Una firma fue a puerta cerrada, sobria, con no más de 50 personas como testigos. La otra fue en una fastuosa ceremonia en Cartagena ante la presencia de miles de personas, entre ellas importantes personalidades de la política mundial.
La manera como se firmaron los acuerdos de paz entre el Estado colombiano y las guerrillas del M-19, hace 30 años, y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el 26 de septiembre de 2016, es apenas una de las diferencias que marcaron los dos procesos.
El 9 de marzo de 1990 el gobierno de Virgilio Barco firmó un pacto de paz con el Movimiento 19 de abril, el primero entre un Estado y una guerrilla en América Latina.
Y, en términos generales, funcionó: el grupo insurgente dejó las armas, el Estado garantizó la participación política de los combatientes y hoy algunos de ellos, como Gustavo Petro, ejercen política dentro de la legalidad.
Cuatro años después de la firma, incluso a pesar del asesinato del líder Carlos Pizarro el 26 de abril de 1990, el país ya parecía haber pasado la página de aquel conflicto.
Mientras tanto, y siguiendo una lectura general de los hechos, el acuerdo con las FARC hoy, cuatro años después de firmado con el presidente Juan Manuel Santos, presenta problemas: miles de guerrilleros volvieron al monte en lo que se conoce como "las disidencias de las FARC", un centenar de excombatientes han sido asesinados y otros más amenazados y cada día hay una nueva polémica, sobre todo en términos jurídicos, que reabre las heridas de la guerra.
Pero un proceso aparentemente en crisis con las FARC puede ser más importante que uno aparentemente exitoso con el M–19.
Y es ahí cuando hay que empezar a hablar de las diferencias, no solo de la paz, sino de las guerrillas mismas.
Diferentes guerrillas, diferentes procesos
Los dos movimientos se originaron durante un periodo conocido como el Frente Nacional, entre 1958 y 1974, un acuerdo entre los dos principales partidos políticos para turnarse la presidencia y evitar la violencia.
Pero sus orígenes ideológico y geográfico son distintos: el M-19, creado en 1970, fue una guerrilla urbana de corte socialdemócrata, mientras que las FARC, fundadas en 1964, eran un movimiento campesino y comunista.
El M-19, creado tras un supuesto fraude electoral del Partido Conservador, se dio a conocer con operaciones de carácter simbólico más que militar: su primer gran golpe, por ejemplo, fue robarse de un museo la espada del Simón Bolívar —que entregaron al firmar la paz— con la promesa de que la devolverían cuando las causas políticas del Libertador se hicieran realidad.
Secuestraron políticos y miembros de la élite empresarial, asaltaron unidades militares y diplomáticas y se tomaron el Palacio de Justicia en 1985 con un saldo de 98 muertos.
Las FARC, por su parte, se dedicaron en un principio a hacer las labores del Estado en los territorios más remotos del país y durante sus últimos 20 años —ya enfrentados a los paramilitares— realizaron miles de secuestros de políticos y civiles, atentados contra militares y población civil y se acercaron al narcotráfico.
Una vez firmada la paz, los líderes del M–19 tenían cierto apoyo popular: algunos de ellos fueron elegidos congresistas o alcaldes de grandes ciudades, participaron en la redacción de la Constitución del 91 y en las elecciones presidenciales de mayo de 1990 sacaron un sorpresivo 13%.
Los miembros de las FARC, a diferencia, son de los políticos menos votados en Colombia y sus escaños no son resultado de votos, sino de garantías acordadas en el proceso de paz. En las Legislativas de 2018, el partido FARC sacó 0,38% de los votos.
Su poder militar es otra diferencia: al momento de la desmovilización, las FARC tenían 7.000 soldados, mientras que el M-19, menos de 2.000.
Además, el contexto de cada uno de los procesos era distinto: cuando firmó el M-19 el país enfrentaba una guerra de carteles del narcotráfico, recién había acabado la Guerra Fría y se vivía un ambiente, local e internacional, que favorecía los consensos.
Tras diversos intentos de diálogo con el gobierno, en los años 90 las FARC se fortalecieron gracias al narcotráfico y la extorsión. Y, después del atentado a las Torres Gemelas en 2001 y la victoria de Álvaro Uribe en 2002, entraron a ser vistas, en Colombia y en el exterior, como una "organización terrorista".
La guerrilla respondió con más secuestros y ataques de alto impacto internacional.
El "éxito" del proceso con el M–19
Todos los protagonistas consultados por BBC Mundo coinciden en que el acuerdo con el M–19 fue menos ambicioso que el de las FARC.
Por eso, en parte, fue más fácil de cumplir.
"El negocio fue la posibilidad de hacer política a cambio de dejar las armas, no más", le dice a BBC Mundo Antonio Navarro Wolff, miembro y jefe negociador del M-19.
Siete de los diez puntos del acuerdo eran de carácter político. No se incluyeron —como sí con las FARC— reforma agraria, reparación a las víctimas o judicialización de militares.
