Este sábado y por orden de la Asamblea Nacional de Nicaragua los inventarios de la segunda mayor importadora de petróleo del país pasaron a ser propiedad exclusiva del Estado nicaragüense.
Pero la nacionalización parcial de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleos (DNP), que también cuenta con una importante red de gasolineras, no ha sido cuestionada por los dueños de la empresa.
La probable razón: el pasado 12 de diciembre el Departamento del Tesoro de Estados Unidos ordenó sanciones contra la DNP, acusándola de haber "sido utilizado por miembros de la familia (del presidente) Ortega para su propio enriquecimiento personal".
Y la nacionalización de sus inventarios a través de la Ley de Aseguramiento Soberano y Garantía del Suministro de Combustibles y Productos Derivados del Petróleo a la Población Nicaragüense, aprobada con carácter de urgencia, claramente busca reducir el impacto de esas sanciones, que contemplan la expropiación de activos y en la práctica le impiden a la DNP hacer negocios con empresas con intereses en EE.UU.
La medida, sin embargo, también deja en el aire el futuro de una compañía que según las autoridades estadounidenses "es propiedad o está controlada por Rafael Antonio Ortega Murillo -hijo de la pareja presidencial nicaragüense-, así como por la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario María Murillo de Ortega".
Y la DNP no es la única empresa vinculada a Rafael Ortega Murillo incluida en la última ronda de sanciones, con el hijo mayor de la pareja presidencial convirtiéndose también en el último miembro de la familia en ser directamente sancionado por EE.UU.
La propia Rosario Murillo fue incluida en la lista de sujetos de sanciones en noviembre del año pasado y lo mismo ocurrió con otro de sus hijos, Laureano, en abril de este año.
Pero al ir contra "Payo" -como se conoce a Rafael Ortega Murillo- el gobierno estadounidense claramente busca afectar las fuentes de ingresos de la familia presidencial, denunciada internacionalmente por corrupción y violaciones de derechos humanos.
"Payo" Ortega y la DNP
El empresario, de 51 años, es hijo del primer matrimonio de Rosario Murillo, pero al igual que su hermana Zoilamérica fue adoptado por Daniel Ortega cuando era niño.
Rafael Ortega Murillo, sin embargo, permaneció leal a la familia incluso después de que Zoilamérica denunciara haber sido víctima de abusos sexuales a manos de su padrastro durante años.
Y aunque ha sido mucho menos visible públicamente que algunos de sus hermanos, en Nicaragua se maneja como un secreto a voces que "Payo" es quien maneja una cada vez más extensa red de negocios familiares que a menudo son difíciles de distinguir de los negocios del partido gobernante y del Estado.
La Distribuidora Nicaragüense de Petróleos es, probablemente, el mejor ejemplo.
Originalmente propiedad del consorcio suizo-británico Glencore, la DNP fue adquirida en 2009 por la petrolera estatal Petronic con fondos facilitados por dos instituciones creadas para manejar la cooperación petrolera venezolana a Nicaragua de forma privada: la Caja Rural Nacional (CARUNA) y el grupo Alba Petróleos de Nicaragua S.A., (ALBANISA).
Y hasta que EE.UU. ordenó sanciones contra ALBANISA, en enero de este año, la gerente de la DNP fue la ahora exesposa de Rafael Ortega Murillo, Yadira Leets.
Durante mucho tiempo, el principal negocio de la DNP fue la distribución del petróleo enviado bajo términos altamente concesionales por Venezuela, que entre 2007 y 2016 le facilitó a Nicaragua crudo por un valor aproximado de US$3.700 millones.
Pero según cifras del Ministerio de Energía y Minas, todavía el año pasado la DNP importó a Nicaragua petróleo y derivados por más de US$300 millones, en su mayoría de EE.UU., ubicándose como la segunda importadora por detrás de Puma Energy, de Singapur.
Y, sobre todo, vendió en sus estaciones de servicio el equivalente a más de un millón de barriles en uno de los países con la gasolina más cara de Centroamérica, en buena medida gracias al patrocinio de las instituciones públicas nicaragüenses.
Efectivamente, muchos de los nicaragüenses que se oponen al gobierno de Ortega acostumbran a boicotear las estaciones de servicio de la DNP, que a inicios de este año fueron "remodeladas" para ocultar la marca.
Según el departamento del Tesoro estadounidense, la compañía transfiere sus ganancias a la familia presidencial nicaragüense a través de la empresa Inversiones Zanzíbar, S.A., también controlada por Rafael Ortega.
"A principios de 2019, Rafael Ortega diversificó las tenencias financieras de la familia Ortega comprando estaciones de servicio a nombres de testaferros", asegura también el Tesoro, que sostiene además que el mayor de la familia también "posee o controla el Servicio de Protección y Vigilancia, S.A., una firma de seguridad que ha recibido millones en contratos gubernamentales".
Tanto Inversiones Zanzíbar como el Servicio de Protección y Vigilancia también son objeto de sanciones por parte de EE.UU.
Reacciones
En Nicaragua las sanciones fueron celebradas por la oposición como un golpe directo al bolsillo de los Ortega, aunque algunos analistas advirtieron que la nacionalización de los inventarios de la DNP permitiría minimizar el impacto inmediato de las sanciones.
Y algunos también advirtieron que la falta de claridad sobre el destino de los activos y pasivos de la empresa dejaba abierta la posibilidad de indemnizaciones para sus dueños.
Por lo demás, ningún vocero de la DNP ni tampoco Rafael Ortega Murillo (ni ningún otro miembro de la familia o del gobierno) se ha pronunciado públicamente sobre la última ronda de sanciones.
Aunque muchos opositores nicaragüenses están convencidos de que eso es lo que tenía la vicepresidenta Rosario Murillo en mente cuando el día que fueron anunciadas utilizó su habitual intervención diaria para pedir que dejaran de "joder" (molestar) a Nicaragua.
"Exigimos respeto. Respeto a nuestra patria libre. Oigan, oigan al Pueblo cuando dice, y vuelvo a pedir perdón por la palabra, no es la costumbre de uno hablar así, pero bueno, es la sabiduría popular: ¡Ya dejen de joder!", declaró.
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