La Corte Suprema de Brasil emitió este jueves una resolución que deja la puerta abierta a la liberación del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En concreto, en una polémica y ajustada decisión, el alto tribunal brasileño estableció, como dice la Constitución, que un condenado solo puede ir a prisión una vez se hayan agotado todos sus recursos.
Esta decisión viene a revertir la jurisprudencia que había establecido en 2016 por la que un condenado en segunda instancia podía ir a prisión a pesar de tener dos apelaciones pendientes.
El cambio, que afecta a más de 4.800 presos, entre ellos Lula, que cumple prisión desde abril de 2018, cuando fue condenado en segunda instancia a ocho años y diez meses de cárcel por corrupción.
La sentencia por la que Lula cumple prisión fue confirmada en tercera instancia pero el exmandatario apeló su caso al Supremo, que no se ha pronunciado.
Además de tener otra sentencia a 12 años en primera instancia, el expresidente tiene otros casos abiertos en la justicia.
Lula siempre alegó que su encarcelamiento buscaba impedir que se presentara a las elecciones de 2018, que finalmente llevaron a la presidencia a Jair Bolsonaro.
No hay liberación automática
La decisión, sin embargo, no implica la automática liberación de todos los reos con apelaciones pendientes.
Será el juez de cada caso el que decida de forma individual, siempre y cuando se considere que no represente un peligro para la sociedad ni haya sido condenado por un delito violento.
Estas limitaciones no afectan, en principio, a Lula ni a las dos decenas de condenados en la operación Lava Jato, el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil.
La operación comenzó en 2014 con una redada en una gasolinera como parte de una investigación de irregularidades en casas de cambios y terminó por destapar una gigantesca red de corrupción en el seno de Petrobras.
Los fiscales descubrieron que las principales empresas constructoras de Brasil, incluidas gigantes como Odebrecht o Camargo Corrêa, habían formado un cartel para repartirse contratos multimillonarios de la petrolera estatal.
A cambio pagaban sobornos a ejecutivos y políticos de diferentes agrupaciones, incluido el entonces gobernante Partido de los Trabajadores (PT), de Lula.
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