Capriles, gobernador del estado Miranda, consignó su denuncia de fraude en las elecciones presidenciales ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Según el líder opositor, el presidente Nicolás Maduro consiguió la ventaja de 1,49% con que se alzó a la presidencia de forma fraudulenta y por consiguiente los comicios son nulos.
La CIDH, si admite a trámite, examinará el asunto tal como lo hace una fiscalía y decidirá si amerita que sea elevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), el "juzgado" de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Maduro tildó este lunes de "estúpidos perversos" a quienes presentaron la denuncia.
"¿Aspiran a que la CIDH saque una decisión, no sé cuándo, que diga que yo no soy presidente de la República? ¡Por favor!", dijo en una rueda de prensa en el palacio presidencial en Caracas.
El caso es que, primero, una hipotética sentencia de la CIDH, órgano que Venezuela abandonará próximamente, tardará años en llegar y, segundo, las instituciones venezolanas llevan años ignorando sus sentencias.
Así pues, cabe preguntarse qué sentido tiene que Henrique Capriles acuda a la justicia internacional. O más bien, ¿qué busca realmente Capriles con su denuncia?
Atasco judicial
Maduro ganó las elecciones con 1,49% de diferencia.
El abogado Ramón José Medina, responsable del equipo jurídico de Capriles, le explicó a BBC Mundo que buscan que se comprueben las supuestas violaciones por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del "debido proceso, el derecho a la defensa y al de litigar sobre hechos que violan derechos constitucionales y humanos".
"Acudimos a la CIDH para que declare la violación de esos derechos, el abuso de poder y de los recursos públicos, el ventajismo, la ilegitimidad de la elección de Maduro dado que estas elecciones no cumplen con los principios que establece el tratado y por tanto son nulas", afirmó Medina.
El abogado considera que ganarán el caso y "al final la decisión será la deslegitimación definitiva en sede judicial de la elección y la condenatoria a Venezuela por esos hechos y repetir las elecciones dentro del marco legal que preserve la voluntad del electorado".
Por otra parte, como recuerdan varios especialistas consultados por BBC Mundo, incluso antes de salirse, Venezuela acumula ya un largo historial de incumplimiento de los dictámenes de la Corte.
¿Y la salida de la Corte?
El próximo 10 de enero se consumará la salida de Venezuela de la CorteIDH al cumplirse un año desde que el gobierno denunciara la Convención Americana de Derechos Humanos, tratado que la creó en Costa Rica.
Como aclara Asdrúbal Aguiar la propia Convención prevé en su artículo 78.2 que continúa vigente durante ese año que requiere de preaviso por parte del Estado.
“Todas las violaciones en que haya incurrido Venezuela durante ese año, siguen siendo competencia de la Comisión y de la Corte. Lo que ocurra después podrá ser denunciado sólo ante la Comisión”, le dijo Aguiar a BBC Mundo, aclarando que todo lo que pasó durante las elecciones está incluido.
De la Comisión, que tiene potestad para hacer “recomendaciones”, no se puede salir Venezuela sin abandonar la OEA pues su existencia está prevista en la propia Carta de la OEA, esto es, su tratado constitutivo.
Y por consiguiente cabe pensar que Capriles, más allá de buscar una sentencia por su posible efecto político, el proceso judicial se podría convertir más que en el camino a seguir en un fin en sí mismo.
Eso porque podría poner a su alcance uno de los documentos cruciales con los que han tratado de probar sus denuncias y que de momento han tenido vetado el acceso: los cuadernos en que los votantes firman y estampan su huella dactilar.
Para Capriles y su equipo son la prueba fundamental para demostrar si hubo o no fallecidos votando o personas que sufragaron más de una vez.
Según Medina, si la CIDH decide poner en marcha el proceso, "el gobierno tendrá que defenderse en esa jurisdicción y presentar los cuadernos de votación que es lo que han evitado en Venezuela el CNE y el TSJ".
Ataque a la legitimidad
"Ya antes de la denuncia de la Convención, por una interpretación unilateral, algo inaudito porque es un instrumento multilateral, Venezuela decidió dejar de cumplir", le comenta a BBC Mundo Asdrúbal Aguiar, exministro y exjuez de la CIDH.
Pese a denunciar fraude en abril, Capriles sigue llamando a votar en las municipales de diciembre.
Eso, porque la CIDH, como es inherente a las instituciones de derecho internacional aparte del Consejo de Seguridad de la ONU, carece de medios para imponer sus decisiones de forma coercitiva.
"La denuncia de Capriles no va a tener aplicación en el resultado de las elecciones en Venezuela, pero me parece importante porque sería un precedente jurídico muy positivo para la defensa de los derechos civiles y políticos", le dijo a BBC Mundo el internacionalista Félix Arellano, catedrático de la Universidad Central de Venezuela.
Para Arellano, es además una forma de "demostrarle al mundo que se han violentado los derechos civiles y políticos en Venezuela y que estamos ante un gobierno autoritario que no respeta los derechos fundamentales".
"Sería el primer pronunciamiento de un órgano internacional imparcial y su conclusión podría arrojar luces sobre si hubo fraude. Sí pudiera afectar la legitimidad política de Maduro, más allá de lo jurídico", le dice a BBC Mundo José Vicente Haro, abogado constitucionalista vinculado a la oposición.
"Lo que haría es generar dudas sobre la legitimidad de Maduro y causaría un efecto en la comunidad internacional y de alguna manera en la población venezolana", agrega Haro.