A raíz del “concurso” de rediseño del logo o logotipo de Pro Competencia, con las inconvenientes irregularidades divulgadas por medios de comunicación, han surgido observaciones sobre lo elevado del monto asignado para el diseño del logo marca institucional. ¿Es adecuado el precio que se paga? ¿Vale la pena gastar tanto dinero, en el diseño o rediseño de identidades de los organismos del Estado? Son preguntas que la ciudadanía se hace, en un juicio en donde la razón de pertinencia, choca contra realidades de demandas sociales imperiosas de los dominicanos.
El uso de las marcas se remonta al siglo V a. C., etapa en la que mercaderes y artesanos estampaban sus signos (caligráficos, figurativos o abstractos) en los artículos que elaboraban. Estas marcas o identidades, garantizaban la procedencia de esos artículos, evitaban los robos y legitimaban calidades de productos. Las imágenes así realizadas, son consideradas precedentes históricas de las identidades y marcas comerciales contemporáneas. Durante la Edad Media, con el funcionamiento del sistema corporativo y los rigurosos e históricos requerimientos impuestos, se demandó que en todos los objetos que se fabricarán aparecieran las marcas de las corporaciones responsables.
La industrialización de Occidente y especialmente luego de la segunda revolución industrial, fue el período en que la producción seriada y el perfeccionamiento de los sistemas de impresiones, posibilitaron el desarrollo decisivo de la marca –conjunto de elementos gráficos (logotipo, logo, isotipo, etc.) que definen a una institución, empresa o producto–; trascendiendo el objeto señalado con la identidad, para situarse a otros niveles de la comunicación masiva, al conquistar los medios visuales y audiovisuales.
El logo, ese dibujo, imagen ó símbolo que marca e identifica icónicamente a una institución, empresa o producto; y que en su vertiente lingüística puede constituirse en logotipo, cuando establece una grafía particular que adopta la escritura del nombre de la marca; es el sujeto que en el caso específico del concurso de marra, lleva a esclarecer.
Con apenas siete días para presentaciones de propuestas, luego de la convocatoria (19 de diciembre 2016) y en las que Pro Competencia, en sus “Especificaciones Técnicas” del concurso por invitación, demandaba: “Rediseño y remozamiento del logo actual. Presentación creativa de nuevo logo y aplicaciones. Implementación de la nueva identidad corporativa. Entrega de Manual de Marca, según el nuevo ejercicio de logo. Acompañamiento y supervisión en la producción de materiales gastables con la nueva imagen de marca.”
De las propuestas presentadas, la del segundo monto mayor por la suma de RD$ 1,952,000. (Un millón novecientos cincuenta y dos mil pesos), fue la declarada ganadora. Hay que desagregar las particularidades del concurso en dos: La primera, atienden a las razones de valoración para no escoger por su diseño la de menor precio, ya que caen en el grado de la especulación subjetiva, interesada o no, de quien hiciera la evaluación técnica para la elección.
La segunda, es la que apunta hacia el hecho denunciado. El conflicto ético generado por los grados de interrelaciones revelados entre directora, ganador y evaluadora. Parte, que no es de mí interés dilucidar en este artículo y que los responsables estatales, asumimos, deberán proceder en consecuencia.
Entonces, ¿cuánto se debe cobrar por rediseñar el logo?. Pregunta no fácil de responder, ya que las diferencias de precios pueden ser indecorosas en trabajos similares, dependiendo elementalmente de diseñador y cliente. No existe una tarifa especifica y todo atiende al grado de complejidad de la propuesta, el tiempo de investigación juiciosa para originar la marca; tiempo–horas empleadas en el diseño y formulación de propuesta (la tarifa hora de los expertos del diseño, varia de acuerdo a sus calidades y profesionalismo); con grado mayor de complejidad cuando se tiene que realizar además, un Manual de Identidad Corporativa (Manual de Marca) para la institución, o empresa convocante, que reglamente las normativas de aplicaciones de su marca. Lo que si podemos aseverar es que, con el limitado tiempo de convocatoria pautado por Pro Consumidor, ningunas de las propuestas presentadas apuntan a una investigación pormenorizada y a un resultado de excelencia cualitativa.
El monto que puede destinar el gobierno para re diseñar un logo existente, de una institución que ha demostrado hasta ahora ser ineficiente, nos resulta escandaloso y abusivo. Sobre todo cuando pensamos en hospitales y comunidades rurales, en la que el uso de una suma similar, puede representar la diferencia entre vida y muerte. Y no es el único caso, recientemente se han dado procedimientos de re diseños de logotipos en instituciones públicas, en las que no se han revelados las cantidades involucradas en sus ejecuciones. Casos recientes: Banco de Reserva Dominicano y Banco Central.
El Gobierno Dominicano, dentro de esa vorágine de desorganización en que se revuelven sus instituciones, consiente que cualquiera de sus ministros, directores o funcionarios de cuarta categoría, intervengan absurdamente en la determinación de las imágenes corporativas de las instituciones bajo sus gestiones; cuando esto debería partir de un organismo regulador de la imagen visual del Estado. Con ordenaciones y directrices que viabilicen una unidad visual comunicativa de gobierno, imposibilitando la discrecionalidad, el pésimo uso del diseño gráfico, el caos visual de las imágenes que encarnan sus instituciones y sobre todo, el dispendio de recursos económicos que salen de los ciudadanos.
