Desde que el jueves de la semana pasada se hallaran varios restos óseos en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV), clausurada hace cinco meses, el Ministerio Público investiga a quién pertenecían, cómo acabaron allí y si hay más.
En un principio se dijo que los restos eran de tres personas, y el viernes la ministra de Asuntos Penitenciario, Iris Varela, aclaró que correspondían a siete.
Pero el domingo el Ministerio Público informó que "hasta el momento se han recuperado 14 cadáveres, de los cuales nueve tienen sus cráneos".
Fueron encontrados durante una excavación en una "caballeriza dentro de la penitenciaría", ubicada al sur de Caracas, a unas tres horas en auto, en San Juan de los Morros, estado de Guárico.
Y ahora las autoridades siguen escarbando.
De acuerdo al Ministerio Público, en ello participan, además de los fiscales, expertos de la Unidad Técnico Científica y la Unidad Criminalística contra la Vulneración de Derechos Fundamentales, y antropólogos y especialistas en anatomía patológica del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.
"Se llevan a cabo experticias odontológicas, de antropología y genética" para determinar la identidad de los fallecidos y la causa de su muerte, añadió el Ministerio.
La Penitenciaría General de Venezuela era una prisión de máxima seguridad.
El gobierno la terminó de desalojar el 28 de octubre, después de semanas de enfrentamientos entre internos por el control de la prisión y otros episodios violentos.
Tras ello, la PGV estaba ahora en proceso de remodelación, como parte de un plan del gobierno para adecuar las prisiones venezolanas a los estándares internacionales.
Desde julio de 2011 se han incorporado al programa 96 centros penitenciarios, de los cuales seis han sido clausurados.
Ahora, el Ministerio Público ha explicado que está recibiendo "denuncias por parte de familiares sobre desapariciones durante el proceso de desalojo" de la PGV, la cárcel en la que se hallaron los restos óseos.
Pero Una Ventana a la Libertad, una organización que defiende los derechos de los presos, asegura que existe en dicha prisión "una fosa común mucho mayor".
Carlos Nieto, el coordinador de la organización, le dijo a la agencia de noticias EFE que podría llegar a haber allí un centenar de cadáveres.
Ya antes Una Ventana a la Libertad había denunciado el hacinamiento de las prisiones venezolanas, aunque sus cifras son rechazadas por el gobierno.