y armas blancas y de fuego, fueron tomadas por los miembros de las Fuerzas Armadas que llevaban la cabeza en los saqueos. Lo que encontraron los grupos de gente humilde fue bien poco. Algunos pesos, joyas de baratija y objetos varios. Esto motivó que “las turbas”, sintiéndose defraudadas, arrancasen los marcos de puertas y ventanas, losetas de cuartos de baños, grifos y hasta mosaicos de pisos, cargando con ellos en represalias”.
Ese tipo de protesta que pareció disminuir en noviembre de 1961 con la salida de los familiares de Trujillo, se combinó con otros tipos de movimientos, como por ejemplo la huelga del transporte público que se prolongó por 11 días, entre el 14 y el 25 de noviembre. Los Trujillo salieron definitivamente el día 18 de ese mes; pero los huelguistas y manifestantes esperaban que también lo hiciera el doctor Joaquín Balaguer, quien hizo lo imposible para permanecer como presidente, aunque para ello tuvo que aceptar la participación en su gobierno de los sectores implicados en la muerte de Trujillo. 
Los cívicos y el PRD comenzaron a entenderse con Balaguer:
En el proceso de democratización que se estaba viviendo en República Dominicana después de la muerte del sátrapa, la participación de los partidos pasaba por la búsqueda del consenso favorecido por los Estados Unidos y del agrado del presidente Balaguer. Ambos, veían al Movimiento 14 de junio y al Movimiento Popular Dominicano como obstáculos para el acuerdo perseguido con la finalidad de que se formara un gobierno con representación de la Unión Cívica Nacional y del PRD; pero bajo el control de Joaquín Balaguer. Estaba en el tapete, en los temas coincidentes, la convocatoria a elecciones generales en mayo de 1962.
Ese acercamiento político no estaba exento de tensiones, pues la Unión Cívica acusaba directamente al doctor Balaguer de patrocinar los actos de violencia escenificados por los calieses y el Servicio de Inteligencia Militar contra la oposición; replicando el presidente que él estaba haciendo esfuerzos para establecer en el país un régimen honesto, de fisonomía civil y de principios democráticos representativos, y que en caso de que se dieran actos de violencia, él los consideraba como excesos de los miembros de seguridad, por lo que estaba dispuesto a utilizar al ejército para imponer el orden. En cuanto a la denuncia de que se estaba cancelando de sus trabajos a opositores al régimen, el mandatario justificó esa medida diciendo que los empleados del gobierno no podían ser miembros de otro partido que no fuera el Partido Dominicano (PD), y que si alguien quería inscribirse en la UCN u otra organización tenía primero que renunciar a la condición de servidor público.
Por su parte, el MPD, con muchos de sus dirigentes encarcelados y deportados, acusados de violar la ley anticomunista del 13 de julio aprobada a raíz de la quema de Radio Caribe, dirigió una carta al presidente Balaguer exigiendo el cese de la persecución política y argumentando que ellos no eran de ideología comunista; exponiendo su programa político: que su lucha era por los derechos humanos, por la industrialización del país, la nacionalización de las empresas extranjeras de servicios, la extirpación del hambre y la miseria. Además, por una reforma integral de la educación, el fomento de viviendas para los campesinos, el mantenimiento de la independencia nacional y la autodeterminación, así como por la instauración de un gobierno democrático que estableciera relaciones diplomáticas con todos los países y que impulsara la reforma agraria.
Las relaciones de la oposición con el gobierno, auspiciadas por la OEA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, se habían resquebrajado desde antes de la salida de los Trujillo. Desde el mes de agosto de 1961, algunos sectores trujillistas prefirieron aplicar una línea dura para permanecer en el poder y aunque el doctor Balaguer y la UCN se reunieron el día 4 de agosto, la situación se deterioró con rapidez a partir del día 5, cuando las fuerzas policiales irrumpieron en las sedes de la UCN y del Movimiento 14 de Junio, llevando detenidos a más de doscientas personas, acusándolas de poseer armas de fuego de manera ilegal. Ese mismo día la UCN se quejó de que sus miembros estaban siendo apresados, mientras la violencia oficial arropaba las principales ciudades del país.
