"Ninguno de estos actos va a quedar impune. Por eso es que estamos aplicando la justicia militar".
La relación de causa y efecto en esa frase la hizo el viernes en un video publicado en su cuenta de twitter Antonio José Benavides Torres, comandante de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela, a las pocas horas de la aplicación en el estado de Carabobo del Plan Zamora.
La pasada semana, en la principal ciudad del estado, en Valencia, polo industrial del país situado a unas dos horas en auto de Caracas, hubo una ola de saqueos y violencia que provocó la activación del plan el jueves 4 de mayo.
Pero, ¿en qué consiste?
Se sabe poco, pero a la vista de lo sucedido en Carabobo, supone que se extremen las medidas de vigilancia, control y patrullaje con mayor presencia de la Policía y de la Guardia Nacional, uno de los componentes de la Fuerza Armada.
Además, el plan se ha traducido en detenciones masivas, en acusaciones por delitos militares como la rebelión y en la aplicación de la justicia militar a civiles, lo que ha generado las críticas de ONG y de la oposición.
El 18 de abril, el presidente Nicolás Maduro ordenó en televisión la activación "en fase verde" del plan. Lo hizo horas antes de una masiva manifestación de la oposición contra su gobierno, una más en la serie de protestas que se prolonga ya un mes.
Se entendía que era un plan cívico-militar de seguridad con mayor despliegue de fuerzas del orden en las calles "para derrotar el golpe de Estado", dijo Maduro en referencia a la presunta intención de la oposición.
El presidente, sin embargo, no dio detalles.
"Nadie sabe qué es, no se ha desvelado ni una sola pagina de su contenido", dice a BBC Mundo la directora de la ONG Control Ciudadano y experta en temas de defensa, Rocío San Miguel.
BBC Mundo se puso en contacto con el gobierno para conocer detalles del Plan Zamora, pero de momento no obtuvo respuesta.
La "rebelión"
El jueves, el plan se activó en Carabobo ante la ola de saqueos por la que 135 comercios fueron asaltados, según los datos de la gobernación.
Aunque la vinculación de los saqueos con las protestas políticas actuales aún está por demostrarse públicamente, el ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol, tiene claro quién es el culpable del vandalismo y de qué se le debe acusar.
"La derecha terrorista ha instigado a la rebelión, que es un delito penal militar, así como también ha cometido delitos de ultraje al centinela y destrucción de bienes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana", dijo el viernes para justificar el Plan Zamora y que los civiles detenidos respondan ante la justicia militar.
El sábado, el jefe de la Región Estratégica de Defensa Integral (Redi) de la zona centro, el mayor general Jesús Suárez Chourio, explicó que se detuvo a 780 personas, de los cuales 251 fueron puestos a la orden de los tribunales militares "por los delitos de ataque al centinela (miembro de las fuerzas de seguridad) y asociación para la rebelión".
Los cargos que se les imputan tienen poco que ver con los relacionados con un saqueo, que en principio es un delito común de robo, sustracción y vandalismo.
La instigación a la rebelión, según el código militar, se castiga con prisión de cinco a diez años y expulsión de la fuerza armada, a la que los civiles no pertenecen.
Según la ONG Foro Penal Venezolano, que presta servicios de asistencia jurídica, hasta este lunes 65 de esos detenidos ya estaban en prisión por las decisiones del tribunal militar, que está realizando audiencias colectivas con hasta 40 acusados.
"Inconstitucional"
Pero que los civiles respondan ante la justicia militar no es sólo exclusivo de Carabobo ni de ahora. En abril, ocho manifestantes fueron procesados por el Tribunal Séptimo de Control Militar del estado Lara, según Proiuris, una ONG que defiende la justicia y el estado de derecho y que habla de 52 casos de civiles en cortes militares en los últimos meses.
"Es absolutamente inconstitucional y violatorio de los derechos humanos", afirma a BBC Mundo el director de Foro Penal, Alfredo Romero, crítico con el gobierno.
