A partir del recrudecimiento del conflicto mapuche, este miércoles se realiza una cumbre para buscar maneras de detener la creciente violencia en la zona.
La cumbre en el cerro Ñielol, corazón de Temuco y capital de la Araucanía, 700 kilómetros al sur de Santiago de Chile, fue convocada por el Consejo de Todas las Tierras, instancia mapuche intercomunitaria que invitó al propio presidente Sebastián Piñera a sumarse al diálogo.
El gobierno sólo envió funcionarios regionales, pero sus ministros de Interior y Desarrollo Social han estado en terreno con una agenda propia de diálogos.
Por una parte, los mapuches reclaman la reivindicación de millones de hectáreas que tenían cuando Chile era colonia española. Por el otro, los agricultores dicen que esas tierras las compraron legalmente. Muchos de ellos las tienen hace más de un siglo.
BBC Mundo le cuenta las claves para entender por qué la violencia parece no cesar en el sur de Chile. Haga clic en las pestañas.
Quemas: ¿reivindicación o "terrorismo"?
Casa de los Luchsinger.
Alrededor de una decena de encapuchados ingresan al domicilio y reducen a los propietarios, sin escatimar en golpes si estos oponen resistencia.
Los sacan de la casa junto a sus familias y, frente a ellos, le prenden fuego.
"La situación es más grave de lo que los gobiernos muestran. No hay ninguna garantía. Vamos a terminar tipo Colombia, nos faltan los puros secuestros", sentencia un agricultor al que le quemaron la casa, quien prefiere mantener su nombre en reserva por miedo a represalias.
Casas, cosechas, escuelas, camiones, galpones y hasta centros de eventos han sido reducidos a cenizas.
Sólo en 2012 la Fiscalía Regional de la Araucanía registró 300 causas relacionadas con el conflicto, casi un 78% más que en 2011.
Recrudecimiento del conflicto
Sebastián Piñera con los Luchsinger-McKay.
A partir del quinto aniversario, el 3 de enero, de la muerte de Matías Catrileo, el estudiante mapuche muerto a balazos por un funcionario policial durante una toma en 2008, el conflicto se ha recrudecido.
En la madrugada del viernes 4 de enero, Jorge Luchsinger McKay recibió una llamada inesperada. Eran cerca de la 01:15 am y del otro lado del teléfono estaba su madre. Bastante agitada, le pedía que fuera a verlos lo antes posible: estaban siendo atacados y su padre se encontraba herido.
La llamada duró menos de 20 segundos y él, siete minutos en llegar a la casa. Sin embargo, fue muy tarde. El lugar ardía en llamas, con Werner Luchsinger (75) y Vivian McKay (69) adentro. No pudieron escapar. Dos días después, Jorge contaría la historia de la última vez que conversó con su madre en el funeral de ésta.
Estigmatización y abuso: el lado mapuche
Marcha por el quinto aniversario de muerte de Matías Catrileo.
Según las comunidades mapuches de la zona, el despliegue policial –y mediático- sólo aporta a la estigmatización de la etnia. Especialmente al invocar la denominada Ley Antiterrorista, que ejecuta mayores penas y mayor tolerancia para las pruebas, como el uso de testigos protegidos.
"Los mapuche y los órganos del Estado tenemos responsabilidad por la cosas que han ocurrido. Queremos paz firme y duradera, aseguró Aucan Huilcaman, werken (vocero) del Consejo de Todas las Tierras, quien convocó la cumbre.
"Los mapuche somos los primeros en repudiar la violencia, ya que hemos vivido este trato inhumano por casi 130 años", aseguró la lonko Juana Calfunao en una carta abierta al presidente Piñera, refiriéndose al caso Luchsinger-McKay.
Y en eso coinciden todos los sectores: la mayoría de esta etnia no forma parte de grupos extremistas ni ejecuta la violencia activa.
Sin embargo, a partir del nulo avance en el diálogo por la reivindicación territorial y la poca voluntad de los sucesivos gobiernos por encontrar soluciones a largo plazo, los mapuches están perdiendo la paciencia.
"Si bien la violencia la ejerce un grupo acotado extremista, hay una parte importante de la comunidad que, aunque no participa de la violencia directamente, de algún modo la justifica en procesos históricos de discriminación", le explica a BBC Mundo Sebastián Donoso, abogado experto en legislación indígena y ex coordinador de asuntos indígenas del gobierno chileno.
Allanamientos sin registro
Policía desplegada en zonas rurales de la Araucanía.
"La policía se ha venido comportando de una forma muy brutal. Aquí el gobierno ha hecho de todo, se descontroló", asegura Jorge Huenchullan, werken de la comunidad mapuche Temucuicui.
La noche del domingo 6 de enero, las cerca de 120 familias que componen Temucuicui estaban en casa cuando aproximadamente a las 10:00 pm camiones blindados irrumpieron de golpe en la comunidad, según le cuenta Huenchullan a BBC Mundo.
