La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sigue siendo fuente de controversia en México más de dos años y medio después.
La Policía Federal anunció este martes el arresto de una persona a quien consideraron como "sospechoso clave" de los hechos ocurrido en la ciudad de Iguala en 2014.
Según las autoridades, Erick Uriel Sandoval fue acusado de formar parte de la pandilla a la que las autoridades le atribuyen el secuestro y asesinato de los jóvenes hace casi tres años, la versión oficial sobre lo sucedido.
Sin embargo, expertos independientes designados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ponen en cuestión tres elementos básicos de esta versión: la supuesta incineración de los cuerpos, los motivos del crimen y el papel de policías militares y federales en el caso, lo que pone en tela de juicio la detención reportada este martes.
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Los padres de las víctimas también rechazan el reporte oficial sobre la desaparición y atribuyen la responsabilidad de lo sucedido al Estado mexicano.
El anuncio de la detención del sospechoso ocurre en la previa del inicio oficial de la campaña de las presidenciales de julio, en la que aspira a conservar la presidencia el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que fue seriamente atacado por la gestión de la desaparición de los estudiante.
La versión del gobierno
Desde la Procuraduría General de la República, el fiscal Alfredo Higuera, a cargo de investigar el caso, afirmó que Sandoval fue acusado de haber "jugado un papel clave en las acciones contra los estudiantes".
El sospechoso fue arrestado en Cocula, la ciudad cercana al basurero donde las autoridades consideran que fueron quemados los estudiantes.
Según la fiscalía, Sandoval está acusado de formar parte de la banda de narcotraficantes Guerreros Unidos y, de acuerdo con la acusación, tuvo "contacto directo" con los estudiantes después de su desaparición.
Es uno de los cinco sospechosos por quien las autoridades habían ofrecido una recompensa de 1,5 millones de pesos (US$ 81.000).
Según medios mexicanos, uno de los miembros de Guerreros Unidos que se encuentra bajo custodia nombró a Sandoval como una de las personas que estaban en el basurero la noche en que los estudiantes fueron supuestamente asesinados y quemados.
Más de 100 personas han sido arrestadas en relación con el caso, pero, dos años y medio desde la desaparición, las incógnitas sobre lo que sucedió y los presuntos responsables siguen vigentes.
Desaparecidos
Los 43 formaban parte de un grupo más grande de estudiantes de una escuela de formación docente en Ayotzinapa que viajaban a la ciudad cercana de Iguala para protestar contra lo que consideraban prácticas de contratación discriminatorias para los docentes.
Mientras viajaban de Iguala a Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, fueron confrontados por la policía municipal, que abrió fuego contra los autobuses en los que viajaban.
Los oficiales sostuvieron que lo hicieron porque los autobuses habían sido secuestrados, mientras que los estudiantes sobrevivientes dijeron que los conductores habían acordado llevarlos de rehenes ante los narcos.
Según el informe oficial del gobierno, fueron entregados por agentes de policía corruptos a miembros de la pandilla local de drogas Guerreros Unidos.
El reporte oficial, que las familias de las víctimas tampoco aceptan, indica que luego, la pandilla los llevó a un basurero local, donde los mataron y quemaron sus cuerpos.
Varios expertos independientes aseguraron que el gobierno mexicano obstaculizó su investigación y pusieron en evidencia los métodos utilizados por el gobierno para la búsqueda.
Dudas
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) consideró que no hay evidencias de que los estudiantes fueran incinerados en un basurero.
Según el estudio, para incinerar 43 cuerpos se deberían haberse usado 30 toneladas de madera y el fuego tendría que haber ardido por 60 horas, y no las alrededor de 12 que había dicho el gobierno con base en la confesión de los inculpados.
La versión oficial indica que los estudiantes iban a entorpecer un acto del alcalde de Iguala y su esposa, y que fueron confundidos con miembros de Los Rojos, un grupo criminal rival de Guerreros Unidos.
Pero los expertos dudan de esta versión y apuntan a una causa muy distinta: el negocio de la heroína.
El GIEI obtuvo información de que en Iguala opera una red de tráfico de heroína hacia Estados Unidos, que mueve sus cargamentos en autobuses comerciales.
Los estudiantes tomaron varias unidades de la central camionera la noche del 26 de septiembre y las agresiones en su contra al parecer tenían la intención de impedir que las unidades abandonaran la ciudad.
Desde la tarde del 26 de septiembre, cuando los estudiantes salieron de su escuela, sus movimientos fueron monitoreados por policías federales y militares, que fueron una presencia constante.
Testimonios recabados por los investigadores refieren que hubo agentes de inteligencia del Ejército en al menos dos de los escenarios donde los estudiantes que luego desaparecieron fueron detenidos por policías municipales.
También existen testimonios de que uno de los autobuses de donde se llevaron a parte de estos jóvenes fue detenido por policías federales.