En las elecciones del 11 de marzo de 1990 en Colombia estaba previsto escoger a senadores, representantes a la Cámara, diputados de asambleas locales, concejales municipales, alcaldes y al candidato presidencial del Partido Liberal.
Seis papeletas para seis elecciones.
Pero hubo una papeleta adicional a las oficiales, que no estaba pautada, y terminó siendo la más importante.
Se llamó la Séptima Papeleta (SP), y fue repartida en las calles o impresa en periódicos para que la gente la recortara y la metiera en las cajas de votación.
En ella se enunciaba: "Plebiscito por Colombia, voto por una Asamblea Constituyenteque reforme la Constitución y determine cambios políticos, sociales y económicos en beneficio del pueblo".
La carta magna que pretendía reformar estaba vigente desde 1886, y establecía el catolicismo como el pilar del Estado, restringía el derecho al voto, permitía la pena de muerte, prohibía el divorcio y daba poderes extraordinarios al presidente, como el de elegir gobernadores y magistrados.
Los impulsores de la SP eran estudiantes, la mayoría de Derecho, que rondaban los 20 años, y recogían el hartazgo general de los colombianos en un momento crítico: el Estado colombiano se enfrentaba en una cruenta guerra a los carteles del narcotráfico, las tasas de homicidios eran la más alta del mundo, los atentados contra la población civil eran frecuentes y seis guerrillas buscaban derrocar al gobierno.
Además, en agosto de 1989 el candidato favorito para la presidencia, Luis Carlos Galán, fue asesinado.
Ni el ente electoral ni el movimiento estudiantil pudieron establecer cuántos colombianos presentaron su voto alternativo a favor de una Constitución aquel 11 de marzo, pero el objetivo se cumplió: el presidente, Virgilio Barco, decretó un estado de sitio para que se organizara un plebiscito constitucional en las presidenciales del 27 de mayo.
Ese día, ya de manera formal y vinculante, 5.236.863 colombianos votaron a favor y 230.080 en contra de una Asamblea Constituyente.
Eso dio origen a la Constitución del 4 de julio de 1991, una de las más innovadoras y respetadas de América Latina; la base del andamiaje institucional actual de Colombia.
Un país en paz
No es fácil de establecer cuáles eran las demandas concretas de los que abogaron por la Constituyente, ya que el movimiento estudiantil no era homogéneo, y lo que se pedía no es exactamente igual a lo terminó escrito en la Constitución de 1991.
Muchos de los líderes estudiantiles hoy son influyentes políticos, como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el procurador, Fernando Carrillo. Otros son magistrados, profesores o políticos. BBC Mundo habló con tres de ellos, de diferentes tendencias, y encontró dos demandas clave.
La primera tiene que ver con un acuerdo de paz entre los diferentes grupos legales e ilegales que llevaban décadas matándose en Colombia.
"El único objetivo de la SP, realmente, era lograr crear un espacio de reconfiguración institucional ante lo que considerábamos en ese momento un fracaso, un Estado cuasi fallido", dice Catalina Botero, hoy decana de Derecho de la Universidad de los Andes.
Para eso, dice, proponían una Asamblea Constituyente "plural e inclusiva" que transformara el Estado de un país "lleno de pequeñas órdenes feudales".
Y eso se logró, parcialmente: "Participaron (las guerrillas) del M-19 y el EPL y todos los (políticos) conservadores, los indígenas, los liberales, los campesinos, los cristianos. Y se reconfiguró el Estado constitucional. De eso no hay la menor duda".
"Pero la incapacidad de realizar una reforma política y territorial (en los últimos 30 años) obstaculizó la posibilidad de que el país acabara con el clientelismo y la centralización que están detrás de la violencia", explica la profesora.
La Constituyente se dio al tiempo —y para muchos, no por coincidencia— de cuatro procesos de paz con guerrillas que resultaron relativamente exitosos. Pero los dos grupos insurgentes más grandes no solo siguieron en armas, sino que se fortalecieron desde entonces gracias al narcotráfico.
Óscar Guardiola Rivera, hoy profesor de la Universidad de Londres, añade: "Paz es sentarse a hablar con el enemigo y no hay que ahondar mucho, solo hay que voltear a mirar al Palacio de Nariño (presidencial), para ver que la paz está amenazada".
