Amarildo de Souza era un desconocido para casi todo Brasil cuando la policía se lo llevó el 14 de julio para interrogarlo, uno entre miles de habitantes de Rocinha, la mayor favela de Río de Janeiro.

Con 47 años de edad, esposa y seis hijos, Souza trabajaba como albañil, carecía de antecedentes criminales y ni siquiera están claros los motivos por los que lo abordaron miembros de la Unidad de Policía Pacificadora (UPP) de Rocinha.

Pero su misteriosa desaparición esa noche se ha vuelto de pronto uno de los mayores retos a la imagen exitosa que había cultivado la política de "pacificación" de favelas de Río para el Mundial de fútbol 2014 y los Juegos Olímpicos 2016.

Los investigadores aún deben determinar quién es responsable por esa desaparición, que tuvo gran impacto local y desató protestas ciudadanas para exigir verdad y justicia en una ciudad donde desaparecen una media de casi seis personas al día.

Sin embargo, el caso ya ha proyectado un manto de sospechas sobre la UPP de Rocinha que, como en otras favelas, en teoría se instaló para tener proximidad con los vecinos, protegerlos de los abusos de los narcos y cambiar la lógica de guerra que seguía la policía en esos lugares.

Esta desaparición refleja una imagen de "la policía supuestamente nueva llevando a cabo las mismas atrocidades supuestamente que la policía tradicional", dijo Ignacio Cano, del laboratorio de análisis de la violencia en la Universidad Estatal de Río de Janeiro, a BBC Mundo.

Versiones y hechos

La detención de de Souza se produjo durante un gran operativo policial que se llevó a cabo en Rocinha para capturar narcos que seguían operando allí, más de un año y medio después de la ocupación policial de la favela.

Las últimas imágenes que se conocen del albañil fueron filmadas por una de las decenas de cámaras de vigilancia instaladas en la comunidad y lo muestran subiendo a un patrullero frente a un puesto de la UPP, rodeado de policías.

Protesta por Amarildo

Brasil ha experimentado numerosas manifestaciones desde mediados de 2013.

La versión policial es que de ahí fue llevado a la sede de la UPP en lo alto del morro y liberado más tarde, pero de eso no hay imágenes: las dos cámaras de vigilancia instaladas en ese punto estaban fuera de servicio esa noche.

Ese es uno de los hechos que causó suspicacias sobre la transparencia de la policía local, al igual que la revelación de que el conductor del patrullero que trasladó a Souza omitió informar algunos datos a los investigadores.

La red Globo reveló, en base al GPS del vehículo, que tras llevar a Souza a la sede de la UPP el auto circuló 47 minutos entre la Zona Sur de la ciudad, donde está Rocinha, y el área portuaria, parando en tres locales de la Policía Militar.

Según la emisora, el policía y su compañero esa noche dijeron que realizaron ese trayecto porque se perdieron en el camino y evitaron hablar de ello antes porque los investigadores nunca se lo preguntaron.

El gobernador de Río, Sergio Cabral, blanco de protestas recientes contra la corrupción y abusos policiales, prometió en julio "movilizar a todo el gobierno para descubrir dónde está Amarildo e identificar a los responsables por su desaparición".

Pero el abogado de la familia de Souza, João Tancredo, sostiene que la actitud de los policías corrobora la impresión que tenían sus clientes: que el albañil murió torturado en la sede de la UPP y su cuerpo fue llevado a algún lugar de Río.

La otra cara de las UPP

Los investigadores de la División de Homicidios a cargo del caso han evitado hablar de sospechosos hasta ahora, y se limitan a señalar que hay posibilidades de que policías o narcos estén detrás de la desaparición de Souza.

No obstante, la ministra de la secretaría nacional de Derechos Humanos, Maria do Rosário, declaró a principios de mes que la investigación debía seguir la hipótesis concreta de que es un caso de "abuso de autoridad (y) violencia policial".

Por ahora, las autoridades de Río han trasladado a tareas administrativas a cuatro soldados de la Policía Militar indagados por este caso, uno de los cuales ya tenía denuncias de agresiones y amenazas a otros habitantes de Rocinha.

Inaugurada en septiembre pasado, la UPP de Rocinha es una de las 35 UPPs instaladas en diferentes favelas de Río desde 2008 para acabar el control territorial que ejercían bandas criminales armadas en esas comunidades.

Esa estrategia ha ganado elogios por haber contribuido a reducir las tasas de homicidio y violencia en la ciudad.

Pero Maurício Santoro, cientista político brasileño y asesor de Amnistía Internacional, recordó que las UPP también generaron problemas en la relación de policías con habitantes de favelas y dificultades para indagar abusos de autoridad.

"La narrativa dominante es que las UPP eran un éxito, y se estaban dejando de lado una serie problemas", indicó Santoro a BBC Mundo. "(Ahora) está cambiando la manera cómo la ciudad piensa las UPP y la política de seguridad".

El caso de Souza ha subrayado también el grave problema de desaparición de personas en Río: unos 34.700 casos registrados en todo el estado entre 2007 y este año, 41% de ellos en la ciudad, según datos del Instituto de Seguridad Pública.

Los expertos creen que muchos de esos desaparecidos están muertos y por lo tanto, como sostuvo Santoro, "el número real de homicidios es mayor de lo que normalmente consideramos".