El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que llegó el momento de una reforma "completa" y "con sentido común" de las leyes de inmigración de su país.
En un discurso en un colegio de Las Vegas (Nevada), el presidente aseguró que el sistema actual es "anticuado y problemático".
Obama se mostró alentado por el plan trazado por un grupo de senadores demócratas y republicanos, el cual le abre a 11 millones de inmigrantes ilegales una vía a la ciudadanía.
El plan contempla mayores controles migratorios, sobre todo en la frontera con México.
Los senadores también pidieron sanciones más duras para los empleadores que dan trabajo a inmigrantes ilegales, así como sistemas más eficientes que garanticen la salida de las personas cuyas visas expiraron.
La medida refleja la creciente influencia de los votantes hispánicos.
Plan bipartidista
Obama señaló que muchos de esos 11 millones de trabajadores indocumentados en EE.UU. "ya están entrelazados en el tejido" de la vida del país, y que también hay un incentivo económico para la reforma.
Aunque el plan de reforma de Obama se venía anunciando desde 2011, los votantes latinos se vieron decepcionados de que no se legislara al respecto.
El presidente no reveló la legislación, pero celebró la propuesta presentada por el grupo de senadores este lunes.
"La buena noticia es que, por primera vez en muchos años, republicanos y demócratas parecen estar listos para trabajar juntos en el problema", dijo.
Obama -que fue investido como presidente reelecto hace 10 días- también apoya una reforma integral del sistema actual de inmigración y el refuerzo de la seguridad en las fronteras estadounidenses.
El presidente advirtió que la inmigración es un problema que polariza a la sociedad, a pesar de que cree que la reforma está "al alcance".
Obama ya esbozó un proyecto de reforma migratoria en 2011 que no llegó muy lejos y en el gobierno proponía requerirle a los inmigrantes ilegales que se registrasen y pasasen un examen de antecedentes.
También proponía hacerles pagar una serie de multas y de posibles impuestos evadidos.
Los afectados tendrían permitido hacerse residentes legales permanentes después de ocho años y ciudadanos después de cinco.