Los resultados del más reciente acuerdo de paz —en 2016, con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC)— no son claros a cuatro años de haberse firmado, entre otras por la emergencia de disidencias y los asesinatos de excombatientes y líderes sociales.
Guardiola adjudica al grupo político que está ahora en el poder, bajo el liderazgo de Iván Duque y Álvaro Uribe, los obstáculos que han surgido para la paz en Colombia.
"Desde tiempos de la SP —declara— ya había una cierta consciencia de que la guerra les convenía a algunos".
Pero Rafael Nieto, contemporáneo del movimiento estudiantil y abogado y político cercano al uribismo, desestima esa visión y apunta en otro sentido: "Mientras el país no logre superar el tema de la cocaína y el narcotráfico, con toda la corrupción y el daño ambiental que eso genera, es muy difícil que salgamos del lodazal de la violencia".
"Y el problema más grave es que los colombianos no hemos llegado a un consenso en ninguno de los aspectos que se refieren al narcotráfico", añade.
Justicia
Detrás de la SP había una demanda por justicia, sea ésta en términos jurídicos o socioeconómicos. Y en ninguno de los casos se consiguió plenamente, según los expertos consultados.
"Desde el 91 se ha intentado 16 o 18 veces reformar la justicia en busca de un sistema imparcial, eficiente y apegado al derecho, y siempre se ha encontrado el obstáculo de las Cortes", señala Nieto.
Colombia tiene cuatro altas cortes (Constitucional, Suprema, Consejo de Estado y Consejo Superior de la Judicatura) a las que se añadió en 2017 el tribunal que juzga los delitos del conflicto armado, la Jurisdicción Especial para la Paz.
Ese complejo entramado, dice Nieto, diseñado por la Constitución del 91, "ha hecho que la justicia se politice, se corrompa y tenga un desprestigio del 82%".
Varios miembros del uribista Centro Democrático han propuesto reformas que van desde la unificación de las Cortes hasta una Constituyente, pero los defensores de la Constitución, sobre todo de la Corte Constitucional, celebran que esa institución haya impedido la reelección de Uribe, entre otras sentencias que, dicen, "a favor de los derechos democráticos".
"Desde que existe el uribismo (2002) han tratado de acabar con la democracia participativa", asegura Guardiola.
"Secuestrar la democracia mediante el pretexto de representarla y usar todas las herramientas, tanto electorales como violentas, para mantener, de manera exclusiva, en sus manos, la representatividad del demos; lo que quieren es borrar al pueblo".
Nieto responde: "Dicen que secuestramos el poder, pero venimos de estar ocho años siendo el único partido de oposición (durante el gobierno de Juan Manuel Santos) y que estamos en contra de la participación, pero pasaron por encima del resultado del plebiscito", dice, en referencia a la consulta en 2016 por el Acuerdo de Paz con las FARC en la que ganó el "no".
Otra de las reformas que ha propuesto el uribismo, y Nieto lo rechaza, es erradicar la acción de tutela, una acción legal que Botero ve como uno de los principales logros de la SP y la Constituyente.
"La tutela no solo defiende derechos fundamentales, los no negociables, el patrimonio jurídico de cada uno; sino que entrega a los jueces autonomía para garantizarlos", dice.
El uribismo dice que se "aplica indiscriminadamente".
Decenas de miles de colombianos cada año radican acciones de tutela para defender sus derechos sin necesidad de dinero o abogados. Para muchos ha sido un vehículo de impartir justicia en un país desigual y excluyente.
"La demanda más material y a su vez la más difícil (de la SP) era la de la justicia social, la búsqueda de igualdad económica", dice Guardiola.
"Y hoy no solo seguimos siendo el (segundo) país más desigual (de América Latina), sino que además los más poderosos siguen soñando con una economía sin trabajadores", concluye.
Colombia hoy tiene menos homicidios y menos pobres que hace 30 años, pero no es un país más justo. Y no hay consenso, según los testimonios de los miembros de la SP, sobre si la Constitución es responsable de lo primero, o de lo segundo.
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