Por un lado, Gibraltar y el Reino Unido han presentado quejas por las las filas de hasta siete horas en la frontera que generan los registros españoles.
Por otro, pescadores españoles han denunciado el lanzamiento de bloques de cemento desde Gibraltar a las aguas en las que faenan.
Y este domingo saltaron todas las alarmas después de que el canciller español advirtiese en una entrevista que España podría implantar una tarifa de 50 euros (más de US$66) para entrar y salir de ese pequeño territorio británico.
BBC Mundo le presenta las claves de la más reciente disputa sobre Gibraltar.
Cuál es el origen del problema
España cedió el peñon de Gibraltar, un pequeño territorio en el sur de la Península Ibérica, a Reino Unido en 1713. Desde entonces, reclama su soberanía.
Esta no es la primera vez que hay problemas en torno a la frontera de 1,2 kilómetros entre ambos territorios que estuvo cerrada durante buena parte de la década de 1970 y el principio de los 80. Mientras que los vuelos entre ambos territorios se reinstauraron en 2006 tras una prohibición de décadas.
La nueva crisis en Gibraltar se hizo patente desde finales de julio cuando el gobierno británico comenzó a manifestar "serias preocupaciones" a España por las largas colas en la frontera que provocaban los registros de vehículos.
Gibraltar asegura que en los últimos fines de semana España ha creado retrasos "deliberados" de hasta siete horas en las filas de vehículos que tratan de entrar o salir de su territorio.
La queja británica se produjo después de que el gobierno gibraltareño denunciase incursiones de barcos pesqueros españoles en sus aguas territoriales.
España defiende que en esos controles sólo "cumplen con su deber de vigilar sus fronteras" ya que Gibraltar no forma parte del espacio comunitario europeo.
Esa explicación no impidió que el pasado viernes Reino Unido llamase a consultas al embajador español en Londres para dar explicaciones sobre las largas filas.
Días antes, las autoridades gibraltareñas enviaron a la Comisión Europea un informe en el que se quejaban de la actuación de España.
Las últimas tensiones llegan después de que Gibraltar comenzara unos trabajos en un arrecife artificial que España considera que va contra los intereses de sus pescadores.
De hecho, Madrid denunció esta semana el vertido de 70 bloques de hormigón en aguas que rodean el Peñón y que, aseguran, han perjudicado a los pescadores que faenan en la zona.
Londres considera las aguas del Peñón como británicas, pero España las ve como propias y alega que el Tratado de Utrecht de 1713 solo admite la soberanía gibraltareña sobre las aguas del puerto.
Qué dice España
Londres considera las aguas del Peñón como británicas, pero España las ve como propias.
El canciller español, José Manuel García Margallo, aseguró en una entrevista publicada el domingo por el diario ABC que su gobierno estudia tomar medidas retaliadoras como cobrar a quien entre al territorio británico.
"Se ha acabado el recreo", le dijo García Margallo a ABC al hacer referencia a la época del excanciller español Miguel Ángel Moratinos, del opositor Partido Socialista, que, a su juicio, "cedió" en la relación con Gibraltar.
García Margallo afirmó que los controles que hace España en la verja de Gibraltar "son legales" y adelantó que "va a haber más".
Además, explicó que el gobierno español se plantea "crear una tasa de 50 euros para entrar y 50 euros más para salir" de ese territorio y que la recaudación se podría destinar a ayudar a los pescadores españoles.
"Esa recaudación nos vendría muy bien para ayudar a los pescadores damnificados por la destrucción de los caladeros", apuntó.
No obstante, el canciller insistió en que los controles fronterizos no tienen que ver con la disputa pesquera.
Asimismo, dijo que España podría tomar otras medidas que, aseguró, le corresponden como estado miembro de la Unión Europea, como hacer investigaciones para controlar posibles "irregularidades financieras" de ciudadanos gibraltareños que tienen propiedades en España e incluso cerrar el espacio aéreo de España a los aviones que se dirigen a ese territorio.
Por su parte, los pescadores de la Bahía de Algeciras, en la provincia de Cádiz, -fronteriza con Gibraltar- le pidieron al gobierno gibraltareño que "retire los bloques de hormigón" que, aseguran, lanzaron recientemente a la zona del caladero en el que faenan.
Según le dijo el patrón mayor de la cofradía de pescadores de La Línea, Leoncio Fernández, a la agencia Europa Press esos bloques han "perjudicado notablemente las tareas de pesca" de los barcos que acuden a faenar a esa zona.
Qué dice Reino Unido
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Reino Unido aseguró que pedirá una explicación a España, luego de los informes de que el gobierno español está considerando represalias contra Gibraltar.
Un portavoz de la cancillería aseguró que Reino Unido no va a comprometer su soberanía sobre Gibraltar, pero que cualquier diferencia con España se resolverá por la vía diplomática.
"Nuestras diferencias con España sobre Gibraltar se resolverán por medios políticos a través de nuestra relación con España como socios en la UE, no a través de medidas desproporcionadas como los retrasos en la frontera que hemos visto durante la semana pasada", indicó la Cancillería británica en un comunicado.
"Tenemos muchos intereses en común con España y queremos seguir teniendo una relación fuerte en todos los niveles con el gobierno de España", agrega el texto en el que las autoridades británicas explican que pedirán una explicación sobre las informaciones que hablan de las posibles represalias.
Cuál es la versión de Gibraltar
El ministro jefe (el equivalente a primer ministro) de Gibraltar, Fabian Picardo, emitió un comunicado en el que califica las declaraciones del canciller español al diario ABC de un "despotrique beligerante".
Las declaraciones, dijo Picardo en un comunicado emitido este domingo, "son las más retrógradas y amenazantes desde antes de que la frontera se cerrase y recuerdan claramente a las políticas y las tácticas empleadas por el régimen fascista de Francisco Franco en los 50 y los 60″.
El ministro jefe gibraltareño se refería así a la decisión de la España de Franco de cerrar la frontera de 1,2 kilómetros que separa a ese país de Gibraltar en 1969. Entonces, Madrid cortó las comunicaciones y el transporte.
La frontera se mantuvo cerrada durante toda la década de los 70 y el principio de los 80 por la disputa sobre el estatus del territorio. En 1982 abrió para los peatones bajo algunas condiciones, hasta que tres años después (en 1985) se produjo la apertura definitiva.
El posible impuesto a la entrada y salida del territorio gibraltareño al que se refirió el canciller español afectaría tanto a los gibraltareños como a quienes cruzan la verja para trabajar y a los turistas, por lo que la posibilidad de tener que pagar no ha sido bien recibida por los vecinos.
Amber Lyons, una joven gibraltareña de 21 años, asegura que miles de personas que trabajan a ambos lados de la frontera serían perjudicadas.
"Mi novio vive justo al otro lado de la frontera, así que si tendría que pagar 100 euros cada vez que lo vaya a ver", explica Lyons cuyos abuelos también viven del lado español. "No me lo podía creer cuando lo oí. Con seguridad va contra los derechos humanos", afirma.