A pesar de que Argentina tiene una de las mayores tasas de abortos por nacimientos del mundo (según la OMS) el tema no se debate en el Congreso desde 1921. (Foto: Getty)
Argentina adoptó en los últimos años algunas de las políticas sociales más progresistas de América Latina e incluso del mundo.
Fue el primer país latinoamericano en aprobar el matrimonio gay, en 2010, y la adopción por parte de parejas del mismo sexo.
Marcó otro hito mundial al sancionar, dos años más tarde, la primera ley de identidad de género que permite a las personas trans usar su nombre y sexo de elección en sus documentos y operarse para adecuar su género sin costo.
Y en 2013 volvió a ser pionero, aprobando una legislación que permite a cualquier adulto (casado o soltero, heterosexual o gay) acceder a técnicas de fertilización asistida de manera gratuita.
El gobierno de Chile anunció que actualizará su legislación sobre el aborto. (foto: AP)
Sin embargo, hay un tema social sobre el que Argentina no ha cambiado su política en casi un siglo (ni planea hacerlo en el futuro cercano): el aborto.
Mientras que la vecina Uruguay despenalizó la práctica en 2012, y en Chile se armó una polémica tras el anuncio del gobierno de que presentará un proyecto para permitir el aborto terapéutico, en Argentina actualizar la legislación vigente no forma parte de la discusión pública.
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La ley actual sobre el aborto data de 1921 y establece que la práctica está permitida cuando corre riesgo la vida o la salud de la madre, o en casos de violación.
Desde que comenzó a gobernar Cristina Fernández de Kirchner, en 2007, un grupo de unas 250 ONG llevan adelante una "Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito", pero sin embargo no han logrado que el tema siquiera sea debatido por las autoridades.
El pasado 7 de octubre, Fernández promulgó un nuevo Código Civil que plantea cambios sustanciales en asuntos como el matrimonio, el divorcio y la adopción.
No obstante, el Código mantiene el statu quo sobre el tema de aborto, conservando el criterio actual de que "la existencia de la persona comienza con la concepción".
Según algunos analistas, esta definición complica cualquier discusión futura sobre la posible despenalización del aborto.
De eso no se habla
Para algunos observadores resulta llamativo que en una sociedad considerada entre las más progresistas de América Latina el tema del aborto sea aún tabú en muchos ambientes.
"Cuando conté que me había realizado un aborto algunas personas me dieron vuelta la cara", relató a BBC Mundo Camila Sánchez, quien acudió a una clínica clandestina en 2007 (cuando tenía 21 años) para poner fin a un embarazo no deseado.
"Aún hoy sufro la discriminación. Estudio para ser maestra jardinera y cuando digo ‘yo aborté’ te miran con una cara como si le fueras a hacer algo a los nenes", contó.
Camila Sánchez se realizó un aborto en 2007 y sufrió discriminación cuando habló sobre su experiencia.
Sin embargo, Sánchez cree que de a poco la actitud está cambiando, en especial entre los jóvenes que se animan a hablar del tema a través de las redes sociales.
Germán Cardoso es un médico que practica abortos. En 2011 la Justicia lo detuvo por realizar estas prácticas ilegales, pero fue sobreseído por falta de evidencias.
Desde entonces el galeno -apodado por la prensa "Dr.Aborto"- ha hablado públicamente sobre su actividad, algo que en sí mismo muestra un cambio de actitud.
"En 2011 cuando la Justicia me acusó, los medios me repudiaron", dijo a BBC Mundo.
"Pero ahora ya no es considerado un tema oscuro y pecaminoso, y al menos hoy se puede hablar de manera más abierta", observó, atribuyendo el cambio al activismo de grupos feministas y a personas como él o Sánchez que hablan del tema.
Abortos
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), Argentina está entre los países con mayor tasa de abortos por cantidad de nacimientos.
Las últimas cifras oficiales, que datan de 2005, señalan que por cada 770.000 nacimientos anuales hubo 500.000 abortos, una cantidad que según el Ministerio de Salud argentino se habría reducido desde entonces.
