Todo indica que cuando explotó el escándalo de corrupción que involucra a la constructora brasileña Odebrecht, varios de los políticos más importantes del continente temblaron.
El caso rápidamente sacudió la política brasileña al más alto nivel, pues tanto el actual presidente de Brasil, Michel Temer, como Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva, sus antecesores en el cargo, se han visto implicados en el escándalo.
Y la onda expansiva rápidamente alcanzó al resto de la región, llegando hasta otras importantes figuras de la política latinoamericana, incluyendo a varios mandatarios y exmandatarios.
El ejemplo más destacado tal vez sea el del expresidente de Perú Alejandro Toledo, a quien la fiscalía de su país acusa de haber recibido US$20 millones en coimas del gigante brasileño de la construcción.
El más reciente, la acusación de que la campaña del actual presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, se benefició con US$1 millón proveniente de los sobornos que Odebrecht habría pagado a un exsenador colombiano.
Y esos no son los únicos casos de alto perfil vinculados a lo que el departamento de estado de EE.UU. calificó como "el mayor caso de sobornos extranjeros de la historia".
El escándalo también ha salpicado a destacados políticos como el panameño Ricardo Martinelli y el salvadoreño Mauricio Funes, sólo por nombrar a algunos de los exmandatarios acusados de haberse beneficiado de los sobornos.
Aunque cabe aclarar que, al día de hoy, ninguno de esos y otros políticos mencionados en este artículo han sido condenados en conexión con el escándalo.
De Lula a Toledo
En el caso de Brasil la única personalidad que por el momento enfrenta cargos por cuenta de Odebrecht es el expresidente Lula da Silva, quien mantiene su inocencia.
Pero las sospechas también rondan a Dilma Rousseff -separada de la presidencia por un proceso no vinculado al escándalo Odebrecht-, quien ya fue llamada a declarar como testigo en el caso.
El actual presidente Michel Temer, por su parte, fue mencionado 43 veces en las "delaciones premiadas" de uno de los ejecutivos de la empresa constructora.
En las declaraciones, ofrecidas como parte de un acuerdo especial con la fiscalía, el ejecutivo afirmó que la empresa había hecho contribuciones ilegales a las campañas de varios políticos brasileños, incluyendo Temer.
Pero el mandatario brasileño también niega los cargos.
En Perú, por su parte, el Ministerio Público ya solicitó el arresto provisional del expresidente Alejandro Toledo, quien ha clamado su inocencia.
La fiscalía acusa al exmandatario de haber recibido US$20 millones en sobornos vinculados a la construcción de la carretera Interoceánica Sur, que une a Brasil con el sur de Perú.
Y en ese mismo país la fiscalía también investiga a la exprimera dama Nadine Heredia -esposa del expresidente Ollanta Humala- por el presunto trato de favor a Odebercht en la licitación de otro proyecto: el Gasoducto Sur.
Investigados
Los expresidentes Alan García y Ollanta Humala, así como al presidente Pedro Pablo Kuczynski y la líder opositora Keiko Fujimori, también han sido llamados a declarar, en calidad de testigos, en ese caso.
Y, según el periódico brasileño Folha de Sao Paulo, Humala también ha sido mencionado en las "delaciones premiadas", según las cuales Odebrecht habría aportado US$3 millones para su campaña electoral de 2011.
El expresidente Alan García, por su parte, también tuvo que salir públicamente a defenderse de informaciones que lo vinculan con presuntas irregularidades en la adjudicación del Metro de Lima.
Según la fiscalía peruana, la empresa brasileña pagó US$7 millones en sobornos para quedarse con el contrato, adjudicado durante el segundo gobierno de García.
Pero el exmandatario también niega haberse beneficiado.
"No me mezclen en sobornos y coimas de gente sin moral ni patriotismo", dijo a través de Twitter el 24 de enero pasado.
Para las campañas
En Colombia, por su parte, fueron las declaraciones del exsenador Otto Bula -actualmente preso por haber recibido US$4,6 millones en supuestos sobornos de Odebrecht– las que implicaron a la campaña de reelección del presidente Santos en 2014.
La campaña del exmandatario niega la versión, pues afirma que se financió enteramente con los aportes legales del Estado.
Y según el fiscal Néstor Martínez, Bula todavía no ha ofrecido pruebas documentales de la supuesta transferencia, por lo que le correspondería al Consejo Nacional Electoral (CNE) investigar la supuesta irregularidad.