Oficialmente, la negociación con el M-19 duró un año, mientras que la de las FARC, cuatro.
Por otro lado, añade Navarro, "el conflicto se resolvió con un indulto, que es menos que una amnistía, porque eso incluye perdón y olvido, mientras que el indulto es solo perdón".
Los delitos del M-19 no pasaron por ningún tribunal, pero los de las FARC sí: un polémico tribunal especial, de justicia transicional, conocido como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
"El indulto otorgado por el presidente (Barco) al M–19 fue un proceso sencillo, pero eso ya no se podía hacer con las FARC", explica Rafael Pardo, jefe negociador del Estado en el primer proceso y partícipe del segundo.
El político, que está por publicar con editorial Planeta "9 de marzo de 1990″ sobre el tema, se refiere a dos figuras legales que emergieron después de la firma con el M-19: el Estatuto de Roma, un instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional que juzga los delitos de guerra, y la Constitución Política de Colombia, firmada en 1991, que limitaba los poderes presidenciales.
"Eso complejizó mucho la cosa", asegura Pardo, quien sin embargo admite que no era una opción que Colombia saliera de la Corte Penal Internacional.
El proceso de paz con el M-19 se dio en uno de los años más violentos de la historia de Colombia, 1989: los narcos mataron a un favorito candidato presidencial y a un famoso congresista y realizaron decenas de atentados contra la población civil.
"Para Barco era un alivio que algo funcionara", opina Navarro. "Me parece que por eso fue generoso en la negociación; no en las concesiones, sino en el indulto y en la cantidad de votos que necesitábamos para obtener curules en el Congreso".
¿Por qué no fue así con las FARC?
La oposición al proceso de paz con el M-19 fue menor, mientras que el de las FARC tuvo como principal crítico al político más popular de la historia reciente del país: Álvaro Uribe Vélez, presidente entre 2002 y 2010.
Cuando empezó el proceso con las FARC, en 2012, un 70% de los colombianos estaba a favor, según encuestas. Pero cuatro años después, ganó el "no" en el plebiscito que refrendaba el acuerdo.
"Es ahí donde yo le cargo mucha responsabilidad a las FARC", asegura Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno. "Yo tengo la convicción de que hubiéramos podido terminar antes, lo cual le hubiera dado más espacio a Santos para la implementación y para lograr una situación más estable".
"Pero las FARC cayeron en la lascivia del micrófono, hacían declaraciones todos los días, creían que con eso ganaban plataforma para su futuro político y lo que hicieron fue al revés: demorar y crear incertidumbres en la sociedad".
De la Calle, quien luego de firmada la paz fue candidato a la presidencia y no pasó a segunda vuelta, dice que "nunca previmos que se demorara tanto".
Asimismo, atribuye responsabilidad al actual gobierno de Iván Duque: "Si a un guerrillero que deja las armas se le anuncia que va a haber modificaciones unilaterales a un acuerdo, pues claro que hay no solo un desestimulo sino una sensación de traición", asegura.
Duque defiende su política de "implementación con legalidad", pero una parte de sus aliados políticos uribistas mantienen que hay que "acabar con la JEP" y "hacer trizas" el acuerdo de paz.
De la Calle, sin embargo, no ve como fracasada la paz con las FARC, porque "abordamos cabos sueltos que en los anteriores procesos (como el del M-19) no se ataron y luego reaparecieron en forma de violencia y reapertura de procesos judiciales".
El político se refiere a elementos de fondo como la reparación a las víctimas y la reinserción organizada de los excombatientes, dos "procesos tortuosos" que, sin embargo, "con todo y pormenores, están funcionando".
Los tres políticos consultados para esta nota coinciden en que el proceso de Santos pudo haber sido "grandilocuente". Con dos consecuencias: los guerrilleros haciendo política durante el proceso y el uribismo cada vez más crítico y vociferante del mismo.
El acuerdo con las FARC fue "demasiado ambicioso", dice Navarro. "No tanto en sus contenidos, sino en el temario, porque, realmente, es muy difícil que un Estado cumpla un temario tan largo".
Para Pardo, el evento en Cartagena "fue una muestra de grandilocuencia y no por casualidad seis días después el 'No' ganó en el plebiscito".
De la Calle apunta: "El mejor acuerdo posible es que el ponga fin al conflicto. Este acuerdo puso fin al conflicto, lo cual es un paso previo a la paz".
Y añade: "Los acuerdos no tienen una escala como el estudiante que pierde con menos de tres puntos y pasa la materia con más de tres. No. No funciona así".
El proceso de paz con el M-19 significó la desmovilización de esa guerrilla y de tres otros movimientos pequeños que firmaron un año después. Pero las causas del conflicto se mantuvieron y las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), otra guerrilla colombiana, incluso se fortalecieron.
Quizá, entonces, una desmovilización exitosa es menos importante que una "tortuosa" resolución de las causas del conflicto. A eso le apuntó el acuerdo con las FARC. Y, a cuatro años de firmado, sus resultados están por verse.
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