"Fundamental". Así calificaron el gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC el acuerdo sobre participación política anunciado el miércoles en La Habana, el que sin duda constituye un paso histórico en sus esfuerzos por acabar con el conflicto armado.
Después de todo, se trata del segundo gran acuerdo de las actuales conversaciones de paz, luego del alcanzado en materia de tierras y desarrollo rural que fue anunciado en mayo pasado.
Y, con ambos temas, se cierra además el capítulo de las reivindicaciones históricas que motivaron la creación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia por parte de un grupo de campesinos de izquierda hace casi cincuenta años.
Pero, ¿está Colombia lista para permitirle a las FARC perseguir en las urnas lo que han estado intentando conseguir por la vía de las armas desde 1964?
La pregunta es válida porque incluso en los momentos de mayor apoyo del proceso de paz, que arrancó en La Habana el 18 de noviembre de 2012, una importante mayoría de los colombianos se ha mostrado contraria a la idea de ver a los guerrilleros de las FARC compitiendo en las elecciones en lugar de pagar por sus posibles crímenes en la cárcel.
"Será tal la sensación de alivio, después de tantos años de guerra, que yo creo que los colombianos estamos dispuestos a tragarnos muchas cosas"
Antonio Caballero
Y, además, porque el recuerdo de la violencia ejercida en contra de partidos y movimientos de izquierda en Colombia, como la Unión Patriótica, lo mantienen vivo los asesinatos de líderes sindicales, defensores de derechos humanos y activistas del proceso de restitución de tierras que todavía hoy continúan dándose.
"Las FARC han cometido atrocidades durante muchísimos años en todo el país. (Por eso) es más fácil que lleguen a un trato en La Habana los delegados del gobierno y las FARC, a que eso sea inmediatamente aceptado (por todos los colombianos)", le explicó a BBC Mundo Antonio Caballero, columnista de la revista Semana y uno de los más connotados analistas políticos colombianos.
"Y el peligro de la masacre siempre existe, el peligro de lo que sucedió con la Unión Patriótica", dijo, refiriéndose al asesinato sistemático de los miembros de ese partido de izquierda a manos de grupos paramilitares de extrema derecha hace más de veinte años.
Aunque, para el analista, ese "es un albur que hay que correr de todas maneras".
Todo por la paz
Según Caballero, la aceptación de un posible acuerdo de paz por parte de algunos sectores dependerá en buena medida de los detalles.
"Pero yo creo que de todas maneras lo será. Será tal la sensación de alivio, después de tantos años de guerra, que yo creo que los colombianos estamos dispuestos a tragarnos muchas cosas", le dijo a BBC Mundo.
No todos están de acuerdo con una eventual participación de las FARC en política.
E igual de optimista se mostró el diputado del izquierdista Polo Democrático Iván Cepeda e hijo del último senador de la UP: Manuel cepeda, asesinado en una calle de Bogotá en agosto de 1994.
"Esas encuestas (que se muestran contrarias a la participación en política de las FARC) se hacen sobre la base de no saber a cambio de qué. Otra cosa es que la población vea que se acaban los ataques, que disminuye la violencia, que la guerrilla repara a las víctimas", valoró Cepeda.
"Si se acaba la guerra, si se acaba esta cadena infinita de muertes y de hechos de violencia, por supuesto que la gente va a estar dispuesta a aceptarlo", agregó.
Aunque para el ex viceministro de Defensa Rafael Guarín, hay un punto clave para el acuerdo sobre participación política, aún pendiente de definir, que podría resultar decisivo a la hora de inclinar la balanza.
"Los colombianos no estarían dispuestos a aceptar un trato preferencial a miembros de las FARC que hayan perpetrado crímenes de guerra y graves violaciones a los Derechos humanos, otorgándoles el derecho a gobernar el país", le dijo a BBC Mundo.
"Por eso, para poder interpretar el alcance de los acuerdos en materia de participación política primero hay que definir el punto relacionado con justicia", advirtió, refiriéndose a una de las discusiones aún no iniciadas oficialmente en la mesa de conversaciones de La Habana.