"Pero eso no quiere decir que la Fiscalía no seguirá haciendo su trabajo", aseguró el fiscal, cercano a Santos.
Por lo demás, el CNE colombiano ya está investigando alegaciones de que Odebrecht también contribuyó de forma ilegal con la campaña del principal rival de Santos en los comicios de 2014, Óscar Iván Zuluaga.
Zuluaga niega cualquier conocimiento de pagos ilegales hechos por la empresa de construcción a su asesor de campaña, el brasileño Eduardo 'Duda' Mendonça.
Pero la situación obligó al expresidente Álvaro Uribe a demandar una investigación interna en su partido Centro Democrático.
También en Panamá
El supuesto financiamiento ilegal de Odebrecht a campañas electorales también es objeto de interés en Panamá.
Las sospechas de apoyo a la campaña del expresidente Ricardo Martinelli, por ejemplo, ya habían sido destacadas por la embajadora de EE.UU., Barbara Stephenson, en un cable filtrado por Wikileaks.
Y la Corte Suprema de Justicia de Panamá también admitió, en agosto del año pasado, una solicitud de asistencia judicial por parte del gobierno de Suiza para determinar si el expresidente Ricardo Martinelli había recibido sobornos de la empresa brasileña.
La solicitud todavía no ha sido procesada, pero entre los 17 imputados identificados por la Fiscalía Especial Anticorrupción de Panamá a finales de enero figuran los hijos de Martinelli, Luis Enrique y Ricardo Alberto, así como su hermano Mario.
Y el diario brasileño Estadao informó recientemente que uno de los delatores de Odebrecht identificó a uno de los hijos de Martinelli como el receptor de US$6 millones de los US$59 millones pagados como sobornos en el país.
Ninguna de las acusaciones, sin embargo, ha sido probada.
Martinelli no es, por lo demás, el único exmandatario panameño mencionado en el escándalo.
La fiscalía de Panamá confirmó el pasado tres de febrero que también había solicitado información sobre las cuentas del expresidente Martín Torrijos para tratar de determinar posibles coimas de Odebrecht.
Torrijos también ha negado cualquier vinculación y prometió colaborar con las autoridades.
Y la lista de políticos panameños vinculados al escándalo no se agota con él, pues según medios locales la posible entrada de dinero de Odebrecth en la campaña del actual presidente panameño, Juan Carlos Varela, también está siendo investigada.
Asesores bajo sospecha
Las contribuciones de campaña de Odebrecht, de hecho, amenazan con provocarle dolores de cabeza a más de un exmandatario latinoamericano.
La empresa parece haberse involucrado en numerosos procesos electorales de la región, a menudo por vía de las asesorías de "Duda" Mendonça y su colega Joao Santana.
En El Salvador, por ejemplo, el rol de la constructora en la campaña del expresidente Mauricio Funes también es objeto de investigaciones por cuenta de los servicios prestados por Santana.
La fiscalía salvadoreña dice tener información que sugiere que Odebrecht financió ilegalmente al asesor brasileño con US$1,5 millones.
Pero el exmandatario salvadoreño, contra el que está abierto un proceso por enriquecimiento ilícito que le llevó a pedir y obtener asilo político en Nicaragua, también desestimó los cargos.
"Como no encuentran evidencias de enriquecimiento ilícito hoy inventan lo de donaciones brasileñas en campaña para seguir haciendo ruido", declaró Funes vía Twitter.
"Mi campaña no recibió donaciones de empresas brasileñas. Si Odebrecht pagó servicios profesionales a Santana ese es un asunto entre ellos", agregó el exmandatario.
A la espera
Nuevas "delaciones protegidas" de los ejecutivos de Oebrecht y las investigaciones que se conducen en cada país podría eventualmente involucrar directamente en el escándalo a otros mandatarios latinoamericanos.
Pero acusaciones en contra de otros funcionarios también pueden terminar involucrándolos en el mismo, como ha sucedido con el presidente argentino Mauricio Macri.
Hasta el momento, las investigaciones en Argentina habían apuntado principalmente a importantes figuras de la era Kirchner como el ex ministro de Planificación Julio De Vido y el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, que ya fueron arrestados por corrupción.
Pero el caso también ha salpicado al actual jefe de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, amigo personal de Macri.
A Arribas se le acusa de haber recibido US$600.000 de Odebrecht, lo que él niega.
Y el mandatario argentino no ha dudado en salir a defender públicamente a su amigo, declarándose convencido de su inocencia.