Ante la admitida debacle del sistema educativo del país, el ministro de Educación Superior Ciencia y Tecnología (MESCyT), Franklin García Fermín, se propone articular con el Ministerio de Educación (MINERD) y demás instituciones de educación superior, un primer borrador de trabajo, con el objetivo de fijar una política pública de formacion docente “integral”, de “calidad” y “equidad”, y al mismo tiempo ejecutada con “efectividad” y “pertinencia”. Sin embargo, invocar las transformaciones relativas a la superación de los educadores, de ningún modo podría asegurarse recurriendo a un bagaje terminológico al margen de una estrategia comunitaria y descentralizada que garantice su cabal materialización.
Ese primer bosquejo asumirá, en efecto, un modelo pedagógico articulado dentro del estrecho marco de la centralización del Estado, prototipo este, congénito e institucionalizado, desde la fundación de la República, cuyo papel regulador consiste, igualmente, en definir las categorías conceptuales que las elites políticas y educativas, enquistadas en la capital metropolitana y el palacio presidencial, autocráticamente imponen sobre las subsirvientes municipalidades del país, generando, a través de pactos y acuerdos artificiosos, un pensamiento único, totalitario. Además de su función extractivista, por cuanto en la pasada administración de la corporación peledeísta, la antigua Secretaria de Educación Superior Ciencia y Tecnología, según una auditoria de la pasada Cámara de Cuentas, se apropió, en el 2005, violando la Ley 507-05, de diez millones de pesos correspondientes a la provincia Monseñor Nouel. Recursos estos que bien pudieron utilizarse en la formacion docente de las comunidades.
Importante: ¿sobre qué base podría un Estado centralizador aplicar las urgentes transformaciones académicas para la superación de los educadores, basado en un catálogo exclusivo de conceptos incongruente con las injustas condiciones materiales y desigualdades sociales? En ese sentido, ningún régimen educativo puede funcionar como un sistema cerrado, al estilo, por ejemplo, de las pautas del ajedrez. Es decir, al margen del entramado socioeconómico, político y cultural prevaleciente en las sociedades. En este caso, no solo se abandonaría el cometido de las transformaciones propuestas, sino que también estaríamos contribuyendo al socavamiento de nuestra nación como tal. Maxime con un discurso autorreferencial y demagógico, análogo a los cálculos formales del “desarrollo” económico que, aun contrapuestos al desarrollo humano, pregonan notables economistas, intelectuales y académicos. Precisamente, engañifas que constituyen la doctrina de un inextinguible “eterno retorno” que reiteradamente ocurre, gobierno tras gobierno, en detrimento del desarrollo integral de la República, manteniendo articulada una política educativa centralizadora de todo lo que existe, y, por consiguiente, fomentadora de la demagogia y el retroceso recurriendo a esa peculiar urdimbre terminológica incompatible con el contexto referencial, comunitario, que pudiera materializar, en la praxis, el llamado “cambio” que las autoridades pretenden implementar.
Bien visto el punto, las edulcoradas expresiones citadas en el primer párrafo: “integral”, “calidad”, “equidad”, “efectividad” y “pertinencia”, no contienen valor significativo alguno en tanto boguen en la patología manipuladora de un contexto semántico imaginario, y, en consecuencia, alejadas de la verdad y la justicia de que alardean en reiterativas comisiones y ágapes sociales, empresarios, burócratas, tecnócratas e intelectuales que, atrincherados entre los parámetros de la centralización del Estado, se regodean proponiendo sus consuetudinarias categorías conceptuales, asumidas, más bien, como una especie de terapia ocupacional entre anfitriones, para mantener el pensamiento comunitario subordinado a un Estado clientelista. Este, a través de sus ministerios y demás instituciones, desestiman el poder decisorio de las municipalidades, su legitima coproducción de conocimientos y su verdadera praxis transformadora.
Finalmente, no basta con el uso de categorías lingüísticas o metafóricas meramente retoricas para apuntalar una política pública de formacion docente, a menos que las autoridades insistan en negar la miseria integral del progreso que, mediante el clientelismo, el asistencialismo y el patrimonialismo de Estado, las autoridades educativas internalizan y pregonan, adoptando un discurso neoliberal, los patrones de conducta y los componentes ideológicos del poder oligárquico que representan.