El comunero asegura que, sin mediar orden de detención, la policía allanó el lugar ejerciendo violencia excesiva contra los presentes.
Uno de sus comuneros fue golpeado hasta la inconsciencia y dejado en un camino público dentro de la comunidad. "Te voy a matar, indio de m…", le habría dicho un carabinero, según relata Huenchullan.
A pesar de que los detenidos no pertenecen a dicha comunidad y que esta ha repudiado abiertamente la muerte de los Luchsinger-McKay, aseguran ser víctimas de una "militarización", donde están pagando justos por pecadores. "Si eso no es represalia, yo no sé qué es", señala Huenchullan.
Sin embargo, el general Carrasco, especialmente nombrado por Piñera para hacerse cargo del conflicto, desmintió categóricamente el hecho y aseguró que no hubo ni allanamientos en la zona.
El caso está siendo investigado por el fiscal militar de la zona.
Es la queja constante de algunas comunidades. Aseguran ser golpeados, maltratados, incluso baleados por la policía, en casos que parecieran no existir para la autoridad.
"Ley antiterrorista"
Contingente policial desplegado en Temuco.
Las quemas afectan no sólo a grandes agricultores. El año pasado se registraron varios robos a pequeños parceleros, entre ellos varios mapuches. En septiembre, durante uno de esos asaltos resultó asesinado Héctor Gallardo Aillapán, también de ascendencia indígena.
Pero la muerte de los Luchsinger-McKay marcó "un antes y un después", según describió Cristián Larroulet, ministro general de la Presidencia, a Canal 13.
A partir del atentado, el gobierno chileno desplegó una mediática reacción.
El presidente Sebastián Piñera en persona visitó la región, mientras la policía enviaba fuerzas especiales y el ministerio público invocaba la controvertida "Ley antiterrorista" contra el único formalizado hasta el minuto: Celestino Córdova.
Córdova, machi (autoridad religiosa) y líder comunal mapuche, fue detenido poco después del incendio cerca del predio, herido con una bala del mismo calibre que la del arma inscrita a nombre de Luchsinger, con la que éste aparentemente se habría defendido.
"Estamos en presencia de un grupo terrorista organizado (…) con capacitación, con entrenamiento y con contactos con las FARC", aseguró Larroulet en la televisión local.
BBC Mundo intentó insistentemente contactar al ministro Larroulet, a su par de Interior, Andrés Chadwick, al Fiscal Nacional, Sabas Chahuán, y al general de Carabineros Carlos Carrasco, enviado especial a la zona. Sin embargo, sus asesores los excusaron por motivos de agenda.
¿Potencial solución?
Bandera mapuche en Congreso chileno.
Ya en los 1960 Violeta Parra, la conocida folclorista, retrató el problema que aun le pesa al Estado de Chile: "Nadie le ha puesto remedio, pudiéndolo remediar".
Todas las partes coinciden en que la gravedad del conflicto y su aparente eterna continuidad radica en al falta de voluntad política para sentarse a buscar una solución definitiva, por más impopular que esta parezca.
"El gobierno no tiene ninguna voluntad política. Ni este ni los anteriores. No les interesa el tema mapuche", le asegura a BBC Mundo Jorge Huenchullan.
El vocero aclara que ni los antiguos gobiernos de la Concertación ni el actual de Piñera han mostrado interés en solucionar el tema de fondo.
"Existe una cierta inercia de no hacerse cargo del tema al mediano y largo plazo, porque eso requiere de acuerdos políticos", le explica Sebastián Donoso a BBC Mundo.
Según el experto en legislación indígena, existen dos temas claves para que las mesas de diálogo pasen de ser discusiones históricas a entidades resolutivas.
El primero es perfeccionar el marco legal institucional indígena que hasta hoy es "insuficiente". Para que el tema alcance la relevancia que merece, hay que tener interlocutores válidos, exclusivos y distinguibles por ambos lados, lo que hoy no pasa.
Por el lado del gobierno, el tema es uno de los miles que maneja el Ministerio de Desarrollo Social, mientras que por parte de los mapuches, existe gran atomización y cada comunidad quiere tener voz y voto, sin lograr unificar criterios en una sola vocería. Por lo tanto, ninguna de las partes cuenta con dicho interlocutor.
El segundo tiene que ver con repensar el problema de la reivindicación territorial y la asignación de tierras, ya que el actual mecanismo de compra a través de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) no sólo es deficiente, sino que además genera vicios, como sobreprecios de terrenos e incentivos para que grupos más radicales utilicen medidas de violencia para obligar a los actuales dueños a vender.
Según el abogado, una política de Estado que cambie el foco del "conflicto" a la "cuestión" mapuche, es decir, que se haga cargo del desafío de encontrar una fórmula de convivencia con los pueblos indígenas es la única potencial solución.
"Mantener el orden es una condición necesaria, pero insuficiente", sentencia categórico.