La Constitución, en su artículo 261, dice que la jurisdicción militar sólo es válida para los militares.
Pero el Código Orgánico de Justicia Militar, anterior a la Constitución, sí permite que esa jurisdicción penal se aplique a delitos de naturaleza militar cometidos también por civiles.
El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, aseguró a la agencia EFE que los procesamientos por la jurisdicción militar están "enmarcados en la ley".
"Cuando hay una agresión sobre el centinela, o sobre un efecto de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, perfectamente se incurre en un delito militar y puede conocer la jurisdicción militar", defendió Padrino.
¿Y la fiscalía?
El abogado Romero destaca que es la primera vez que se da la orden expresa de la aplicación de la justicia militar y afirma que el objetivo es saltarse a la fiscalía.
La fiscal general, Luisa Ortega, se ha convertido en las últimas semanas en una voz disidente dentro del oficialismo.
No sólo consideró "un quiebre del orden constitucional" las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por las que se apropiaba de funciones del poder legislativo y que generaron la actual ola de protestas contra el gobierno.
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Ortega también criticó la actuación de la justicia militar.
"Es uno de los asuntos que el Estado debe mirar con mucha preocupación", dijo Ortega en una reciente y poco habitual entrevista con el diario estadounidense "The Wall Street Journal".
Además, fiscales en el estado de Zulia solicitaron este miércoles que los 14 detenidos por quemar una estatua del expresidente Hugo Chávez en esa región sean juzgados por un tribunal civil y no militar.
El pasado viernes 5 de mayo, se observó a través de unos videos que se hicieron virales en las redes sociales, el momento en el que la estatua fue destruida, durante protestas opositoras contra el presidente Nicolás Maduro.
BBC Mundo solicitó al Ministerio Público una opinión sobre el Plan Zamora en Carabobo, pero de momento no obtuvo respuesta.
Según Romero, del Foro Penal, la causa del uso de los tribunales militares es que la fiscalía no está siguiendo las instrucciones de acusación del gobierno.
El mes pasado, la fiscal Ortega cuestionó el acta policial de aprehensión de 38 manifestantes en el estado de Nueva Esparta, por lo que solicitó la nulidad de la detención.
"Incluso en los estados de excepción, el debido proceso es uno de los pocos derechos que no se puede suspender", citó Ortega el 25 de abril el artículo 337 de la Constitución.
Vigilancia, control y patrullaje
En Carabobo no se ha declarado el estado de excepción, pero el Plan Zamora tiene algo de eso.
El mayor general Suárez Chourio dio algunos detalles de cómo es el operativo.
"En el Plan Zamora tenemos activadas diez zonas para mantener una constante vigilancia, control y patrullaje, diurnos y nocturnos, en diferentes turnos, ya que el enemigo de la patria, el enemigo terrorista, se ha retirado de la zona de conflicto y lo estamos buscando con la ayuda de nuestro pueblo", expresó el sábado.
El gobernador de Carabobo, Francisco Ameliach, exmilitar y parte del intento de golpe de Estado de noviembre de 1992, justifica el Plan Zamora al decir que el vandalismo forma parte de una "guerra no convencional".
"La táctica de utilizar bandas criminales no sólo se centra en cortar vías de comunicación y abastecimiento, sino que también busca neutralizar la producción y distribución de bienes y servicios de primera necesidad mediante asaltos a la propiedad pública y privada", dijo Ameliach, fiel al presidente Maduro, la pasada semana.
"Con esto alcanzarían el fin último, que es generar una guerra civil para justificar una invasión extranjera", agregó.
Para San Miguel, de la ONG Control Ciudadano, el Plan Zamora presenta no sólo el problema de no saber en qué consiste, sino que además "no tiene ni un solo mecanismo de control democrático", dijo a BBC Mundo.
Según la experta en defensa, la activación del plan "es un paso más en la militarización de la sociedad y del conflicto".