Las 62 familias (unas 300 personas) que acampaban en el Zócalo de la Ciudad de México desde el 17 de febrero en protesta por haber sido desplazados a la fuerza, alcanzaron un acuerdo con el gobierno y se volvieron a Guerrero en autobuses.
Son los desplazados por la violencia de grupos armados de dos municipios de Guerrero, en la costa del Pacífico. La mayoría son de Leonardo Bravo, pero también hay de Zitlala.
Pedían una audiencia con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), para que los ayudara a volver a sus pueblos, que fueron tomados por el crimen organizado.
Este jueves, tras llegar a un acuerdo con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, volvieron a Chichihualco, la cabecera del municipio, donde habían huido tras el ataque de grupos armados entre el 11 y 15 de noviembre del año pasado.
Además de vigilar su regreso, el gobierno se comprometió a "garantizar las condiciones humanitarias de alimentación y sanidad en el auditorio municipal de Chichihualco".
También, dice el acuerdo, se "brindará atención médica a la población afectada" y se realizarán las gestiones para que los niños vuelvan a estudiar, después de 4 meses desplazados.
Aunque todavía no pueden volver a sus pueblos, "la gente está satisfecha con los acuerdos: cubren la parte más inmediata del problema, mientras se espera para crear las condiciones para el regreso", dice a BBC Mundo Manuel Olivares, director del Centro de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón.
El acuerdo contempla que en el primer mes se realizará un censo de las personas afectados para "brindar apoyo para alojamiento y alimentación como medidas emergentes hasta por tres meses" y que se podría renovar en caso necesario.
Olivares explica que este es el último gran desplazamiento masivo en Guerrero, y en México.
Dice que la violencia de los grupos delincuenciales ha aumentado en el área debido al interés por controlar las zonas mineras y también por la bajada del precio de la goma de opio, cosecha común en la región.
"También por eso muchos han dejado de producirla. Y eso también ha contribuido al aumento de la violencia porque, cuando sufren por dinero, algunos jóvenes optan por unirse al crimen".
El Informe Global de Desplazamiento Interno 2018 del Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno, (IDMC) por sus siglas en inglés, estimó que en México, hasta diciembre de 2017, habían ocurrido 345.000 desplazamientos por conflictos y violencia.
Guerrero, después de Chiapas, era segundo estado con más desplazados (un 29,1% del total del país)
"Salimos huyendo por los tiros"
"Llegaron a nuestras comunidades criminales con armas más grandes que las del ejército y nos obligaron a salir de nuestras casas", dice Medina. Con él, concuerdan los entrevistados por BBC Mundo.
Estaban acostumbrados a oír balaceras que se prolongaban por horas y horas. "Pero esta vez tuvimos que salir huyendo porque entraron hasta las comunidades disparando a todo, las casas, las iglesias, y a algunos entraron y los sacaron a la fuerza", cuenta Jesús Esquivel, otro de los desplazados.
Aseguran que no tuvieron tiempo ni siquiera de sacar algo de ropa o sus documentos.
Así, unas 1.800 personas llegaron a Chichihualco, y se quedaron en un improvisado refugio.
Después de tres meses, las 63 familias fueron al Zócalo a pedir auxilio al gobierno federal. Otros, no se movieron de allí y otros más pidieron refugio a sus familiares o rentaron algo por su cuenta.
"No hay condiciones para que vuelvan"
El director de estrategias en derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Félix Santana, dice a BBC Mundo que el gobierno de AMLO es el primero en México que reconoce el problema del desplazamiento forzado interno.
Los municipios de los desplazados, en la parte de la montaña, están una zona de conflicto "que en estos momentos se encuentra controlada por los grupos del crimen organizado", dice.
El gobierno ha identificado más de una docena en esa región.
"Por lo tanto el gobierno mexicano no ve condiciones de seguridad para que regresen hasta sus comunidades", asegura.
"Estamos hablando de décadas de descomposición en ese territorio. Ahora, con la aprobación de la Guardia Nacional, el gobierno empieza a tener instrumentos para lograr recuperar estos espacios, pero todavía falta un trecho para la implementación de las leyes secundarias", dice.
Aunque, los desplazados y las organizaciones de derechos humanos que los acompañan, aseguran que las fuerzas de seguridad del Estado fueron testigos y que no hicieron nada ante el despojo, el funcionario dice que el gobierno tiene un video en el que se ve que la policía federal actuó al resguardo de la población.
Este conflicto es "sumamente complejo porque atraviesa por temas de seguridad", dice Santana, que ha estado a cargo de la negociación.
En este caso, el desplazamiento está relacionado por el intento de los grupos criminales de controlar áreas de gran riqueza minera, en las que se obtienen oro, uranio y titanio, asegura.
Condiciones muy difíciles
Cada desplazado tiene una historia de violencia: cómo tuvieron que huir de las balas sin saber dónde quedaban sus familiares, o cómo los hombres armados llegaron a sus casas. Algunos huyeron con bebés de apenas meses.
"Escondí a 16 niños en la iglesia para que no los mataran", cuenta un hombre que no quiere dar su nombre por miedo. Dice que los menores habían terminado sus clases de catecismo cuando los tiros empezaron. "Fue una reacción meter a todos los niños a una parte escondida de la iglesia, que tampoco respetaron los maleantes".
"No se donde están mis hijos"
La mayoría de desplazados quiere volver a sus comunidades. "No somos ricos, pero allá vivimos bien. Tenemos nuestras casitas, hay una carretera asfaltada, escuelas, un hospital", dice con nostalgia Roberto Mediana, que es vendedor ambulante de fruta.
Pero no todos quieren volver. Los del municipio de Zitlala creen que ya es demasiado peligroso regresar a sus casas.
"Los malos se han quedado con nuestras casas y todas nuestras cosas. Ya se quedaron con todo, cosecharon nuestra tierra, vendieron nuestras gallinas. Además, sabemos que si volvemos nos pueden secuestrar o matar. Por eso mejor queremos que nos reubiquen", dice Joaquina Cantor, una campesina que tiene 3 hijos
Los desplazados dicen estar muy preocupados por la gente que no salió de sus comunidades. "Algunos se quedaron pensando que no les harían daño o intentando cuidar sus propiedades. De esas personas se sabe poco y podrían estar como rehenes", dice Olivares, del centro de derechos humanos.
Algunos dicen que tuvieron algún contacto con la gente que se quedó y que les han dicho que los hombres armados controlan cada uno de sus movimientos y que hay pocos víveres.
"Mi familia quedó dividida. Tuve que correr para salvar a mi esposa y mi nieta, pero no sé dónde se quedaron dos de mis hijos", dice con gran preocupación uno de los desplazados que, por seguridad, prefiere no ser identificado.
"Es como si estuviera muerto: no sé si volveré a mi casa o si volveré a ver a mis hijos", dice.
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