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La votación de los lores puede demorar el plan de Theresa May de activar el Brexit.
La Ley del Brexit -con la que el gobierno de la primera ministra británica Theresa May quiera dar inicio a la salida de su país de la Unión Europea (UE)- sufrió un traspié este miércoles después de que la Cámara de los Lores introdujera una enmienda en la misma para proteger los derechos de los ciudadanos comunitarios que viven en territorio de Reino Unido.
La norma original propuesta por el gobierno de May otorgaba a la primer ministra el poder constitucional para activar sin ninguna condición el artículo 50 del Tratado de Lisboa, con lo que se comunicará de manera oficial a Bruselas la voluntad de Reino Unido de abandonar la UE.
Este miércoles, por 358 votos favor y 256 en contra, los lores aprobaron una enmienda que insta al gobierno de Londres a asegurar que los ciudadanos de la UE que residen legalmente en Reino Unido serán "tratados de la misma forma en cuanto a sus derechos como comunitarios" tras el Brexit.
El proyecto original aprobado sin modificaciones por la Cámara de los Comunes a principios de febrero no incluía ningún condicionamiento al Brexit.
El Gobierno sufrió así su primera derrota durante la tramitación de este proyecto de ley.
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La decisión de los lores es el primer traspié del plan de Theresa May para ejecutar el Brexit en los primeros días de marzo.
La decisión de los Lores (considerada la cámara alta británica), cuyos miembros no han sido elegidos en las urnas y donde el Ejecutivo no cuenta con una mayoría, puede retrasar el calendario previsto por la primera ministra.
Los cambios introducidos implican que la ley deberá regresar a los Comunes, donde la mayoría podría eliminar el anexo aprobado este miércoles.
Este proceso puede impedir que el texto se apruebe con la urgencia que esperaba May.
May marcó el final del mes de marzo como la fecha límite para invocar el artículo 50 del Tratado de Lisboa e iniciar el proceso de salida de la UE.
En un intento por frenar la llamada rebelión de los Lores, la ministra de Interior, Amber Rudd, había remitido una carta a cada uno de los miembros de la cámara alta en la que aseguraba que el Ejecutivo tiene intención de "tratar a los ciudadanos de la UE con nada más que el mayor de los respetos".