Protestas contra represión:
Los hechos más sangrientos del mes de agosto ocurrieron en la región del Cibao, cuando la UCN realizaba una manifestación política en Santiago de los Caballeros. En los días anteriores a ese mitin, el Partido Dominicano publicó decenas de espacios pagados pidiéndole a sus miembros alejarse de las actividades públicas de la oposición, para que no los implicaran en lo que iba a pasar, ya que ellos tenían informaciones—decían sus dirigentes—de que las mismas iban a ser supuestamente atacados por los partidos que los organizaban para luego acusar al gobierno; pero se realizaron las manifestaciones y todos vieron a los policías, calieses y miembros del SIM apresando y disparando a matar.
En el mitin de Santiago del 22 de agosto resultaron muertos seis miembros de la UCN, entre ellos Pedro Clisante y Mario Erasmo Bermúdez. Esto provocó que Monseñor Elíseo Pérez Sánchez protestara públicamente por los atropellos cometidos por los trujillistas y policías. La respuesta de la oposición fue la protesta pública en todos los pueblos y la amenaza de que pedirían la intervención militar de los Estados Unidos.
La represión a los movimientos de protestas, la prohibición anunciada por Balaguer el 8 de agosto, de que no iba a permitir el regreso de los exiliados que llegaran desde Cuba, y el llamado a los dirigentes del MPD para que solicitaran sus pasaportes y se marcharan del país, además de que la Policía mantendría a los comunistas alejados del escenario político durante el periodo de transición, dejaban claramente establecido los propósitos del gobierno. Las protestas pusieron en peligro el proceso de transición diseñado por Balaguer y Ramfis y obligó a que se pusiera en libertad a 44 de los prisioneros que estaban acusados de complicidad en la muerte de Trujillo, en su mayoría familiares de los héroes del 30 de Mayo.
En cuanto a la actitud de la Organización de Estados Americanos en la coyuntura, esta anunció que enviaría técnicos electorales para monitorear el proceso que debía desembocar en mayo de 1962, y los Estados Unidos mostraron interés en que se investigaran los hechos violentos sucedidos en agosto y apoyaron a la OEA en las gestiones de acercamiento entre el gobierno y la oposición. En el marco de ese clima de inestabilidad, el doctor Balaguer amenazó con renunciar a la presidencia el 24 de agosto, en caso de no recibir el apoyo del Congreso Nacional al “proceso de democratización” y a las elecciones de mayo de 1962, en las que mostraba interés en ser el candidato representante del sector trujillista. Pero públicamente decía que él, ni miembros de la familia Trujillo tenían interés en participar en ese certamen.
Los estudiantes controlaron la Calle Espaillat:
El gobierno de Ramfis Trujillo y Balaguer fue estremecido con el auge alcanzado por las protestas a partir del 20 de octubre de 1961, cuando decenas de estudiantes de la Universidad de Santo Domingo (USD) controlaron y declararon “zona libre” las inmediaciones de la calle Espaillat en la zona colonial y la barriadaa de Ciudad Nueva, demandando la salida de los familiares de Trujillo y el fin de la dictadura.
Los incidentes se iniciaron el martes 17 de octubre en la Universidad, después que en manifestaciones realizadas en el campus los estudiantes comenzaron a destruir las estatuas, retratos y placas que recordaban al tirano muerto. Esto provocó la intervención policial cercando el centro de estudio, presionando para que los universitarios abandonaran el recinto educativo, lo que se logró por la intervención del profesor Castaño Espaillat quien convenció a los protestantes para se marcharan y evitaran una desgracia, ya que la Policía amenazaba con penetrar al lugar de manera violenta. Los protestantes accedieron y más de mil se dirigieron al centro de la ciudad, siendo perseguidos y dispersados por la policía, mientras que el gobierno procedió a la suspensión de todas las actividades y al cierre de la Academia.
Los manifestantes tomaron bajo control el sector de Ciudad Nueva y lo declararon “territorio libre”. El 19 de octubre en la tarde, los protestantes reforzados por jóvenes estudiantes de la Escuela Normal y de los barrios pobres, tomaron el control de la calle Espaillat y ocuparon las azoteas de los edificios, rechazando a pedradas y con otros objetos la presencia de los policías que dispararon intentando controlar a los estudiantes.
