Dos personas fallecieron este miércoles tras haber resultado heridas en manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro en dos ciudades de Venezuela.
El Ministerio Público (fiscalía) informó de la muerte en Caracas de Miguel Castillo, de 27 años, y de Anderson Dugarte, de 32 años, en el estado Mérida, en el oeste del país.
Estas muertes aumentan a 39 el número de fallecidos en el marco de las protestas, que se iniciaron a principios de abril.
Castillo sufrió una "herida intercostal", informó el alcalde Gerardo Blyde, quien gobierna en la urbanización Las Mercedes, donde se enfrentaron centenares de manifestantes con las fuerzas antimotines.
Dugarte, quien se desempeñaba como mototaxista, había sido herido en la cabeza "por un arma de fuego" durante una protesta el lunes en Mérida, la capital del estado andino.
La policía lanzó gases lacrimógenos y chorros de agua este miércoles contra los manifestantes, que intentaban marchar al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el centro de Caracas.
Algunos manifestantes respondieron con bombas molotov improvisadas, piedras y envases llenos de excremento, llamados coloquialmente como "puputov".
"Estamos usando estas bombas porque nos reprimen con cócteles Molotov, con pistolas de perdigones y esta es nuestra única forma de devolverles algo", le dijo un manifestante a la agencia de noticias AFP.
Mientras tanto, en el centro de la ciudad se celebró una concentración oficialista en las cercanías de Miraflores, el palacio presidencial.
Crisis
La ola de protestas se desató a principios de abril, luego de que el TSJ se atribuyera temporalmente las competencias de la Asamblea Nacional, órgano legislativo controlado por la oposición.
Las manifestaciones han persistido desde entonces y, de acuerdo a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), la actividad de calle no parará hasta tanto no se celebren elecciones generales.
Hace unos días Nicolás Maduro convocó una Asamblea Nacional Constituyente para redactar una nueva Constitución como una forma de "devolver paz" y resolver la crisis política en el país.
Sin embargo, la MUD ha rechazado la iniciativa y lo describe como una continuación de un "auto golpe de Estado".
El gobierno de Maduro considera los enfrentamientos entre los manifestantes y las fuerzas de seguridad como "actos terroristas".
Como consecuencia, ordenó que se juzgue en tribunales militares a manifestantes civiles detenidos.
Una decisión que ha sido cuestionada por la Fiscalía, que solicitó este miércoles que 14 personas sean "juzgadas en cortes civiles y no militares".
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Según la organización no gubernamental Foro Penal, 73 personas sigue bajo custodia militar luego de ser acusadas de "rebelión".