Marisela Escobedo, Nepomuceno Moreno, Bernardo Carreto, Trinidad de la Cruz, Pedro Leyva y Miguel Ángel Jiménez. Ahora también Miriam Rodríguez Martínez.
Todos buscaban a sus familiares desaparecidos o exigían castigo a los asesinos de sus hijos en México. En distintos momentos, fueron asesinados.
El caso más reciente es el de Miriam Rodríguez, quien encontró los restos de su hija secuestrada en 2014 en una fosa común y logró que se encarcelara a los responsables.
Un grupo armado le disparó la noche del 10 de mayo en su casa en Tamaulipas, en el noreste del país.
No es la única. Desde 2010 han sido asesinados 26 activistas en México, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La mayoría habían recibido amenazas por buscar a sus familiares. En algunos casos no recibieron protección de las autoridades o resultó insuficiente, como sucedió con Rodríguez Martínez.
"Por desgracia no es el primer caso donde víctimas piden seguridad pero el Estado no tiene capacidad de actuar de inmediato", le dice a BBC Mundo Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro.
"Entonces suceden hechos irreparables como lo acontecido con Miriam".
Amenazas cumplidas
Desde 2006, cuando el expresidente Felipe Calderón inició la guerra contra el narcotráfico, en México han desaparecido unas 30.000 personas, según datos oficiales.
En distintos momentos, organizaciones civiles han denunciado falta de voluntad o ineficiencia de las autoridades para localizarlas.
En los últimos años surgieron colectivos que se han encargado de buscar a sus familiares, sobre todo en los estados que disputan los carteles de las drogas.
Estos grupos han encontrado cientos de fosas clandestinas en estados como Coahuila, Sinaloa, Guerrero o Veracruz.
En algunos casos, como el Colectivo Solecito, las personas usan sus manos para extraer restos o encuentran pistas sobre los responsables de los homicidios.
No ha sido fácil. Mario Patrón señala que entre el movimiento de víctimas que nació en 2010, quienes buscan desaparecidos enfrentan mayores riesgos.
Muchos han recibido amenazas de muerte. Para algunos se cumplieron, incluso a pesar de que advirtieron de su asesinato.
"En cualquier rato me matan"
Fue el caso de Nepomuceno Moreno Núñez, quien buscaba a su hijo Jorge Mario desaparecido en Sonora, en el noroeste del país.
Durante varios meses recorrió solo las fiscalías de varios estados, y luego se unió al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad creado por el poeta Javier Sicilia.
Era un colectivo integrado por cientos de personas con familiares desaparecidos o que enfrentaban amenazas de carteles de narcotráfico.
Don Nepo, como se le conocía, le entregó al entonces presidente Felipe Calderón documentos con el caso de su hijo. "Yo lo veo", respondió el mandatario.
Fue el 14 de octubre de 2011. Semanas después, el 5 de noviembre, Moreno Núñez envió mensajes electrónicos a sus compañeros para informar que la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PGR) había ubicado a 3 de los responsables de la desaparición.
"Estoy enfrentando al crimen y al gobierno directamente y los estoy acusando directamente. Esta bomba va a explotar, no tarda", decía uno de los correos publicados en el portal Sin Embargo.
"Estén enterados que en cualquier rato me desaparecen o me matan. No les tengo miedo, desde que empecé esto no he parado y le juré a mi hijo que no lo abandonaría", decía.
Semanas después fue asesinado en Hermosillo, la capital de Sonora. Los responsables del crimen y de la desaparición de su hijo, no han sido localizados.
Guerra de narcos
Otra persona con quien cumplieron con las amenazas de muerte fue Miguel Ángel Jiménez, quien organizó un grupo para localizar a los alumnos desaparecidos de la Escuela Normal de Ayotzinapa.
Pero en la búsqueda encontraron decenas de cuerpos en fosas clandestinas que no pertenecían a los estudiantes.
El trabajo de Jiménez, militante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del estado de Guerrero, reveló que la guerra entre dos bandas de narcotráfico había causado la muerte de decenas de personas.
Y también que policías y autoridades locales, especialmente del municipio de Iguala donde desaparecieron los estudiantes, estaban involucrados.
En agosto de 2015 Ángel Jiménez fue asesinado en el balneario de Acapulco, a unos 200 kilómetros de las fosas que ayudó a descubrir.
La Upoeg dijo que días antes del crimen había recibido mensajes con amenazas en su teléfono móvil.
Meses después, en diciembre, también murió otro activista que buscaba desaparecidos, Bernardo Carreto.
Era comerciante en Tepozcuautla, cerca de Iguala. Tres de sus hijos y dos amigos suyos fueron secuestrados en mayo de 2015 cuando la organización de Los Ardillos sitió el pueblo donde vivían.
Durante dos días revisaron casa por casa en busca de sus rivales, miembros del grupo Los Rojos, pero también se llevaron a personas inocentes, como los hijos de Carreto.
Las bandas disputan el control del tráfico de heroína en esa región montañosa de Guerrero.
Impunidad
Otro caso que provocó escándalo es el de Marisela Escobedo, en Chihuahua, en el norte de México.
En 2010 localizó al asesino de su hija Marisol Rubí y logró que fuera encarcelado. El responsable, Jorge Barraza, confesó el crimen.
Sin embargo, los jueces que atendieron el proceso ordenaron su liberación porque las pruebas presentadas "no eran concluyentes".
Marisela empezó entonces una jornada de protestas y consiguió que se ordenara de nuevo la aprehensión del inculpado.
Pero en diciembre de ese año fue asesinada frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, que todo el tiempo está vigilado por policías.
En 2016 las autoridades de ese estado cerraron el caso porque, dijo el gobernador, Jorge Barraza había muerto y se capturó al presunto asesino de la activista.
El caso de Marisela Escobedo es un ejemplo de por qué no cesa la violencia contra defensores de derechos humanos, advierte Mario Patrón.
Por un lado la capacidad de las autoridades para brindarles seguridad “es raquítica”, a pesar de que desde hace varios años existe la Ley General de Víctimas que establece protocolos para atender los casos de desapariciones y otras amenazas.
También existe el Mecanismo de protección de personas de derechos humanos y periodistas, al que no se le asignaron recursos este año. El dinero para su operación se agota el próximo septiembre.
Pero la raíz del problema es que las agresiones no son sancionadas, insiste Patrón.
"Mientras este tipo de caso no sean investigados y enjuiciados se genera un contexto de permisividad", advierte.
Y añade: "La impunidad es un problema estructural que genera un riesgo real e inminente para los defensores de derechos humanos".