Era un fallo previsible pero no por eso fue menos polémico. La Corte Europea de Derechos Humanos (CEDH) ordenó este lunes a España liberar inmeditamente a la militante del grupo armado separatista ETA Inés del Río.
El tribunal europeo ratificó un fallo previo a una demanda de Del Río -que cumplía una pena de 30 años de cárcel- en la que exigía su liberación alegando que debía poder optar a una reducción de la pena por buen comportamiento.
Sin embargo, el fallo generó inquietud en España ante la posibilidad de que abra la puerta a la excarcelación de decenas miembros del grupo separatista vasco y otros presos comunes que cumplen condenas en cárceles del país.
Así que las voces de alerta, principalmente entre las asociaciones de víctimas de ETA, no tardaron en reaccionar con fuerza.
BBC Mundo analiza la sentencia y las posibles implicaciones.
Qué dice la sentencia del TEDH
La Gran Sala de la CEDH, con sede en Estrasburgo, Francia, condenó a España (con 15 votos a favor y dos en contra) por la detención continuada de Del Río y solicitó su liberación al concluir que se violaba la Convención Europea de Derechos Humanos que incluye el derecho a no ser castigado sin ley.
Además, el tribunal consideró por unanimidad que desde el 3 de julio de 2008 "la privación de libertad de la demandante no es regular" y vulnera los artículos referidos al derecho a la libertad y la seguridad.
Finalmente, el tribunal europeo insta a las autoridades españolas garantizar que "sea puesta en libertad a la mayor brevedad posible".
También ordenó al Gobierno español a pagar 30.000 euros (unos US$41.000) de indemnización a Del Río.
El caso de Inés del Río
La Doctrina Parot alargó las condenas de algunos presos etarras.
Inés Del Río fue condenada a más de 3.000 años de cárcel en 1987 por la muerte 23 personas, la mayoría de ellas en un ataque contra una patrulla de la Guardia Civil en Madrid en 1986 que dejó 14 muertos y 40 heridos.
Del Rio, que en la actualidad tiene 55 años, fue arrestada en Zaragoza (en el noreste del país) cuando conducía un vehículo cargado de explosivos con el que ETA pretendía atentar en la Costa del Sol.
Conforme a las leyes españolas en el momento en el que Del Río fue declarada culpable, su condena fue reducida a la mayor pena posible en aquel momento, 30 años.
La mujer debía haber salido de prisión en 2008 gracias a la reducción de su condena por buen comportamiento y por trabajos realizados en la cárcel.
Sin embargo, la pena fue extendida después de que España cambiase las reglas de custodia en 2006 y pospusiera la salida de prisión de la etarra hasta 2017.
En agosto de 2009, Inés del Río demandó a España ante la CEDH y se convirtió en la primera presa de ETA en acudir a un alto tribunal europeo para recurrir la aplicación de la conocida como Doctrina Parot, que permitía extender las penas de los condenados por pertenecer a ETA.
Qué es la Doctrina Parot
El Tribunal Supremo español aprobó en 2006 un dictamen que preveía que los beneficios penitenciarios se aplicaban individualmente a cada una de las penas y no sobre el máximo legal de 30 años de cárcel que prevé la justicia española.
Así, una vez que un preso cumple la pena más grave, debe ir cumpliendo una por una las siguientes, con lo que se alarga el tiempo de sus condenas.
La doctrina tomó el nombre del etarra Henri Parot, que continúa en prisión tras recibir una condena de 4.797 años de cárcel por 26 muertes.
Al rechazar el recurso de apelación presentado por el gobierno español ante la demanda de Del Río, la CEDH mantiene su primera decisión de 2012 y se opone a la práctica legal de la "Doctrina Parot", con lo que esta sentencia podría poner fin a su aplicación efectiva en la justicia española.
Pese a que Inés del Río fue la primera, otra treintena de presos de ETA presentó posteriormente demandas en Estrasburgo contra la aplicación de la Doctrina Parot.
A quién podría afectar
ETA anunció el cese de su actividad armada en 2011.
El fallo de la Corte Europea de Derechos Humanos sólo se refiere al caso de Inés del Río, pero crea precedente para decenas de presos que podrían ser liberados.
El Ministerio del Interior cifró en 76 los reclusos afectados por la doctrina Parot: desde miembros de ETA hasta presos comunes condenados por violación y asesinato, muchos de ellos en casos mediáticos y ampliamente conocidos por los españoles.
Entre los casos que citaba este lunes la prensa española como los posibles afectados por el eventual fin de la Doctrina Parot está el Miguel Ricart, que cumple una condena de 170 años de cárcel por asesinato y violación de tres niñas en Alcàsser (Valencia) a principios de los 90 en un casó que conmocionó a la sociedad española.
Sin embargo, donde más ponían su atención este lunes los españoles era en los presos etarras cuando se cumplen dos años desde que la banda anunciase en un comunicado el "cese definitivo de su actividad armada".
Ahora debe ser la justicia española quien decida cómo se va a aplicar ese fallo y qué pasará con el resto de los condenados afectados por la Doctrina Parot.
Por el momento, la Audiencia Nacional, el tribunal encargado de juzgar los delitos relacionados con el terrorismo, estudiará este martes en un pleno extraordinario si debe excarcelar a Del Río tras la sentencia.
Además anunció que revisará una por una las condenas de presos de etarras que consideren que se ven afectados por este fallo, informó la agencia Efe.
Qué dicen en España
El gobierno dijo que acatará la sentencia pero que no cambiará su política penitenciaria antiterrorista.
Las asociaciones de víctimas de ETA pidieron al gobierno de Mariano Rajoy que no cumpla con la sentencia europea.
"Que no se produzca esa foto de salida masiva de presos", dijo María del Mar Blanco, de la Fundación Víctimas del Terrorismo tras reunirse con los ministros del Interior y de Justicia.
Por su parte, el gobierno dijo que acatará la sentencia pero que no cambiará su política penitenciaria antiterrorista.
"Se ha producido un fallo sobre un caso concreto pero no hay una doctrina generalizada, hay que individualizar", afirmó el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, en un comunicado.
Sin embargo Josu Erkoreka, portavoz del gobierno vasco y consejero vasco de Justicia opina que el fallo ratifica que la doctrina Parot vulnera la Convención de Derechos Humanos en la aplicación retroactiva de esa interpretación del Código Penal y dijo que la sentencia de la CEDH es una "oportunidad para iniciar una nueva etapa en la política penitenciaria".
En las redes sociales también se produjo una fuerte repercusión tras conocerse la sentencia del tribunal europeo: mientras que algunos mostraron su indignación por el fallo y pedían mantener la Doctrina Parot en Twitter con el hashtag #DoctrinaParotSi, otros lo apoyan con el hastag #doktrinaSTOP