El 20 de octubre en horas de la tarde la policía colocó alambradas de púas para impedir la solidaridad con los protestantes y al caer la tarde penetró en la zona, ocupando la calle Espaillat y otras aledañas con un saldo trágico de diez estudiantes muertos y 50 heridos; pero sin impedir que las protestas se extendieran por toda la ciudad de Santo Domingo, que todavía llevaba el nombre de Ciudad Trujillo. Entre los asesinados se encontraban el estudiante universitario Ticio Roldán Vargas Almonte y el obrero José Ignacio Cerda. Los acontecimientos incidieron en la llegada de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, el 25 de octubre y nuevas protestas y huelgas se sucedieron reclamando el fin del gobierno de Ramfis y Balaguer. La UCN y el 14 de Junio solicitaron a la Comisión de la OEA que visitó el país en esa ocasión, el mantenimiento de las sanciones económicas y diplomáticas contra el régimen. El mismo día de los acontecimientos de la calle Espaillat, llegó a Santo Domingo el Profesor Juan Bosch, procedente de Curazao, con la intensión de colaborar en el proceso de “paz y convivencia política”.
Joaquín Balaguer intentó prolongar su presidencia:
El proyecto del doctor Joaquín Balaguer para permanecer como presidente de la República más allá de la salida de los Trujillo, descansaba en el interés de los Estados Unidos en lograr un proceso de democratización sin traumas y para evitar que en el país se estableciera un tipo de gobierno que ellos no pudieran controlar.
Ya en 1960, con las sanciones económicas y diplomáticas impuestas al país por la Organización de Estados Americanos, Trujillo tenía al doctor Balaguer como su posible “sustituto,” pues a este no se le implicaba directamente en los crímenes de la dictadura. Por esta razón, aunque el pueblo exigía la salida de él y de los Trujillo, la OEA y los Estados Unidos sólo insistían en la salida de los primeros. El que fue presidente “títere” tomó el control absoluto del gobierno en medio de protestas callejeras, huelgas y la presión internacional y la presencia de embarcaciones de guerra americanas ancladas frente al Malecón de la Capital. La incapacidad de Ramfis y Balaguer para detener la crisis de gobernabilidad provocó la renuncia del hijo del tirano como Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el 14 de noviembre. Ese día los Estados Unidos pidieron a la OEA el levantamiento de las sanciones contra el país, como un gesto de aliento al gobierno del abogado de Navarrete.
El crimen de la Hacienda María:
Los implicados en el ajusticiamiento del dictador Rafael L. Trujillo, fueron Amado García Guerrero, Antonio de la Maza, Salvador Estrella Sadhalá, Huáscar Antonio Tejeda Pimentel, Pedro Livio Cedeño, Roberto Rafael Pastoriza Neret, Luis Manuel Cáceres Michell, Modesto Eugenio Díaz Quezada, Antonio Imbert Barreras, y Luis Amiama Tió. García Guerrero fue asesinado el 1 de junio en la Avenida San Martín mientras que Antonio de la Maza y Juan Tomás Díaz murieron el 4 de junio en la Avenida Independencia, en enfrentamientos con oficiales del Servicio de Inteligencia Militar (SIM). Sólo salvaron las vidas y no fueron apresados, Luis Amiama Tió y Antonio Imbert Barrera.
Los demás implicados fueron apresados y encarcelados en la cárcel de La Victoria y luego asesinados en la Hacienda María, propiedad del tirano, al caer la tarde del 18 de noviembre de 1961. Antes, habían sido trasladados a la finca del tirano, por orden de Rafael L. Trujillo hijo (Ramfis) y con la finalidad de asesinarlos en venganza por la muerte de su padre.
