Derechos de autor de la imagen
AP
"Ningún ser humano es ilegal", decía una de las pancartas en la protesta contra la decisión del alcalde de Miami-Dade de apegarse a la orden ejecutiva de Trump.
Mientras varios alcaldes de ciudades como San Francisco, Nueva York y Chicago se pusieron en pie de guerra contra la medida ejecutiva del presidente Donald Trump para castigar a las "ciudades santuario", hubo un solo alcalde en todo Estados Unidos que anunció a las pocas horas que se acogía a la orden del mandatario.
El alcalde de Miami-Dade, Carlos Giménez, exigió el pasado jueves que las cárceles locales mantengan detenidos a inmigrantes indocumentados a petición del gobierno federal.
Con esta medida, puso fin a la postura de Miami como "santuario" y por ello desató el enfado de decenas de activistas que sostienen que la decisión pone en riesgo a la comunidad indocumentada y la hace vulnerable a deportaciones.
Las "ciudades santuario" en Estados Unidos ponen en práctica políticas para limitar su colaboración con la autoridad federal de inmigración.
El presidente Trump arremetió contra ellas al firmar una orden ejecutiva con el objetivo de despojarlas de ayudas financieras federales si se niegan a cooperar con la aplicación de la ley de inmigración.
Derechos de autor de la imagen
Twitter Donald Trump
El presidente Trump felicitó al alcalde Gimenez en un tuit: "El alcalde de Miami-Dade abandona la política de ciudad santuario. Gran decisión. ¡Fuerte!".
Tras el anuncio de Giménez, Trump lo felicitó por Twitter con el mensaje: "El alcalde de Miami-Dade abandona la política de ciudad santuario. Gran decisión. ¡Fuerte!".
Un mensaje que enfureció todavía más a los opositores a la medida, quienes protestaron durante varios días frente a las oficinas de la alcaldía.
"Parece mentira que esta es una ciudad de inmigrantes", le dijo a BBC Mundo María Bilbao, inmigrante indocumentada que vive en Miami hace 16 años.
-
52% de la población nació en el extranjero
-
151.000 inmigrantes indocumentados viven en el condado de Miami Dade y en el de Monroe, lo que representa el 25% del total que reside en Florida
-
174 inmigrantes indocumentados detenidos en Miami Dade en 2016 fueron solicitados por la autoridad migratoria federal de EE.UU. (ICE).
Getty
El condado de Miami-Dade, que incluye a ciudades como Miami, Hialeah, Doral y Miami Beach, tiene una población latina del 67% y se calcula que 151.000 inmigrantes indocumentados viven entre este condado y el de Monroe (que incluye los cayos del sur de Florida).
La orden del alcalde, dirigida como un breve memorando a las prisiones locales, también ha despertado dudas y temores sobre qué puede pasar ahora con las personas indocumentadas en la ciudad.
"No tener una licencia de conducir es suficiente para ser sujeto a deportación"
Esa es la idea que ahora persiste en la mente de Bertha Wilson, quien arribó de Nicaragua a Miami hace 16 años y ha estado indocumentada desde entonces.
Wilson trabaja como niñera y asistente de limpieza, tiene dos hijas y para trasladarse en la ciudad utiliza un auto, aunque no tiene licencia.
"Manejo por necesidad, para poder rendir más el tiempo para trabajar. Pero me da terror ahora", le contó a BBC Mundo.
En Florida, es ilegal y se considera un crimen conducir sin un permiso oficial o con uno que esté vencido.
Derechos de autor de la imagen
Getty Images
El 67% de la población del condado de Miami-Dade es latina.
Cometer esta infracción puede llevar a un arresto y es allí donde reside el temor de Wilson.
A partir de la decisión de Giménez, las cárceles locales que tengan inmigrantes indocumentados detenidos deberán entregar su información —huellas dactilares y datos personales como el estatus migratorio— al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Si ICE solicita al detenido, las cárceles del condado deberán mantenerlo bajo arresto durante 48 horas más hasta que un funcionario de la autoridad migratoria federal llegue a buscarlo, le explicó a BBC Mundo Michael Hernández, portavoz de la alcaldía.