Aprender del pasado
El diputado Cepeda ciertamente no disputa la importancia del tema. "En el campo de la justicia hay que lograr un acuerdo que permita la paz y que al mismo tiempo deje a quienes intervienen en ese acuerdo con la certeza de la justicia internacional no va a intervenir. Y eso solo se logra si los derechos de las víctimas son debidamente atendidos", le dijo a BBC Mundo.
Participación política
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Formulación de un estatuto de garantías para los partidos de oposición
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Facilidades para la creación de partidos políticos
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Revisión y modernización del régimen electoral
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Promoción de nuevos y mayores mecanismos para la participación ciudadana
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Mayor acceso a medios de comunicación para fuerzas políticas y movimientos sociales
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Creación de "Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz"
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Creación de un sistema integral de seguridad para el ejercicio de la política
"Pero frente a eso ya hay un camino recorrido, hay propuestas", afirmó Cepeda, quien también destacó la existencia de experiencias previas exitosas, como la reincorporación a la vida política del grupo guerrillero M-19 luego de su desmovilización en 1990.
"El M-19 fue un grupo que actuó de manera también cruenta y sin embargo ha tenido un proceso relativamente exitoso de incorporación a la vida civil. Y sus candidatos a las elecciones han sido copiosamente votados y elegidos", apuntó.
Y uno de esos "candidatos", el exgobernador de Nariño Antonio Navarro Wolf, concuerda.
"A mí me parece que el M19 es un ejemplo que sí es posible reintegrarse a la vida civil, no nos persiguieron sistemáticamente, no nos asesinaron", le dijo a BBC Mundo.
"Hubo incidentes graves, gravísimos como el de (Carlos) Pizarro, pero no atribuibles ni al Estado ni a la firma del acuerdo de paz, sino en este caso al Cartel de Medellín, que estaba en un proceso de desestabilización de las elecciones de 1990″, explicó, refiriéndose al asesinato del líder del M-19 y candidato presidencial.
Navarro anticipa dificultades para la participación política de la guerrilla, si bien descarta una repetición de lo ocurrido con la UP.
Pero el exguerrillero, que no oculta sus aspiraciones a la presidencia, también destaca una importante diferencia entre el proceso de paz con el M-19 y las actuales negociaciones con las FARC.
"Por primera vez hay una oposición importante a que se hagan concesiones. En 1990 había unanimidad frente a la necesidad de que se negociaran y se hicieran concesiones", le dijo a BBC Mundo.
Contexto diferente
Hay otras diferencias, sin embargo, que dan más razones para el optimismo.
Según Guarín, por ejemplo, "hoy en Colombia no hay grupos paramilitares ni tampoco grupos de la fuerza pública vinculados con grupos armados ilegales con el propósito de enfrentar a las FARC".
"Los colombianos no estarían dispuestos a aceptar un trato preferencial a miembros de las FARC que hayan perpetrado crímenes de guerra y graves violaciones a los Derechos humanos, otorgándoles el derecho a gobernar el país"
Rafael Guarìn
"No niego (el problema del asesinato de activistas identificados como de izquierda) pero eso antes era paramilitarismo, era parte de una estrategia de contrainsurgencia a la cual estuvieron vinculados miembros de la fuerza pública y sectores de la dirigencia política en Colombia", le dijo a BBC Mundo.
"Pero hoy lo que tenemos frente al tema de las bandas criminales y el asesinato de personas que luchan porque se les restituya la tierra, o líderes sociales o de derechos humanos, es fundamentalmente una estrategia violenta en algunas zonas donde estas bandas criminales necesitan mantener el control para garantizar el negocio del narcotráfico", aseguró.
Aunque, para Guarín, la clave para que se evite la repetición de situaciones como la de la UP es sobre todo la efectiva desmovilización y el desarme absoluto de todas sus estructuras; es decir, la renuncia de su vieja estrategia de "combinación de todas las formas de lucha".
Mientras que Cepeda, por su parte, va un poco más allá.
"Aquí el asunto es construir un marco político, social y jurídico que garantice a quienes dejen las armas que no van a ser asesinados, y que permita que la sociedad confíe realmente en que es posible esa reincorporación y que las FARC cumplirán con el empeño de dejar las armas para la paz", le dijo a BBC Mundo.
Y la verdad es que una idea completa sobre ese marco sólo se tendrá una vez se hayan completado las discusiones del proceso de paz.