Los seis héroes asesinados ese día fueron Pedro Livio Cedeño, Modesto Díaz, Luis Manuel Cáceres, Huáscar Tejeda, Salvador Estrella Sadhala, y Roberto Pastoriza. De aquel crimen fueron acusados, de acuerdo al proceso de extradición iniciado a finales de noviembre del mismo año y en el que actuó como Juez de Instrucción el doctor Fernando A. Silié Gatón, los militares: Américo Dante Minervino Matías, Rafael Antonio Palma (Frillo), Manuel Ramón Rivas Viñas, Gilberto Sánchez Rubirosa, Luis José de León Estévez, Héctor B. Trujillo Molina, José Arismendi Trujillo Molina, Federico A. Cabral Noboa, Rafael Leonidas Trujillo hijo, Fernando A. Sánchez hijo, Ciriaco de la Rosa, Emilio Estrella Mayeta, Zoilo Hernández, Francisco Villeta Delgado, Luis Saillant, y Francisco Antonio Marte Tejada.
Ramfis Trujillo y sus amigos más cercanos, oficiales de la policía y miembros del Servicio de Inteligencia Militar, se asociaron para ejecutar la venganza planificada contra los que ajusticiaron a Trujillo. El plan se inició con la sustitución del jefe de la cárcel de La Victoria por el Mayor Américo Dante Minervino, quien el 18 de noviembre trasladó a los héroes de Mayo a la cárcel del Palacio de Justicia, con el supuesto fin de llevarlo a un descenso judicial al sitió donde murió Trujillo; pero aquello era un engaño con el que se quería cubrir el crimen que se iba a cometer. Desde el Palacio Judicial los prisioneros fueron llevados directamente a la Hacienda María para ser entregado al hijo de Trujillo.
Antes, y para simular que los detenidos habían escapado, fueron escogidos los presos comunes de la cárcel de “La Victoria”: Félix Calderón, Pedro María Romero Alcántara y Fabriciano de la Cruz, quienes pertenecieron a la agrupación militar conocida como Legión Extranjera y vestidos de policía fueron trasladados al Reparto Isabelita en la carretera que llevaba a Boca Chica, y allí asesinados por Dante Minervino y varios de sus compañeros.
Al tiempo que los héroes eran llevados a la “Hacienda María”, los empleados de la propiedad del “Jefe” fueron sacados de la finca y enviados a sus hogares con la excusa de que Ramfis y sus colaboradores tenían una “fiestecita con unas muchachas” y no querían que nadie se enterara.
Los héroes del 30 de Mayo comenzaron a ser bajados de la guagua policial por Dante Minervino, quien los entregaba a Sánchez Rubirosa y a Luis José León Estévez quienes los iban entregando al hijo del tirano, que los recibía en una plataforma de concreto al lado de la piscina y muy cerca del mar. Aproximadamente a las 7:00 de la noche los seis héroes fueron asesinados: el primero en morir lo fue Pedro Livio Cedeño. Todos recibieron numerosos impactos de balas y sus cuerpos desaparecidos por oficiales de la Aviación Militar Dominicana.
Mientras Ramfis asesinaba a los implicados en la muerte de Trujillo, los presos comunes asesinados en el Reparto Isabelita fueron vestidos de policías y llevados a la carretera de “La Victoria” en un vehículo de la policía; colocados de modo que pareciera que los que estaban muriendo en la “Hacienda María” se habían escapado cuando eran llevados al Palacio de la Justicia, recibiendo la ayuda de personas amigas. Con ese fin, propio de un guion de novela, el vehículo apareció abandonado y con los supuestos policías ya muertos, en una guagua de las llamadas “Perreras” que presentaba perforaciones de balas.
Aquel sábado 18 de noviembre cuando ya la noche tendía su manto sobre la provincia de San Cristóbal, Rafael Leonidas Trujillo Martínez (Ramfis), Luis José León Estévez, Sánchez Rubirosa y cercanos familiares y colaboradores de Ramfis, se embarcaron en el “Yate Presidente Trujillo” que se encontraba anclado en el puerto de Haina y se marcharon al extranjero. En la presidencia de la República Dominicana quedó el doctor Joaquín Balaguer, quien había sido vicepresidente desde 1957 y a partir de agosto de 1960, con la renuncia de Héctor Bienvenido Trujillo y por instrucción de Trujillo, ocupaba de manera simbólica la presidencia de la República. Con la salida al extranjero de la familia Trujillo se iniciaba la segunda etapa del proceso de democratización de la República Dominicana.
