La madrugada del 16 de noviembre de 1989, la sangre salpicó las paredes y los patios de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), en la capital de El Salvador.
Los cuerpos fueron minuciosamente masacrados, tiro a tiro. Las marcas del ataque quedaron estampadas en huecos profundos en las fachadas.
Los cadáveres de seis curas jesuitas y de dos mujeres, la cocinera de la residencia y su hija de 16 años, quedaron envueltos en sangre, bocabajo, en los cuartos o en el jardín.
"Sus rostros y cerebros fueron despedazados como animales que se destazan sin piedad", recordó en el vigésimo aniversario de los hechos el portal oficial de los jesuitas para América Latina.
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Todo había comenzado un poco antes, cuando soldados del Batallón de Infantería de Reacción Inmediata "Atlacatl", un comando entrenado en Estados Unidos, intentaron entrar por la fuerza a la casa de los curas, casi todos directivos de la UCA.
Según documentos de la Comisión de la Verdad formada en El Salvador en 1992, la UCA era considerada un "refugio de comunistas" y los soldados habían recibido órdenes de eliminar a los "elementos subversivos conocidos".
Después de cometer su encomienda esa noche, dejaron señales y pruebas falsas para que parecieran que los crímenes habían sido cometidos por la guerrilla insurgente.
Más de 30 años después la mayoría de los responsables de la masacre no ha enfrentado la justicia.
En abril de 2018, una corte de Paz ordenó la reapertura del proceso para determinar la autoría intelectual y al año siguiente, un alto tribunal lo confirmó, sin que hasta la fecha se hayan dado avances.
Este miércoles, por primera vez en más de 30 años, el gobierno de Estados Unidos, que apoyó y financió la guerra civil en El Salvador, anunció sanciones (restricciones de visa) para los 13 exmilitares del batallón que la CIA entrenó y a los que se responsabiliza por la muerte de los seis jesuitas y las dos mujeres.
"EE.UU. apoya los continuos esfuerzos de rendición de cuentas, reconciliación y paz en El Salvador", indica un comunicado del Departamento de Estado.
"Valoramos nuestra relación de trabajo en curso con las Fuerzas Armadas salvadoreñas, pero continuaremos utilizando todas las herramientas y autoridades disponibles, según corresponda, para abordar las violaciones y abusos de los derechos humanos en todo el mundo, sin importar cuándo ocurrieron o quién los perpetró", agrega.
Los "mártires de la UCA"
- Celina Ramos, de 16 años. Salvadoreña, hija de la cocinera de la residencia,
- Ignacio Ellacuría, jesuita español, rector de la universidad
- Ignacio Martín-Baró, jesuita español, vicerrector académico
- Segundo Montes, jesuita español, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA
- Juan Ramón Moreno, jesuita español, director de la biblioteca de Teología
- Amando López, jesuita español, profesor de Filosofía
- Joaquín López y López, jesuita salvadoreño, fundador de la universidad
- Elba Ramos, salvadoreña, cocinera de la residencia de los jesuitas.
El rol de Estados Unidos
El comunicado del Departamento de Estado no aclara qué motivó a Estados Unidos a sancionar a los militares tantos años después ni tampoco alude a la participación de Washington en la Guerra Sucia en El Salvador.
Según contó el año pasado a BBC Mundo el abogado de derechos humanos Wilfredo Medrano, las operaciones del Batallón Atlactl, responsable de la masacre de los jesuitas, formaron parte de una serie de estrategias diseñadas desde Estados Unidos para combatir la insurgencia en Latinoamérica.
"Bajo el gobierno de Ronald Reagan se destinaba al gobierno de El Salvador casi US$1 millón diario, que iba a pertrechos militares, adiestramiento, alimentación, colaboración de asesores o la formación de los batallones de contrainteligencia que fueron a formarse al Comando Sur o a Georgia", indicó.
En su criterio, EE.UU. implementó en El Salvador técnicas de guerra que incluso habían fallado en Vietnam, como los desplazamientos forzosos, la destrucción de poblados, bombardeos y aniquilamiento de poblaciones o promoción de asesinatos contra personas consideradas "comunistas".
Washington, por años, ha asegurado que su ayuda iba destina a la consolidación de la democracia en El Salvador.
Elliott Abrams, ahora enviado especial de Trump para Venezuela y quien fuera en los primeros años de la Guerra Civil en El Salvador subsecretario de Estado para derechos humanos y asuntos humanitarios, descartó las denuncias de los crímenes de la dictadura en El Salvador como "propaganda comunista".
El alcance
La de la UCA podría haber sido una masacre más: una de las tantas que acabaron con la vida de unas 75.000 personas y dejaron más de 8.000 desaparecidos durante los años oscuros de la Guerra Civil en El Salvador (1979- 1992).
Los historiadores no se ponen de acuerdo en qué había cambiado para 1989.
No era ni siquiera la primera vez que miembros del clero se contaban entre las víctimas de la dictadura.
Monseñor Oscar Arnulfo Romero había sido baleado durante una misa en 1980 y tres monjas y una misionera estadounidenses fueron violadas y asesinadas el mismo año.
La guerra contra la guerrilla ya había dejado muertos por todos lados.
En 1981, más de 1.000 personas, según algunas estimaciones, habían sido pasadas por las armas y quemadas en los poblados de El Mozote, La Joya, Cerro Pando, Jocote Amarillo, Ranchería y Los Toriles.
Pero casi una década después, la muerte de los jesuitas llevó a una conmoción internacional que no provocaron otras matanzas en las que incluso hubo más muertos.
Según algunos historiadores, la masacre de los "ocho mártires de la UCA" aumentó las presiones de la comunidad internacional para que el gobierno y la guerrilla iniciaran un diálogo, y fue uno de los puntos de giro que llevó a poner fin a la guerra.
La ejecución de los curas y de las dos mujeres provocó, incluso, un viraje en la política de Estados Unidos.
La Casa Blanca pidió entonces al gobierno salvadoreño que iniciara "la investigación más completa y rápida" sobre lo sucedido y condenó las muertes de los curas "en los términos más enérgicos posibles".
Menos de dos años después, El Salvador pondría oficialmente fin a los tiempos oscuros de la Guerra Civil.
Deudas pendientes
Pero el fin de la guerra no significó la llegada de la justicia.
La Comisión de la Verdad estableció la responsabilidad de un grupo de militares por el asesinato de los jesuitas y las dos mujeres, pero solo dos exoficiales fueron finalmente condenados y absueltos poco después por una ley de amnistía que se aprobó en 1993.
Solo uno de ellos, el excoronel Guillermo Benavides, volvió a la cárcel luego de que la Corte Suprema declarara inconstitucional la amnistía en 2016.
El hecho ha sido, a través de los años, uno de los puntos más críticos de confrontación entre El Salvador y la comunidad internacional, en especial, en su relación con España.
En 2014, el gobierno salvadoreño se negó a conceder la extradición a ese país de 13 de los exmilitares señalados como responsables, pese a que Madrid había emitido una alerta roja de la Interpol en contra de ellos.
La detención de los implicados nunca tuvo lugar, luego de que la Corte Suprema de Justicia de El Salvador se negara a autorizar los arrestos y el gobierno del entonces presidente, Mauricio Funes, decidiera, a través de su Ministerio de Defensa, dar refugio a los exmilitares en un cuartel.
Los jesuitas salvadoreños, aunque pidieron que se conmute la pena del excoronel Benavides han solicitado de forma reiterada en los últimos años que juzguen a los autores intelectuales de la masacre.
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