Image copyright
AFP
Los padres de los estudiantes no confían en la investigación oficial y reclaman la entrega de sus hijos con vida.
El tercer estudio sobre si hubo o no un incendio capaz de incinerar los cuerpos de los 43 estudiantes desaparecidos en la localidad mexicana de Ayotzinapa en septiembre de 2014 no logró despejar las dudas sobre lo ocurrido.
Ricardo Torres, en representación del Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego, aseguró este viernes en conferencia de prensa que sí existió un incendio de grandes proporciones pero que es necesario realizar nuevos peritajes.
Hay "evidencia suficiente, inclusive observable físicamente, para afirmar que sí existió un evento de fuego controlado de grandes dimensiones" en el basurero de Cocula, en el estado de Guerrero, y que allí fueron incinerados "al menos 17 seres humanos adultos", indicó Torres.
Sin embargo, dijo que para determinar si hubo "una quema masiva de 43 cuerpos" se necesita una "prueba a gran escala".
Image copyright
AFP
Los expertos aseguran que es necesario realizar una "prueba a gran escala" para saber si en el basurero de Cocula se quemó a los 43 estudiantes.
Los expertos acordaron "realizar más pruebas las próximas semanas con el propósito de corroborar científicamente si es posible llevar a cabo la quema de 43 cuerpos humanos adultos".
Así lo anunció Torres en la rueda de prensa realizada en la sede de la Procuraduría (fiscalía) General de la República (PRGR en la que estuvo acompañado por el subsecretario de Derechos Humanos de la PGR, Eber Betanzos Torres.
El funcionario explicó que durante seis semanas el grupo de seis expertos analizó "si las condiciones contenidas en testimonios y estudios periciales realizados con anterioridad permitían determinar la presencia o ausencia de episodios de fuego en el lugar".
Ruptura con la fiscalía
Horas después de realizado el anuncio el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a petición del gobierno mexicano para asistir en las investigaciones del caso, cuestionó el accionar de las autoridades.
Image copyright
Getty
El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó el accionar de las autoridades.
Los expertos emitieron un comunicado en el que señalan que el anuncio de los resultados de este viernes supone la ruptura del acuerdo de confidencialidad del proceso hasta tener resultados y cómo transmitirlos, y el de tomar las decisiones mediante el consenso.
El grupo de expertos señaló que las "declaraciones no reflejan el consenso sobre el contenido ni el proceso de trabajo de un informe que es provisional".
El GIEI indicó que reconsiderará su trabajo en función de las acciones de la Fiscalía "y llevará a cabo las acciones que considera necesarias para avanzar en el esclarecimiento del caso".
Estudios sobre el fuego
El gobierno había anunciado este nuevo estudio luego de que el GIEI cuestionara elementos centrales de la "verdad histórica" de la fiscalía.
El grupo determinó en septiembre que no había evidencias científicas que confirmaran que los estudiantes fueron quemados en el basurero.
En febrero un peritaje realizado por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) confirmó lo investigado por el GIEI.
Los forenses argentinos determinaron que en Cocula no se rescató ninguna evidencia "biológica ni no biológica" que probara la existencia de un fuego capaz de incinerar 43 cuerpos.
Image copyright
AFP
Los estudiantes desaparecieron en Iguala, estado de Guerrero, el 26 de septiembre de 2014.
Un laboratorio especializado de la Universidad de Innsbruck (Austria) identificó los restos de los estudiantes Jhosivani Guerrero de la Cruz y Alexander Mora Venancio en base a en base a material hallado en la zona mientras que los otros estudiantes se considera que se encuentran en calidad de desaparecidos.
El 28 de febrero el Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego comenzó sus trabajos para analizar si hubo o no un fuego en el basurero de Cocula.
Uno de los seis integrantes del grupo es José Torero, quien realizó el peritaje en el cual se basó el GIEI el año pasado.
Distintas versiones
Un centenar de estudiantes, pertenecientes a la escuela de magisterio rural de Ayotzinapa, llegaron a Iguala el 26 de septiembre para tomar autobuses y utilizarlos para acudir a una protesta en la capital.
Image copyright
Getty
La hipótesis de la fiscalía se basó en el testimonio de varios detenidos a quienes acusa de asesinar y cremar a los jóvenes.
Los alumnos fueron detenidos por agentes de la policía de Iguala y Cocula al servicio del cartel de los Guerreros Unidos y fueron entregados a sicarios de esa organización criminal.
Al parecer, los líderes de los Guerreros Unidos creyeron que los jóvenes pertenecían al cartel de Los Rojos, con quienes tenían una violenta disputa territorial.
Hasta el momento esto es en lo que coinciden tanto la versión gubernamental como la entregada por organismos independientes.
Image copyright
Getty
La versión oficial indica que los estudiantes fueron asesinados en el basurero de Cocula.
Después las versiones difieren. Según la PGR, los jóvenes fueron llevados en varios camiones hasta el basurero de Cocula, donde fueron asesinados, arrojados al vertedero y luego incinerados durante varias horas. Luego los restos fueron arrojados a un río.
La hipótesis de la PGR se basó en el testimonio de varios detenidos a quienes se acusa de asesinar y cremar a los jóvenes de Ayotzinapa.
Los expertos independientes del GIEI aseguran que los jóvenes no fueron incinerados en Cocula y que es necesario abrir nuevas líneas de investigación.
Polémica con los investigadores
El mandato de los expertos de la CIDH finaliza el 30 de abril, insistió el gobierno esta semana, pese a llamados de los padres de los estudiantes, quienes rechazan la investigación oficial, y organizaciones civiles para que continúen sus labores.
El grupo trabaja en el caso desde marzo de 2015 y tras vencer un período de seis meses hubo un acuerdo para ampliar el mandato hasta abril.
Image copyright
AFP
El secretario ejecutivo de la CIDH, Emilio Álvarez Icaza, dijo que México vive una "regresión autoritaria".
La relación entre las autoridades y la CIDH no ha sido la mejor.
Los expertos han pedido varias veces entrevistar personalmente a un grupo de militares testigos de los hechos de septiembre de 2014, pero el gobierno no dio la autorización.
Esta semana la comisión rechazó la "campaña de desprestigio" que, a su juicio, tiene lugar en México contra el GIEI y contra el secretario ejecutivo, el mexicano Emilio Álvarez Icaza.
José Antonio Ortega Sánchez, presidente de la organización Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, presentó hace dos semanas una denuncia penal contra Álvarez Icaza por considerar que los expertos malversaron fondos públicos de la investigación.
Álvarez Icaza consideró que la denuncia es "temeraria e infundada".
"Ni en el Perú de (Alberto) Fujimori, ni en la Venezuela de (Hugo) Chávez, no hay precedente de investigación previa sobre el secretario ejecutivo de la CIDH. México se está poniendo en una regresión autoritaria", señaló.