Esto no quiere decir, aclara Hernández, que todos los inmigrantes indocumentados aparezcan en el sistema computarizado de ICE.
"Ellos solo identifican a los que están bajo su monitoreo por algún motivo, que puede ser un antecedente criminal", añadió.
Para algunos abogados de inmigración, es cuestionable el procedimiento que siguen las cárceles de Miami-Dade con la autoridad de inmigración federal.
Derechos de autor de la imagen
Getty Images
Decenas de residentes de Miami han protestado frente a las oficinas del alcalde Gimenez en oposición a la orden ejecutiva.
"Aunque un juez penal haya aprobado la fianza de un detenido, si ICE lo solicita debe permanecer preso, y esto vulnera los derechos de esa persona", le dijo a BBC Mundo Andrea Martini, abogada de inmigración de AILA (Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración).
Bertha Wilson, de 39 años, dice sentir miedo porque "muchas personas trabajadoras e íntegras fueron deportadas en el pasado solo por no tener una licencia".
Habla del pasado porque en las últimas décadas el condado de Miami-Dade operó de esta misma manera, hasta que en diciembre de 2013 se aprobó una resolución de protección a los indocumentados que le otorgó el carácter de "santuario".
La medida se tomó, según la alcaldía, tras los retrasos de las agencias federales en reembolsarle al condado US$500.000 por el gasto que implicaba mantener a las personas detenidas.
Derechos de autor de la imagen
Twitter Michael Hernandez
Esta fue la orden ejecutiva firmada por Carlos Gimenez el día después de que Trump ordenara cortar fondos federales a las ciudades "santuario".
Para Giménez se trataba de un ahorro, y declaró esta semana que nunca deseó haber recibido la etiqueta de "santuario" que le puso el Departamento de Justicia a Miami-Dade.
Entre los residentes de Miami Dade hay quienes lo respaldan.
"Estoy feliz de que el alcalde Giménez haya tomado esa decisión. Era lo más conveniente", le dijo a BBC Mundo Denise Galvez, residente de la ciudad de Miami y fundadora del grupo "Latinas por Trump".
"Las protestas no tienen base. Solo lo hacen por ir en contra de Trump", agregó.
Lo mismo piensa el joven republicano Ángel Reyes, quien argumenta que "el que quiebra la ley, debe atenerse a las consecuencias, sea o no sea indocumentado".
Cuestión de dinero
Acabar con el estatus de "santuario" en Miami-Dade fue "una decisión obvia", declaró Giménez a la cadena televisiva Fox.
El alcalde defendió su posición diciendo que prefería gastar alrededor de US$52.000 al año por mantener detenidas a esas personas a la espera de ICE antes de arriesgarse al corte de fondos federales.
Según cifras del condado, US$355 millones del presupuesto de Miami-Dade en 2016 provinieron de fuentes federales.
El presupuesto total del condado fue de US$7.100 millones.
Derechos de autor de la imagen
Getty Images
Aunque Trump ganó en el estado de Florida, en el condado de Miami-Dade su rival Hillary Clinton ganó con el 63% de los votos.
Y de las 80.000 personas que pasaron por las prisiones locales, solo 174 fueron solicitadas por ICE.
Pero los críticos de su decisión argumentan que se apresuró a acogerse a una orden ejecutiva presidencial que supone una estrategia de deportación del presidente Trump.
A los pocos días de resultar elegido, el republicano prometió que entre dos y tres millones de inmigrantes indocumentados serán deportados o encarcelados en los primeros días de su gobierno.
Se calcula que en Estados Unidos hay unos 11 millones de inmigrantes indocumentados.
La orden ejecutiva del presidente contempla que "las agencias de seguridad estatales y locales en el país desempeñen el rol de un funcionario de inmigración hasta el máximo permitido por la ley".
El alcalde Giménez ha enfatizado que la policía del condado siempre protegerá a sus ciudadanos y bajo ningún concepto cumplirá la función de una agencia de inmigración.
Pero el hecho de haberse acogido a esta orden presidencial despierta los temores de decenas de indocumentados en Miami-Dade.