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El caso volvió a poner sobre el tapete el espinoso tema del aborto. (Foto de archivo)
Este jueves una mujer en Uruguay planeaba realizarse un aborto.
Quedó embarazada tras una relación de seis meses, que ya acabó.
La mujer -cuya identidad se mantiene en el anonimato- siguió los requisitos que dicta la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, una norma que Uruguay aprobó en 2012 y que permite a las mujeres abortar legalmente durante las primeras 12 semanas de gestación.
Fue a un centro médico y pidió realizarse el procedimiento. Llevaba 10 semanas embarazada.
Sin embargo, este no pudo realizarse.
Un fallo inédito se lo prohibió. El dictamen fue emitido a pedido del progenitor del bebé por nacer, quien al enterarse de lo que iba a hacer su expareja presentó un recurso de amparo contra el procedimiento.
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La ley del aborto se aprobó en 2012 y esta es la primera vez que es cuestionada ante la Corte Suprema. Un intento de revertirla a través de un referéndum fracasó en 2013.
Según consta en el texto judicial, el hombre afirmó haber “intentado de todas las formas posibles hacer reflexionar a la demandada para que depusiera su actitud, lo cual resultó infructuoso”.
Por eso activó “los mecanismos legales tendientes a la protección de la vida del hijo en común".
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Quienes se oponen a la ley creen que este caso podría llevar a que se la declare inconstitucional.
Justicia
Fue al juzgado en la ciudad de Mercedes, departamento de Soriano (en el sudoeste de Uruguay), y señaló que si bien ya no estaba en pareja, estaba dispuesto a hacerse cargo de su hijo solo y que tiene los medios económicos para hacerlo.
Su abogado también presentó un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de aborto.
La jueza Pura Concepción Book Silva accedió al pedido y ordenó que se frenara el procedimiento.
¿Sobre qué base?
No fue porque consideró que el hombre tuviera derecho a decidir sobre el aborto, algo no contemplado en la ley.
Fue por algo más técnico: consideró que no se había cumplido con el artículo 3 de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
Este exige que en la historia clínica de la paciente se registren “las circunstancias derivadas de las condiciones en las que ha sobrevenido la concepción, situaciones de penuria económica, sociales o familiares o etarias que a su criterio le impidan continuar con el embarazo en curso”.
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Además de Uruguay solo Cuba, Guyana, Guyana Francesa, Puerto Rico y el Distrito Federal de México permiten el aborto sin justificación en las primeras 12 semanas.
Debate
El caso, que tuvo amplia repercusión en la prensa y redes sociales en Uruguay, volvió a poner sobre el tapete el espinoso tema del aborto.
La ONG Mujer y Salud Uruguay (MySU), que promueve la defensa de los derechos sexuales y reproductivos, acusó a la jueza de buscar “abrir de nuevo el debate sobre la ley, algo que no es su potestad”.
“Los grupos pro vida han estado buscando una manera de plantear la inconstitucionalidad de la ley pero les faltaba un caso y este les vino como anillo al dedo”, dijo a BBC Mundo la directora de MySU, Lilián Abracinskas.
Abracinskas cuestionó la interpretación del artículo 3 que hizo la magistrada y dijo que en realidad "es una excusa”.
“Lo que se busca es que se venza el plazo de 12 semanas de gestación” para que la mujer en cuestión no tenga posibilidades legales de abortar, afirmó.
Del otro lado están quienes creen que el fallo permite por primera vez poner al futuro padre como sujeto de derecho ante el niño por nacer.
“HAY ESPERANZA! Fallo histórico, protege derecho del Padre y del Bebé, y frena Aborto. LA LEY DE ABORTO VA A CAER!”, tuiteó el diputado del Partido Nacional Carlos Iafigliola, líder de la organización Pro-Vida.
El legislador dijo al diario El País que la ley de aborto “nació mal parida” porque no contiene “siquiera un solo renglón” sobre los derechos de los padres.
“Es el primer fallo en este tema que nos da la razón”, afirmó sobre la decisión de la jueza Book Silva.
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En junio de 2013 hubo un referéndum para validar la ley de 2012 que despenaliza el aborto en Uruguay.
¿Cambia algo?
Si bien la magistrada justificó su prohibición de avanzar con el aborto sobre la base del incumplimiento del artículo 3, el texto de su dictamen muestra un claro apoyo a la postura del progenitor.
“Debe de existir seriedad en la aplicación e interpretación de esta ley junto a todo el sistema jurídico nacional, so pena de que quienes son directamente perjudicados queden en estado de auténtico desamparo, en forma irremediable”, señaló.
“Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente”, agregó en otro pasaje.
También sostuvo que avanzar con la interrupción del embarazo "significa un daño violatorio de los derechos de la personalidad, consagrados en los artículos 72 y 332 de la Constitución Nacional, dado que se lesiona el derecho a la vida del concebido".
De esta forma, la jueza cuestionó la constitucionalidad de la ley de aborto y elevó un recurso de inconstitucionalidad a la Corte Suprema de Justicia.
Se trata de la primera vez que es cuestionada la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo desde su aprobación en 2012, y lo que defina la máxima corte del país podría cambiar la legislación vigente.
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Los alrededores del Congreso fueron escenario de protestas tanto a favor como en contra de la ley que aprobó el aborto en 2012.
Precedente
Lilián Abracinskas, de MySU, teme que el fallo de la jueza pueda sentar precedente para otros hombres que quieran frenar los abortos de sus parejas o exparejas.
Sin embargo, desestimó los reclamos en los que basó su dictamen.
“La jueza plantea que la vida comienza a partir del momento de la concepción, un debate que ya fue saldado con la aprobación de esta ley, que fue democráticamente acordada”, señaló.
La activista también recalcó que todas las legislaciones sobre el aborto del mundo se refieren a los derechos de las mujeres y no de los hombres, ya que son ellas las que deberán atravesar el embarazo, con sus consiguientes riesgos.
“Las convenciones internacionales estipulan que interferir sobre algo que está consagrado en la ley y afecta el cuerpo de las mujeres causando daño y tratamiento degradante es tortura”, advirtió, señalando que obligar a la mujer del caso a tener a su bebé podría abrir un nuevo frente legal, si ella decidiera demandar al Estado.
Mientras el debate continúa, el tiempo se va acabando.
Este viernes la mujer apeló el fallo en busca de avanzar con el aborto, que deberá realizarse antes del 10 de marzo, cuando cumpla las 12 semanas de gestación.
Ante la jueza, la mujer explicó que su decisión se basa en que tiene “un rechazo natural al embarazo”.
“No tengo ganas de estar embarazada ni soportar que me obliguen”, señaló.
En tanto, las organizaciones pro vida anunciaron que el próximo 25 de marzo realizarán una movilización pública en contra del aborto.