"Todos deben bajar el tono de la confrontación".
Eso aseguró este martes la fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, en medio de la tensión por las protestas de las últimas semanas a favor y en contra del gobierno de Nicolás Maduro.
En conferencia de prensa, Ortega -quien en marzo calificó de inconstitucional la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que dio inicio a las marchas- informó que los hechos de violencia registrados en los últimos días en numerosas ciudades de Venezuela dejaron como saldo 26 muertos, 437 heridos y 1.289 detenidos.
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Las protestas se registraron en "la mayoría de los estados, salvo en seis", indicó la funcionaria.
Durante la conferencia, Ortega Díaz expresó su "más firme rechazo a la violencia como arma de acción política".
"La política no debe conducirnos a la guerra, la política es el ejercicio del diálogo", aseguró.
Y subrayó que "todos deben bajar el tono de la confrontación".
"Requerimos volver al diálogo" para "construir una agenda de acuerdos que permitan salidas democráticas y constitucionales".
La fiscal general exigió también a los cuerpos de seguridad del Estado y al Poder Judicial a revisar la forma en que se llevan a cabo las detenciones, especialmente durante las protestas antigubernamentales de los últimos días, para garantizar el debido proceso.
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"El país necesita seguridad jurídica", añadió.
Crítica
No es la primera vez que Ortega Díaz alza la voz en una situación de tensión política en Venezuela.
En marzo pasado, cuando el Tribunal Supremo de Justicia venezolano decidió asumir las funciones de la Asamblea Nacional, calificó la decisión de "ruptura del orden constitucional".
"Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela", dijo Ortega Díaz en ese entonces durante la presentación del balance de gestión del Ministerio Público.
Ortega Díaz fue la funcionaria de más alto rango en criticar el fallo del TSJ contra la Asamblea, que tras un par de días fue corregido: los parlamentarios no perderían su inmunidad y el TSJ no asumiría las competencias de la Asamblea.
El fallo del Tribunal fue condenado duramente por la oposición como un "golpe de Estado", lo que motivó de protestas en todo el país que han entrado en su cuarta semana.