Los Trujillo se marcharon del país:
Las presiones para la salida de los Trujillo se acentuaron a partir del 15 de noviembre con una huelga de choferes, paralización de los empleados de Obras Públicas, el cierre del comercio, los preparativos para cerrar las escuelas y conflictos entre los mandos militares. El domingo 19 de noviembre el General Pedro Rafael Rodríguez Echevarría se pronunció en la Base Aérea de Santiago de los Caballeros en contra del sector trujillista y en apoyo del presidente Balaguer. El día anterior, después de asesinar a los héroes de Mayo, Ramfis y sus familiares salieron del país. De inmediato el doctor Balaguer designó al General de Brigada Félix Hermida hijo Jefe de Estado Mayor de la Aviación Militar, al General de Brigada Luis Román como Jefe del Ejército, y el Brigadier Pedro R., Rodríguez Echevarría como Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas.
Mientras tanto, aviones de guerra lanzaron volantes proclamando el apoyo de la Fuerza Aérea al gobierno de Balaguer. En las calles de Santiago se escuchaban disparos y las oficinas públicas y el comercios cerraban sus puertas; en la capital se vivía en una tensa situación y era común ver la alegría de la gente y el pánico en las caras de los calieses y sus familiares quienes empuñando armas y nerviosos, buscaban la forma de escabullirse.
En ese ambiente, el presidente Balaguer se dirigió por radio y televisión al pueblo dominicano para informarle sobre las contradicciones internas dentro de las Fuerzas Armadas, que habían llevado el país al borde de una “guerra cruel”, y que existía la posibilidad de una intervención militar de los Estados Unidos. En el discurso pidió que todos los sectores se unieran en torno a su gobierno, y decretó de inmediato un “estado de emergencia nacional.” Su nuevo gobierno contó con el apoyo público del Partido Dominicano. La salida fue de agrado para la OEA y los Estados Unidos, pero ese mismo día el diario oficialista La Nación, sin proponérselo, trajo la consigna para las nuevas luchas. Las Consignas a partir de ese día fue “Libertad para Navidad”, en el entendido de que Balaguer significaba la continuidad de la dictadura.
Medidas de gobierno de Balaguer:
El 19 de noviembre de 1961 se inició el periodo de gobierno que va a finalizar el 18 de enero de 1962, cuando el doctor Joaquín Balaguer, asediado por las protestas contra su gobierno, decidió recluirse en la Nunciatura Apostólica. Entre los más importantes compromisos de Balaguer con la Organización de Estados Americanos, los Estados Unidos y la oposición, se encontraban la convocatoria a elecciones libres en mayo de 1962, impulsar reformas económicas, democratizar el país y desmontar la estructura represiva del régimen de Trujillo.
Entre las medidas tomadas durante los sesenta días su mandato se decidió la restitución del antiguo nombre de la ciudad de Santo Domingo que desde 1936 era oficialmente llamada Ciudad Trujillo; decretó el toque de queda a partir de las 6 de la tarde en todo el país, ya que las protestas continuaban y a iniciativa de la Asociación de Abogados se estaba organizando una huelga general que comenzó el 27 de noviembre y termino el 9 de diciembre, bajo la consigna de los cívicos y catorcistas de “Navidad con Libertad” y “Navidad sin Balaguer”.
Las autoridades recurrieron a la ley de amnistía No. 5683, la cual había sido promulgada el 18 de mayor de 196l, para liberar a todos los presos políticos, en especial a los que todavía quedaban detenidos por la muerte de Trujillo; además se pasaron 35 empresas que habían pertenecido a Trujillo, a la administración del Estado dominicano.
En este período, presionado por las protestas de los universitarios, el Congreso Nacional aprobó el proyecto de autonomía universitaria, la que Balaguer promulgó el 8 enero de 1962. Desde entonces el alto centro de estudios lleva por nombre “Universidad Autónoma de Santo Domingo”. También, el 28 de diciembre de 1961, Balaguer anunció la desintegración del Partido Dominicano, instrumento de control ideológico y político de la dictadura, y dos días antes de terminar el año designó un gobierno colectivo con el nombre de Consejo de Estado.