El gobierno de Perú ordenó este miércoles poner en "alerta máxima" a la policía a nivel nacional en medio del escándalo que forzó la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski.

Según el documento difundido por el diario local El Comercio y al que tuvo acceso la agencia Reuters, el personal administrativo y policial deberá permanecer con su "uniforme de faena"en sus respectivas unidades "para el debido cumplimiento".

De acuerdo con El Comercio, este tipo acciones son parte de "una rutina frente a eventualidades" en el país y tienen como objetivo garantizar el orden público.

En horas de la tarde se confirmó la renuncia del presidente PPK en medio del escándalo de corrupción y compra de votos de diputados que sacude el país en los últimos días.

La crisis que vive el gobierno peruano desde hace meses se agravó desde el martes luego de que la oposición fujimorista publicara unos videos y audios que muestran a Kenji Fujimori y otros tres congresistas intentando comprar el voto de algunos parlamentarios para evitar la destitución del mandatario.

"Frente a esta difícil situación que se ha generado y se me hace injustamente aparecer como culpable de actos que no he cometido, pienso que lo mejor es que renuncie", anunció Kuczynski en una alocución televisada.

La renuncia llegó en víspera del voto en el Congreso sobre la vacancia del mandatario por sus supuestos vínculos con la constructora brasileña Odebrecht y que se esperaba terminara con la destitución del mandatario.

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La disposición entró en vigor desde las 0:00 horas de este miércoles y se mantendrá hasta "nuevo aviso", según la orden.

Desde el martes, la crisis que vive el gobierno peruano se agravó luego de que la oposición fujimorista publicara unos videos que muestran a aliados políticos del mandatario intentando comprar el voto de otros congresistas para evitar su destitución.

Medios peruanos informaron que Kuczynski se encontró en la mañana del miércoles con el cardenal del país y más tarde se reunió con su gabinete para una junta de "emergencia", previa a la renuncia.

La Plaza de Armas de Lima, donde se halla palacio de gobierno, se encontraba cerrada y custodiada por efectivos policiales.

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El presidente, que asumió el poder en 2016, ha negado todas las acusaciones en su contra.

La polémica por los videos

Los videos fueron mostrados por el partido Fuerza Popular, que encabeza Keiko Fujimori y tienen como uno de sus protagonistas a su hermano Kenji, quien supuestamente aparece haciendo gestiones para salvar la cabeza del mandatario peruano.

En diciembre pasado, Kenji y otros 9 políticos fujimoristas desafiaron abiertamente a la directiva del que entonces era su partido cuando se abstuvieron de votar a favor de la destitución de Kuczynski.

Pocos días después, el presidente aprobó un indulto para el expresidente Alberto Fujimori, padre de Kenji y Keiko que cumplía una pena de cárcel hasta 2032 por estar detrás de 25 asesinatos y dos secuestros durante su mandato.

La Junta de Portavoces del Congreso se reunió este miércoles para analizar el eventual desafuero de Kenji Fujimori y los congresistas Guillermo Bocángel y Bienvenido Ramírez, quienes también aparecen en las grabaciones.

Kenji Fujimori, por su parte, negó que se hubiera hecho una oferta de contratos de obras públicas a los congresistas para que votaran a favor de la permanencia del mandatario en el poder y señaló que la conversación que tuvieron iba en el sentido "de la gestión que cualquier autoridad hace".

Algunos medios peruanos compararon esta polémica con los videos divulgados a finales de 2000, que mostraban a Vladimiro Montesinos, entonces jefe del Servicio de Inteligencia Nacional de Perú, comprando apoyos en el Congreso para fortalecer al gobierno del entonces presidente Alberto Fujimori.

El Consejo de Ministros de Perú, entretanto, aprobó este miércoles la extradición del expresidente Alejandro Toledo, también acusado de recibir sobornos de la constructora brasileña.

Odebrecht, que está acusada de corrupción en varios países de América Latina, informó en diciembre pasado al Congreso peruano que pagó US$4,8 millones a dos firmas de asesoría vinculadas a Kuczysnki, una de ellas cuando era funcionario del gobierno de Toledo.