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En tanto, hasta hace un par de años Argentina tenía una de las mayores tasas de muertes como consecuencia de abortos clandestinos de América Latina, con el 25% de mortalidad materna atribuida a esta causa.
Mariana Romero, una médica especializada en salud reproductiva que forma parte del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva (OSSyR), afirmó que el aborto ya no es la principal causa de muerte materna en Argentina.
Sin embargo, la experta consideró llamativo que no se actualice la legislación sobre un tema que afecta la vida de cientos de miles de mujeres y hombres.
"Me llama la atención, particularmente en una situación de la Argentina donde los derechos humanos ocupan un lugar primordial en la agenda y donde hay una política respecto a los derechos civiles muy importante, es un país pionero", dijo a BBC Mundo.
Desde 2007, los impulsores de la "Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito" presentaron cuatro veces un proyecto de ley para despenalizar el aborto.
Sin embargo, en estos ocho años el Congreso jamás aceptó debatir el tema, ni siquiera en comisiones.
¿A qué se debe?
Existen diversas teorías para explicar la reticencia de las autoridades para discutir sobre el aborto.
Romero cree que los políticos tienen "temor de perder votos" y "hacen prevalecer su opinión personal por sobre la de la sociedad, que reclama un debate sobre el tema".
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Según la experta, las encuestas muestran que el 50% de los argentinos apoya la despenalización del aborto.
Los grupos pro-aborto han realizado marchas frente al Congreso, que ha rechazado debatir el tema. (foto: AFP)
Para Camila Sánchez, los legisladores y gobernantes prefieren mantener el aborto ilegal porque se trata de un "negocio muy redituable", en especial entre las clases más acomodadas.
En cambio, el doctor Cardoso no duda de que la explicación es religiosa.
"La iglesia católica tiene una influencia enorme en América Latina, incluso sobre los gobernantes más progresistas", señaló.
En ese sentido, destacó la postura de la presidenta Fernández, quien a pesar de haber tenido desacuerdos con la Iglesia, siempre coincidió públicamente con la "defensa de la vida" desde la concepción.
La diputada kirchnerista Juliana Di Tullio, jefa de la bancada del oficialismo en la Cámara Baja y autora de un proyecto para despenalizar el aborto, admitió la falta de apoyo de la jefa de Estado para tratar este tema.
"El Congreso no está maduro para debatir la interrupción del embarazo. No nos dan los números", reconoció durante una entrevista con el canal de noticias CN23.
Papa Francisco
Para Di Tullio y muchos otros, la elección del argentino Jorge Bergoglio como Papa, en 2013, imposibilitó aún más la discusión sobre el aborto.
Muchos creen que con un Papa argentino y una presidenta pro-vida será imposible que se discuta sobre el aborto. (foto: AFP)
Por su parte, la Iglesia y los sectores más conservadores de la sociedad sostienen que Argentina ya tiene una de las legislaciones sobre interrupción de embarazos más progresistas de América Latina, a pesar de que esta ley tiene casi cien años.
El motivo es que, a diferencia de otros países como Brasil donde el aborto también es permitido en caso de riesgo de vida para la madre o violación, en Argentina se agrega específicamente como causal el riesgo "a la salud" de la madre.
Los grupos pro-aborto interpretan que esta redacción es aplicable a la mayoría de los casos de embarazos no deseados, ya que el concepto de "salud" incluye la salud psíquica, que muchos consideran en peligro ante esta situación.
Por eso, la lucha de estos activistas en los últimos años se ha enfocado en que se aplique esta visión más amplia del aborto no punible.
Amparadas en esta interpretación legal, han surgido algunas iniciativas –como una línea telefónica gratuita- que promueven el aborto seguro a través del uso del misoprostol, una droga de uso obstétrico que puede ser aplicada con fines abortivos.
En 2012, la Corte Suprema de la Nación también "flexibilizó" la práctica del aborto no punible al establecer que no hace falta presentar un trámite judicial para solicitar la realización de una interrupción de embarazo en caso de violación.
De esta manera, puso fin a una traba legal que, según los expertos, desde entonces facilitó el acceso de muchas más mujeres a este procedimiento, de forma lícita y segura.