El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, anunció este miércoles que la isla se declara en quiebra con el fin de reestructurar su multimillonaria deuda de más de US$70.000 millones.
Roselló hizo el anuncio al terminar la moratoria que impedía a los acreedores acudir a los tribunales para reclamar el pago de la deuda al estado libre asociado de Estados Unidos.
Un proceso de bancarrota en Puerto Rico sería el más grande de la historia del mercado de deuda local de Estados Unidos.
La isla vive una grave crisis económica, con una tasa de pobreza del 45%, un desempleo que dobla la media de Estados Unidos y población que decrece por la emigración a Estados Unidos continental (los puertorriqueños son ciudadanos de EE.UU.).
La agencia de calificación de riesgos Moody’s ve la decisión de la gobernación como positiva para los acreedores porque el proceso en los tribunales sería "ordenado", algo preferible a "un periodo caótico e incierto".
Título III
El gobernador explicó en rueda de prensa su decisión de acogerse al Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa) para atender la crisis financiera de la isla.
Poco después del anuncio, funcionarios de la isla notificaron a la decisión a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), establecida por el Congreso de Estados Unidos.
Según Roselló, después de "amplias conversaciones de buena fe y la apertura de los libros financieros del gobierno de Puerto Rico a los acreedores, no ha habido progreso suficiente en las negociaciones por lo que el Título III de la Ley Promesa permite llevar a un tribunal especial la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico".
El Título III contempla un proceso de reestructuración de deuda similar a las normas de protección por bancarrota estadounidenses, a las que no se puede acoger Puerto Rico por su condición de Estado Libre Asociado.
La norma sirve para paralizar las demandas judiciales y, previa presentación de reclamos por los acreedores y objeciones por parte del gobierno, poner en manos de los tribunales las decisiones sobre el pago.
La Ley Promesa fue aprobada el año pasado por el Congreso de EE.UU. después de que Puerto Rico se declarara incapaz de pagar su gigantesca deuda ante las amenazas de los acreedores con juicios interminables.
La gobernación de la isla había solicitado la colaboración de Estados Unidos por el riesgo de tener que cerrar la actividad de la administración por falta de liquidez.
Negociación
El gobernador insistió, no obstante, que esto no significa que se paren las negociaciones con los acreedores. Al contrario, expresó su deseo de que sirva "para acelerar los procesos de negociación".
"El mejor ejemplo de que se puede dialogar es el Acuerdo de Reestructuración establecido recientemente con los acreedores de la Autoridad de Energía Eléctrica", dijo el gobernador.
"No obstante, ante el déficit que hemos heredado, es mi responsabilidad garantizar los mejores intereses del pueblo puertorriqueño", agregó.
"Estamos aquí para atender los problemas de Puerto Rico, no para mirar el pasado y estoy convencido que nuestra isla podrá retomar el camino del desarrollo económico con los pasos acertados del gobierno y el empeño de cada uno de sus residentes".